En
Ibagué, tras una marcha de 120.000 personas, en una ciudad de poco más
de 460.000, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo promueve una consulta
para frenar el proyecto 'La Colosa' de la minera AngloGold Ashanti.
La
Constitución colombiana establece que las actividades del subsuelo del
país son jurisdicciones de la nación. El Estado otorga concesiones
mineras. Pero por otro lado existe una ley, de rango inferior a la
Constitución, que establece que es competencia de los municipios decidir
sobre los usos de los suelos. Mientras los municipios deciden qué hacer
con la superficie, la nación decide qué sucede debajo.En medio de este dilema jurídico, quedaron atrapadas las comunidades donde se desarrollan actividades mineras. En 2012 el pequeño poblado de Piedras alzó su voz y por medio de un plebiscito dijo no a la minería. Hoy Ibagué, la ciudad capital del departamento del Tolima donde se encuentra Piedras, está atravesando el mismo escenario.
"Así como están las cosas, el Estado otorga licencias sin consultar a las personas que viven en los lugares donde se planea llevar a cabo estos proyectos. Lo que pasó en Piedras es que se activaron mecanismos de participación ciudadana por los cuales la comunidad alzó su voz. La consulta popular se aprobó por un 98% de la población. Se dijo 'no' al proyecto minero. Esto fue una gran sorpresa para el Estado, ya que un pueblo tan pequeño tomó una gran decisión", dijo en diálogo con Sputnik Gabriela Eslava, asesora de la senadora por el Partido Verde, Claudia López.
El
proyecto que ayer preocupaba a Piedras es el mismo que hoy preocupa a
Ibagué. Se llama 'La Colosa', y pertenece a la empresa minera AngloGold
Ashanti con sede en Sudáfrica. Para extraer el oro se debe excavar en la
cordillera central colombiana.
"Es aquí
donde quieren hacer la mina de oro a cielo abierto más grande del país.
En una zona que es conocida como la despensa agrícola del país. Eso
impactaría a Ibagué porque si bien no es en su jurisdicción, es en otro
municipio, el plan es que en la mina esté en la cordillera, el mineral
se limpie en Ibagué y los residuos terminen en Piedras. Entonces los que
primero hicieron la consulta fueron los de Piedras. Pero los de Ibagué
también estaban preocupados porque serán parte de este proceso y
empezaron a plantear lo de la consulta popular", afirmó Eslava.
El
desafío de estas comunidades es que su voz sea escuchada por las
autoridades nacionales. "Luego del precedente que se sentó en Tolima
hace cuatro años, ha habido una especie de boom de consultas populares
porque las comunidades se están dando cuenta que si bien no es
jurídicamente vinculante, la consulta es una herramienta de presión
política. El Gobierno nacional se ve presionado a frenar o a sentarse y
dialogar. Lo que sucedió en las Piedras fue muy fuerte y el proyecto aún
no se ha hecho", explicó la asesora, quien tiene confianza en que la
consulta de Ibagué, que se encuentra en período de revisión por el
tribunal de la ciudad, sea positiva y a favor de la comunidad, además de
sentar un precedente importante por tratarse de la primera consulta
popular en una capital de departamento. "Esto obligaría al Gobierno a
sentarse a pensar con seriedad qué va a hacer para garantizar la
participación de las comunidades y no seguir enfrentándose a consultas
populares y a la decisión de 'minería sí', 'minería no', caso por caso.
Tendría que reglamentar de una vez este tema", concluyó.La convicción de las palabras de la senadora Claudia López da lugar a la misma interpretación. "Si viviera en Ibagué y esa consulta llegara a las urnas, yo votaría que sí, porque desde el punto de vista político así funcionan las democracias. Son los proyectos políticos de las mayorías los que empiezan a marcar el camino que va abriendo paso a la legalidad", aseguró.
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