Viola una ley de 1965, argumenta
Reforzar con elementos del ejército la seguridad fronteriza costará más de 200 mdd, asegura el Pentágono
Washington. El juez Jon S. Tigar, de la corte federal de
distrito de San Francisco, emitió una orden de restricción temporal
contra el decreto del presidente Donald Trump que prohíbe el derecho de
asilo a todo migrante que cruce la frontera sur sin documentos, mientras
miles de centroamericanos se desplazan por México para llegar a Estados
Unidos.
Con la llegada de las primeras caravanas de migrantes a la línea
fronteriza, Trump decretó el 9 de noviembre que toda persona que cruce a
territorio estadunidense de manera ilegal no será candidata para
recibir asilo. Argumentó que el veto era necesario para frenar
una amenaza a la seguridad nacional.
Pero el juez sustentó en su fallo que el decreto presenta un
conflicto irreconciliablecon la ley de inmigración y nacionalidad de 1965 que establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos puede pedir asilo sin importar cómo ingrese.
Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede rescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente, dictaminó Tigar durante la sesión, juez que fue nominado para el puesto por el ex presidente demócrata Barack Obama (2009-2017).
La orden, que se firmó el lunes, tiene alcance nacional y regirá
hasta que la corte se pronuncie sobre el tema de fondo, para lo que el
juez fijó una primera audiencia para el 19 de diciembre.
La Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro por los Derechos
Constitucionales, impulsores de la demanda, celebraron en redes
sociales esta victoria y afirmaron:
Bloquearla es un paso crucial para combatir los ataques del gobierno contra los solicitantes de asilo.
Horas más tarde los departamentos de Justicia y Seguridad Interior consideraron en una declaración conjunta que es
absurdoque grupos de derechos civiles tuvieran la capacidad de impedir por completo que el gobierno federal actúe a fin de evitar que extranjeros indocumentados reciban un beneficio gubernamental que no les corresponde.
Nuestro sistema de asilo está roto, y cada año abusan de él decenas de miles de solicitudes sin mérito. Esperamos seguir defendiendo el legítimo y bien razonado ejercicio del Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur, indicaron.
Al menos 3 mil personas de la primera caravana llegaron a Tijuana,
México, en la frontera con San Diego, California. Durante la aplicación
del decreto presidencial, 107 personas detenidas solicitaron asilo,
informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (DHS, por sus
siglas en inglés).
Funcionarios de la oficina pidieron a los migrantes presentarse en
los cruces oficiales para comenzar con sus papeles, pero muchos
solicitantes ya han esperado varias semanas para ser atendidos.
Byron Torrez, nicaragüense de 28 años, lleva un mes en la frontera
con California a la espera de que las autoridades le otorguen una
licencia de asilo, no quiere
hacer nada ilegalen Estados Unidos. Pese a que conoce del bloqueo a la enmienda de Trump, aseguró:
No voy a hacer algo ilegal ahora.
Algunos funcionarios dijeron a la agencia Reuters que el gobierno de
Trump evalúa si permitirá a los soldados aplicar exámenes médicos a los
migrantes. La propuesta, que aún es un borrador, involucraría a los
militares en las pruebas sólo si el personal de la DHS está saturado,
añadieron.
La propuesta ampliaría la misión del ejército, debido a que el
Pentágono dijo que no esperaba que sus tropas interactuaran directamente
con los migrantes.
En este contexto, el Pentágono aseguró este martes ante el Congreso
que utilizar a miles de elementos del ejército para ayudar a reforzar la
seguridad en la zona suroeste de la frontera con México tendrá un costo
aproximado de 210 millones de dólares, de acuerdo con los planes
actuales.
Un total de 12 senadores pidieron en una carta dirigida al secretario
de Defensa, James Mattis, que el Pentágono dé información que
justifique el despliegue de tropas en la frontera entre Estados Unidos y
México para reforzar la aplicación de leyes de inmigración.
La misiva también apremia a Mattis a abstenerse de enviar más
soldados a la frontera sur hasta que el Departamento de Defensa pueda
proporcionar una justificación irrefutable para el despliegue.
Afp, Ap, Reuters y Sputnik
Periódico La Jornada
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