El acceso a la justicia es un derecho de todas las personas, no el privilegio de unas cuantas. Por eso, cuando los habitantes de un país entero deciden encauzar una reforma a su sistema de justicia, es que han tomado plena conciencia de sus derechos ciudadanos y de la imperiosa necesidad de constituir un estado de Derecho que funcione para todos. Eso es justamente lo que está sucediendo en el Ecuador y puede constituirse en un hito en la historia, no solo de esa nación, sino de Latinoamérica.
El 7 de mayo pasado, el Ejecutivo de ese país sudamericano convocó a toda la ciudadanía a un referéndum y a la consulta popular, cuyos resultados dieron paso a la creación de un Consejo de la Judicatura de Transición, para que con todas las facultades que le otorga la ley, promoviera la reestructuración de los servicios de justicia en 18 meses. Esto ha dado paso a que se den acciones en cuatro ejes estratégicos de la función judicial: Talento Humano, Modelo de Gestión, Infraestructura Civil e Infraestructura Tecnológica.
Pero el Consejo de la Judicatura de Transición no va solo en este esfuerzo; a él se suma el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos, que tiene entre sus objetivos apoyar al sector justicia en la construcción de espacios de coordinación, políticas y programas que promuevan el mejoramiento de su gestión con la finalidad de evitar la impunidad, lograr el acceso universal a la justicia, garantizar el debido proceso y monitorear la calidad de sus servicios. Hasta aquí podría parecer que esta reforma es una iniciativa para favorecer al gobierno de turno. Por ello, y en favor de una mayor transparencia y autonomía en el proceso, se suma a este el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que establece mecanismos de control social, rendición de cuentas y lucha anticorrupción en asuntos de interés público. A este consejo ciudadano corresponde la regulación y el apoyo técnico y metodológico para garantizar la autonomía de las distintas iniciativas de veedurías y control social. Se constituye desde allí un grupo de veedores y veedoras nacionales.
Pero por si aún esto no fuera suficiente para garantizar una reforma judicial que trascienda un gobierno y se convierta en una reforma de nación, se ha constituido una Veeduría Internacional, integrada por siete personas de distintos países de Iberoamérica, que se acercará a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana y que será deliberativa, transparente e independiente de cualquier injerencia externa que quisiera inclinar la balanza hacia algún lado. Veeduría que solo estará allí para acompañar a las y los ecuatorianos durante este proceso, para ver —como su nombre bien lo dice— con una mirada sensible a la necesidad de justicia, y para dejar algunas recomendaciones finales que pudieran apoyar el proceso. La ciudadanía de Ecuador pidió la reforma judicial y a ella se devolverá, así que el peso histórico está en aquel país que, ojalá, marque la pauta de una nueva historia para este continente tan sediento de justicia.
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