Caminata migrante
Tijuana, BC., Ante el
nulo apoyodel gobierno federal, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, declaró esta ciudad en crisis humanitaria, por lo que instó a organismos internacionales a hacer frente a la situación en la frontera por la presencia de más de 6 mil centroamericanos.
Luego de señalar que se requiere más de medio millón de pesos diarios
para atender a los migrantes concentrados en Tijuana, quienes se
encuentran
varados y hacinados en la ciudad, en condiciones precarias, porque la federación no ha intervenido, a pesar de que es su obligación constitucional.
Exhortó al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a asumir su responsabilidad en la
atención a las personas en condición de migración, porque
han sido omisos. Gastélum Buenrostro dijo a La Jornada que se trata de un posicionamiento serio, sin confrontaciones, con la finalidad de resolver el problema.
Anunció que solicitará a la Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas para que se aplique la asistencia
humanitaria, con base en la resolución 46/182 de la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados y la Convención Americana de Derechos
Humanos.
De esta manera se refirió al reclamo que hizo a la Secretaría de
Gobernación por dejar sola a esta ciudad fronteriza con la caravana
migrante,
cuando las leyes mexicanas establecen que es la dependencia responsable de atender el tema desde el principio.
El panista sostuvo que emitió la declaratoria con fundamento jurídico
en las leyes de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria
y Asilo Político.
El alcalde advirtió que no comprometerá los servicios públicos, no
gastará el dinero de los tijuanenses ni optará por el endeudamiento de
la administración de la ciudad,
porque no lo hemos hecho en estos dos años.
Autoridades municipales señalaron, sin precisar más datos, que los centroamericanos en proceso de deportación se
amotinaronen las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, por lo que los dejaron en libertad y anunciaron que cancelarán las repatriaciones.
Tambien acusaron que representantes de los organismos de derechos
humanos impiden la actuación de las corporaciones policiacas para
detener a quienes cometen ilícitos y que este jueves un hondureño
apuñaló a un haitiano.
Antonio Heras
Corresponsal
Periódico La Jornada
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