La inversión y el gasto social son dos de los principales mecanismos que tiene el Estado para desarrollar su política social y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Pero la eficacia de las políticas sociales vendrá también determinada por el contexto de estabilidad macroeconómica y, en este sentido, mantener la inflación en niveles relativamente bajos es clave para el éxito de la dichas políticas.
Un caso paradigmático de éxito de la política social, consiguiendo buenos resultados a la hora de la reducción de la pobreza y desigualdad, ha sido boliviano desde el año 2006. En función de los datos de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia ha conseguido pasar de un nivel de pobreza del 59,9% en el año 2016, al 36,4% para finales del 2017, cifra que supone el nivel histórico más bajo. En cuanto a la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini, ésta se ha reducido desde el 0,60 hasta el 0,47 entre el año 2005 y el 2014, según los datos publicados por el Banco Mundial (BM). Este éxito se ha conseguido mediante la puesta en marcha de diferentes programas sociales que han contribuido a la redistribución de los ingresos.
Estos programas sociales se han nutrido de los recursos provenientes principalmente de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos que se llevó a cabo en el año 2006 y que dio la vuelta al reparto de los ingresos de la extracción del gas. Actualmente, más del 80% de las utilidades quedan en manos de los y las bolivianas mediante la propiedad estatal. Esto ha permitido financiar los programas sociales a través de una fuente abundante de ingresos públicos sin verse, además, mermada la inversión privada en los campos hidrocarburíferos.
Pero, ¿cuáles son los principales programas sociales llevados a cabo por el Estado boliviano, y cuáles son las principales claves del éxito de los mismos?
Principales programas sociales
Desde el año 2006 -y con los objetivos de reducir la pobreza y los niveles de desigualdad existentes- el Gobierno boliviano ha venido implementando una serie de programas de transferencias condicionadas que se han focalizado en los estudiantes, las personas de la tercera edad y en las madres embarazadas o con niños menores de dos años. Los tres principales programas son el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad.
El Bono Juancito Pinto fue el primero de estos tres programas que se pusieron en marcha, estando vigente desde octubre de 2006. Su objetivo es el de incentivar la matrícula, permanencia y culminación del año escolar de los niños y niñas durante los primeros 5 años de primaria. El programa hace entrega de un bono anual de 200 bolivianos (USD 28) a los estudiantes de escuelas públicas de educación formal, juvenil alternativa y/o especial con la condicionalidad de una asistencia mínima al 80% de las clases.
Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Educación de Bolivia, en el año 2018 se han destinado 444 millones de bolivianos para el pago del Bono Juancito Pinto, y beneficiará a unos 2.221.000 estudiantes de primaria y secundaria de unidades educativas fiscales, de convenio, y centros de educación especial del país. Junto con la redistribución de ingresos que se hace a los estudiantes de las escuelas públicas, el otro gran objetivo del programa es la lucha contra el abandono prematuro de los estudios. Los publicados por el Ministerio de Educación muestran cómo, desde el año 2005 al año 2018, se ha reducido la deserción escolar en primaria desde el 6,5% al 1,8%, mientras que para el mismo periodo en la educación secundaria la reducción ha sido del 8,5% al 4%.
El segundo programa que se puso en marcha fue el de Renta Dignidad, vigente desde noviembre de 2007. La Renta Dignidad es un programa de transferencia monetaria no contributiva y de carácter vitalicia para las personas de 60 años o más. Supone un complemento de 250 Bs para las personas con pensiones de jubilación y de 300 Bs para personas que no tienen pensiones de jubilación. Su financiación se lleva a cabo a partir de los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) así como a partir de los dividendos de las empresas públicas. Actualmente alcanza al 12% de la población.
El tercer programa social destacado es el Juana Azurduy, que es un mecanismo de transferencia monetaria condicionada implementado en el año 2009 por el Ministerio de Salud. Se trata de un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado al cumplimiento de 4 controles prenatales, parto institucional y control postparto, así como para niños y niñas condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual. Es, por tanto, una transferencia monetaria condicionada al uso adecuado de los servicios públicos de salud por parte de mujeres gestantes o de madres de niños de menores a dos años.
