De acuerdo al Banco
Mundial, nuestro país está entre los 6 más desiguales de Latinoamérica, y
entre los 10 más desiguales del mundo. En Panamá, en 2015, el 10% de
las familias más ricas tenían ingresos 37 veces superiores al 10% de las
familias más pobres. Esto nos habla de la injusticia social y el alto
grado de desigualdad que padece nuestro pueblo.
Según cifras
oficiales, estimadas a la baja con métodos estadísticos cuestionables,
en Panamá cerca del 10% de la población, 400 mil personas, no tiene
ingresos suficientes para comer adecuadamente. Y un 23%, alrededor del
millón de connacionales, no puede pagarse el conjunto de las otras
necesidades vitales, además de comer. A lo cual hay que agregar el
colapso de los servicios públicos para comprender el sufrimiento que se
padece.
En esta “Dubai de Centroamérica”, resulta que hay
decenas de miles de jubilados con pensiones inferiores a B/. 500 que
claman por una compensación frente al creciente aumento de los precios
de la canasta básica y de las medicinas, muchas de las cuales deben
comprarse en farmacias privadas, dada la crisis de medicamentos de la
Caja de Seguro Social.
En este marco un grupo de jubilados
logró que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley 621 que
otorga unos ajustes a las jubilaciones, que oscilan entre B/. 60 para
pensiones menores a B/. 500, de B/ 45 para los que ganan entre B/. 501 y
1,000, y de B/. 35 para aquellos que reciben entre B/. 1,001 y 1,500.
Este aumento debería pagarse con un impuesto del 7% a las remesas de
dinero que se envían al exterior, 5% de impuesto a las ganancias de
casino y tragamonedas, y la asignación del 20% del impuesto que ya se
paga al consumo de cervezas.
En esta Dubai de la injusticia y
la disparidad social, los sectores empresariales encabezados por la
Cámara de Comercio y la APEDE pegaron su grito al cielo, oponiéndose
tajantemente a cualquier aumento de impuestos. La excusa como siempre es
que la economía se vendría a pique. Traducido al lenguaje panameño: no
les importa si las jubilaciones de estos viejos pobres les alcanzan o no
para comer, no me aumentes los impuestos a los que más ganan.
Ahora que se conmemoran 50 años del golpe de estado de 1968, hay que
recordar que una de las causas fue la crisis institucional abierta por
los empresarios vinculados al “chiarismo” porque no querían al candidato
David Samudio y su reforma fiscal. Hoy, como entonces, sigue habiendo
un “Club de Exonerados” que se niegan a compartir algo de sus pingües
beneficios con el pueblo panameño. Casi todo el sector punta de la
economía, el “logístico”, goza de exoneraciones fiscales, y el resto
pagan poco comparados con los asalariados.
Otra medida
similarmente egoísta, ha sido la aprobación de la Ley 51 de 10 de
octubre de 2018, por la cual se restringe el gasto público hacia los
próximos años, y se limita el aporte del canal a los fondos nacionales
al 2.5% del PIB, ordenando que la mitad de cualquier excedente que pueda
haber a futuro en esos ingresos vaya al Fondo de Ahorro Panamá, para
beneficio de los banqueros que lo administran, y sacrifico de tantas
necesidades sociales.
Se requiere la construcción de una
propuesta política nueva que ponga a los seres humanos primero que al
mercado y la ganancia; que anteponga la deuda social histórica que
nuestra oligarquía tiene con el pauperizado pueblo panameño; para lo
cual hay que hacer justicia fiscal, haciendo que paguen impuestos
progresivos en función del ingreso todos, que se acaben las
exoneraciones fiscales, una forma solapada y legal de corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario