ALEPH; Un acto de justicia

Carolina Escobar Sarti
¿Debe renunciar el magistrado Érick Álvarez a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia? es la pregunta de una encuesta que lanzó Prensa Libre entre sus lectores y que puede ser consultada en la versión digital del periódico del día 4/08/2010. Los resultados fueron los siguientes: un 86.7% de personas respondió que SÍ, y un 13.3% respondió que NO. La muestra se basó en 592 participantes.

Por otra parte, en un pronunciamiento de Convergencia por los Derechos Humanos y otras Organizaciones Sociales de Guatemala, más de 50 instancias demandan la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Exigen que “El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en rescate del prestigio y de la institucionalidad llamada a combatir la impunidad, evalúe con seriedad el desempeño de su Presidente y en base a ello sea destituido y le dé trámite a la querella presentada en contra de este para agilizar el proceso de antejuicio. Al Congreso de la República que actúe con responsabilidad ética, política y con respeto al estado de Derecho, agilizando el procedimiento de antejuicio y nombrando a una Comisión Pesquisidora que garantice la independencia en el proceso”.

Estas demandas han ido en paralelo con lo interpuesto por el Vocal II de la Corte, magistrado César Ricardo Barrientos, quien le ha pedido a Álvarez que renuncie. En una acción inédita y vertical, este funcionario dignifica a un gremio y a una institucionalidad por demás desacreditados. El sentir de muchos acompaña la decisión de Barrientos, pero nadie se atreve a decirlo en recio porque este país ha vivido a la sombra de la servidumbre, la impunidad y el temor. La actuación poco transparente de Érick Álvarez al frente de la Comisión de Postulación del Fiscal General ha sido muy cuestionada, además de que ha debilitado el sistema de protección de jueces y magistrados, retirándoles la seguridad, que no es para nada un lujo, sino una obligación para con quienes se atreven a hacer justicia en un país como Guatemala.

Por otra parte, Álvarez ha ejercido una gestión autoritaria, arbitraria, corrupta e inconsulta; ha cometido malversaciones financieras como la de su viaje al Brasil, por la cual él y su asistente tuvieron que reembolsar dinero; se ha vinculado con personas de muy dudosa reputación, asociadas a violaciones de derechos humanos y al crimen organizado, y hasta las ha llevado a trabajar con él a la Corte. Y mientras esto sucede, han sido evidentes los vacíos de una gestión pobre, no planificada, carente de mística y para nada enfocada en la justicia. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente para pedir su renuncia, Álvarez ha tenido que ver con procesos irregulares como el de la titulación supletoria de un terreno a favor de una empresa minera (¡no podía faltar!), a pesar de que dicho inmueble estaba inscrito en el Registro General de la Propiedad de Inmueble como terreno municipal.

Por diversas razones, a muchos les ha convenido que el Estado sea cada vez más débil, pero se ha visto que necesitamos instituciones sólidas para levantar una nación. Por ello, no basta con retirar a las personas de dudosa reputación que Álvarez ha infiltrado en la Corte, porque, como presidente de ese organismo, él ya perdió toda credibilidad. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, decía Séneca, así que urge tomar decisiones serias para Guatemala. Pocas veces logramos, como sociedad, ponernos tan rápido de acuerdo en algo, y ahora somos muchos los que exigimos que quien llegó para obstaculizar la justicia y servirse nos haga el favor de irse.