La financiación del bono Juana Azurduy se hace a través de los recursos internos del Tesoro General de la Nación. La aplicación de este programa ha permitido mejorar el bienestar social de las población más vulnerable de Bolivia, y actualmente beneficia -según los datos hechos públicos por el Ministerio de Economía y Hacienda de Bolivia- a algo más de dos millones de personas.
La política de transferencias directas ha sido complementada con fuertes programas de inversión pública dirigidos a la construcción de nuevas infraestructuras y la ampliación de los servicios básicos. La ampliación de los servicios de educación, salud, comunicación, acueducto y alcantarillado han tenido un impacto fuerte en la población de menores recursos. Toda la política social ha venido, además, acompañada de los incrementos continuos de los salarios, y ejemplo de ello es la suba experimentada por el Salario Mínimo Nacional (SMN) que pasó de los 440 Bs (57,3$) en el año 2005, hasta los 2.060 Bs (296$) en el año 2018. Esto, además, en un contexto económico estable que contribuye a magnificar los impactos de la política social.
Estabilidad económica y control de la inflación
La economía boliviana se ha caracterizado, en la última década, por el amplio crecimiento económico de carácter inclusivo[1] que ha tenido. En buena parte de los últimos años, Bolivia ha sido el país suramericano que mayor crecimiento económico ha experimentado, incluso manteniendo un ritmo de crecimiento por encima del 4% a pesar del contexto de debilidad regional que vive la región desde el año 2015.
Las claves principales del buen desempeño económico se encuentran en la inversión pública, el fortalecimiento de la demanda interna y la política contracíclica aplicada desde la gestión económica. Siendo, por tanto, la política social aplicada (relacionada directamente tanto con la inversión pública como con el fortalecimiento de la demanda interna) uno de los pilares de la estabilidad económica. Sin embargo, al mismo tiempo, la efectividad de la política social para alcanzar sus objetivos en cuanto a reducción de la pobreza y la desigualdad, mejorar las condiciones de acceso a los servicios básicos y la ampliación de los beneficios económicos de la mayoría de la población, está fuertemente relacionada con las estabilidad económica y, más concretamente, con la estabilidad de los precios.
Siguiendo el trabajo[2] de Rashid Talukdar (2012) sobre los efectos de la inflación sobre la pobreza en países en desarrollo, se concluye que altos niveles de inflación están correlacionados positivamente con niveles altos de pobreza. En su trabajo se analiza el efecto de la inflación sobre la pobreza en 115 países en desarrollo durante el periodo 1981-2008, utilizando la clasificación entre los mismos en función del nivel de ingresos realizado por el Banco Mundial (BM).
Según esta clasificación, Bolivia aparece en el grupo de países de ingreso medio-bajo, y sobre este grupo de países existe correlación positiva entre la inflación y la pobreza. Por tanto, podemos igualmente concluir que la efectividad de la política social para reducir la pobreza viene determinada por el mantenimiento de niveles de inflación bajos.
En este sentido, Bolivia ha conseguido mantener los niveles de inflación reducidos, con una tendencia clara a la baja (como puede verse en el gráfico 1), haciendo que los amplios programas sociales aplicados por el Gobierno boliviano hayan tenido fuerte impacto sobre la reducción de la pobreza que se anunciaron al comienzo de este texto.
Por el contrario, sin el mantenimiento de la inflación en niveles controlados, se corre el riesgo de que las transferencias de recursos del Estado a la población queden desfasados y a remolque de la misma. Esto exige la continua actualización de los montos ligados a dichas transferencias, pero con el evidente retraso que conlleva una inflación elevada.
El éxito de la política social boliviana está ligado al éxito de su política económica pero, a su vez, el éxito de su política económica se liga al éxito de su política de inclusión social. Bolivia ha demostrado que para liderar el crecimiento económico regional durante la última década la clave está en hacer partícipe del mismo a la población que tradicionalmente había quedado excluida. En función de los datos de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), este 2018 Bolivia volverá a liderar el crecimiento económico de la región suramericana. Esto lo hará, además, con un nivel de inflación por debajo del 3% y manteniendo y reforzando las políticas sociales de transferencias para la población más desfavorecida.
[1] Para conocer con detalle el estado actual de la economía boliviana se recomienda la lectura de “Radiografía de la situación de la economía boliviana” https://www.celag.org/radiografia-situacion-economica-boliviana/
[2] Rashid Talukdar., S. (2012). The effect of inflation on poverty in developing countries: a panel data analysis.
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