Carolina Escobar Sarti
Hay personas que consideran pornográficas y de mal gusto las “malas palabras”, pero no se inmutan ante la pornografía que encierra la imagen de un cadáver en medio de un charco de sangre o el cuerpo desnutrido de una niña menor de 5 años.
Y es que las “malas palabras”, como todo lo que tiene que ver con nuestro sentido de lo estético, dependen más de la ideología de quien las escucha y de la intención de quien las pronuncia que de su propio significado. Desde las tradicionales que ameritan el recomendable lavado bucal, hasta las que no contienen ninguna expresión soez, pero lastiman algunas conciencias, todas pasan por el mismo tamiz.
En Guatemala, por ejemplo, la expresión “Reforma Agraria” ha tenido que transformarse en otra más políticamente correcta: Desarrollo Rural. Para atajar de frente la vulgaridad y no ofender el “buen gusto” de algunos pocos a quienes la expresión Reforma Agraria les trae malos recuerdos, asociaciones extrañas o temores anticipados y hoy injustificables, se ha llegado a un acuerdo común de guardar dicha expresión en la cajilla de seguridad del banco de la historia y ponerla bajo cinco llaves.
Esto lo menciono al momento del cierre de la primera etapa, en el Congreso de la República, de un proceso de discusión que se ha venido dando en el país sobre la iniciativa 4084, cuyo fin es crear el Sistema Nacional de Desarrollo Rural. Hace una semana terminó la presentación oral de 51 ponencias de un total de 82 organizaciones inscritas. Después de casi seis semanas de exposiciones en el Legislativo, el 19 de julio se llevó a cabo una reunión extraordinaria, que supuestamente ponía punto final a la presentación de las ponencias jurídicas y su análisis constitucional, en aspectos que habían generado rechazo y señalamientos del sector empresarial. El resultado: 37 organizaciones a favor de la iniciativa.
Luego de lo anterior, y según la metodología previamente anunciada, tocaba que la 4084 fuera enviada a la instancia de jefes de bloques para su análisis y su final remisión al Pleno del Congreso. Sin embargo, el diputado unionista Mariano Rayo, coordinador de la Mesa de Desarrollo Rural y presidente de la Mesa de Reactivación Económica, anunció sorpresivamente cambios y un nuevo período de discusión de cada artículo de la iniciativa, a partir del próximo lunes 9 de agosto. El argumento que justificó tal decisión fue que esa es la “lógica de las reglas del Congreso”, aunque esto le toque realmente a la instancia de jefes de bloques. ¿Será que los ecos de alguna mala palabra del pasado resuenan fuerte y están afectando el proceso?
Tomando en cuenta la oposición del sector empresarial a este proceso, y según señala un comunicado de Plataforma Agraria, “las organizaciones no tienen buenas expectativas.” Rayo, sin embargo, dijo que “hubo participación masiva y respetuosa, y se escucharon todos; lo que en la formulación de la ley no se dio. Aquí sí estuvieron todos”. Según las organizaciones, con esa declaración el diputado “deslegitima el proceso de más de cinco años que organizaciones sociales ocuparon en la creación de la propuesta, espacio en el cual el sector empresarial se rehusó a participar”.
Si hablamos de participación, esta ha de ser considerada desde la misma definición metodológica de un proceso de tanta importancia para el país. Pero cuando la metodología está previamente definida y luego, además, se cambia arbitrariamente a la mitad del juego, pareciera que hay una intencionalidad de direccionar o retardar procesos en beneficio de un sector. Fue un error de las organizaciones no saber identificar esas “listuras” metodológicas, pero han logrado dejar claro que “ningún tema ha unido tantas organizaciones como el de desarrollo rural”. Ojalá que lo que sigue refleje una visión madura de la nación incluyente y justa que queremos.
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