Marcos Roitman Rosenmann
¿Qué tienen en común Augusto
Pinochet, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos,
Michelle Bachelet y José Piñera? La respuesta puede incomodar. Les une
ser presidentes legitimados por la vigente Constitución chilena de 1980,
y practicar el etnocidio contra el pueblo Mapuche. Todos han dado orden
de perseguir mediante el uso de la violencia extrema a comuneros y
lonkos Mapuche. Todos son responsables políticos de favorecer la
privatización de la flora, fauna y recursos hídricos en territorios
pertenecientes a los pueblos originarios. Sin excepción han hecho la
vista gorda ante el hostigamiento, acoso y usurpación de propiedades
comunales a manos de los terratenientes y sus guardias blancas. Han
garantizado la expansión de las empresas madereras, las compañías
trasnacionales de la soya y los megaproyectos como la Presa Ralco de la
española Endesa, expulsando de sus tierras al pueblo Pehuenche. Han
avalado el uso torticero de la justicia, dando manga ancha a fiscales y
fuerzas del orden público para encarcelar a dirigentes sin importar el
cómo. Baste recordar la recientemente desenmascarada Operación Huracán,
realizada en 2017, al amparo de la ley antiterrorista bajo la tutela de
la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en
territorio Mapuche. Sólo los dos primeros meses de aplicación, según las
propias fuerzas de carabineros, conllevo la detención de más de 200
comuneros. Posterior a la detención arbitraria, serían encarcelados ocho
de sus dirigentes, entre ellos el vocero de la Coordinadora
Arauco-Malloco, Héctor Llaitul, acusados de perpetrar actos terroristas y
atentar contra la propiedad privada. Hoy, tras las investigaciones del
juez instructor, se ha descubierto que fue un montaje orquestado por la
fiscalía, el ministerio del Interior y carabineros para amedrentar y
reprimir al pueblo Mapuche.
Sigue y suma..., todos han guardado silencio ante el expolio
de las tierras comunales facilitando la extensión y expansión de los
latifundios, aumentando el poder de los terratenientes. Para garantizar
dicha acción los intendentes de las regiones son terratenientes, dueños
de empresas forestales, agroindustrias o inversores en megaproyectos.
Sin excepción han negado el reconocimiento como pueblo originario,
desoyendo el artículo 169 de la OIT (1989) y la Declaración los Derechos
de los Pueblos Indígenas aprobados en la Asamblea general de Naciones
Unidas en 2007, donde se consagra el derecho a la autonomía y
autogobierno; a conservar y reforzar sus propias instituciones
políticas, jurídicas económicas, sociales y culturales, a vivir en
libertad, paz y seguridad (...) sin ser sometidos a ningún acto de
genocidio ni a ningún otro acto de violencia.
Augusto Pinochet, el dictador, y los presidentes putativos Ricardo
Lagos, Michelle Bachelet y José Piñera son cómplices, cuando no
responsables subsidiarios o cooperadores necesarios de los asesinatos de
comuneros mapuche, perpetrados por las fuerzas armadas y carabineros
aplicando la ley antiterrorista. Si durante la dictadura el genocidio se
transformó, en territorio Mapuche, en etnocidio, con Ricardo Lagos se
continuó la saga. Durante su presidencia, fueron asesinados: Agustina
Huenupe Pavian (2002), José Mauricio Huenupe (2002), Antonio Suárez
Marihuan (2002), Alex Lemun Saavedra (2002) Julio Alberto Huentecura
Llancaleo (2004), José Gerardo Huenante Huenante (detenido y desparecido
en 2005) y Juan Collihuin Catril (2006); en el mandato de Michelle
Bachelet fueron: Matías Catrileo Quezada (2008) Johnny Cariqueo Yáñez
(2008), Jaime Facundo Mendoza Collío (2009), José Mauricio Quintriqueo
Huaiquimil (2014) y Víctor Manuel Mendoza Collo (2014); durante el
primer mandato de Sebastián Piñera cayó asesinado Rodrigo Melinao Lican
(2013) y ahora fue ejecutado por la espalda, mientras conducía su
tractor, el comunero Camilo Catrillanca.
El gobierno de Sebastián Piñera a fin de garantizar el poder de
terratenientes y dar seguridad a los inversores extranjeros, ha creado
un Comando Especial con licencia para matar mapuches. Ya no son vagos o
maleantes a los cuales aculturar, cortar cabelleras o decapitar bajo el
pretexto de guerras civilizatorias, hoy se transforman en terroristas a
los cuales perseguir, violando todos sus derechos, como se hace desde
los tiempos de la conquista. Es la criminalización de la protesta, la
persecución de sus dirigentes y el acoso a todo el pueblo Mapuche bajo
la acusación de ser terroristas en potencia.
El Comando Jungla, ensalzado por las autoridades como los nuevos
pacificadores de la Araucanía, y que realiza cursos y simulacros de
guerras asimétricas en Estados Unidos y Colombia, cuenta con una
tecnología de uso militar de última generación. Drones, Big data, y
algoritmos en la aplicación de modelos y simulacros.
El asesinato de Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla ha
levantando, por primera vez en años, una protesta generalizada que ha
sido acallada y violentamente reprimida por el gobierno de Sebastián
Piñera. Tal vez y sólo tal vez, el colonialismo interno en Chile se esté
resquebrajando.
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