El presupuesto de un gobierno descompuesto
más bien en escapar de las viejas.” -John Maynard Keynes
Cuatro años estancados... ¡Cuatro! Entre 2014 y 2018 (según previsiones
oficiales), el ingreso promedio por ecuatoriano se ha reducido de 6.347
a 6.110 dólares anuales. Resultado del estancamiento, el empleo se ha
deteriorado gravemente: mientras que en diciembre de 2014 el 49,3% de la
población trabajadora tenía un empleo adecuado, a septiembre de 2018
ese porcentaje apenas llegó a 39,6%. Para colmo, hay una tendencia deflacionaria que
en 2017 implicó una caída anual de precios en -0,20%, situación
registrada también en varios meses de 2018 (por ejemplo, -0,05% en
octubre). Estancamiento, empleo deteriorado, deflación... estos son
apenas tres indicadores -de muchos otros- que denotan cuán complejo es
el contexto económico del país en los últimos años (si bien tal contexto no es novedad , prohibido olvidar que responde a todo el desperdicio de la década pasada ).
A esta complejidad económica se suma la débil política -sobre todo económica- del gobierno de Lenín Moreno: arrancó preocupado más de su supervivencia que del contexto económico ; luego mantuvo por varios meses una política económica indefinida entre “ planes y rata-planes ”; después claudicó dicha política en beneficio de grandes grupos económicos al aprobar la “ Ley de Fomento Productivo ” (aunque antes ya dio señas de claudicación al entregar el dinero electrónico a la banca privada así como al ceder el manejo de la economía a representantes directos del gran capital). Pero a pesar de que el morenismo ha dado pasos de sobra para consolidar el retorno neoliberal que arrancó su antecesor
(incluso golpeando a los sectores sociales), aún no se ha ganado la
bendición de los referentes neoliberales criollos para quienes las acciones del gobierno “se quedan cortas” .
Tal es la fragilidad política del gobierno de Moreno (contextualizada
por un severo estancamiento económico), que ni siquiera ha podido
consolidar con “normalidad” el típico ritual de aprobación del
Presupuesto General del Estado para 2019. Por un lado, las primeras
filas del debate sobre el presupuesto pertenecen a los “expertos
economistas” que buscan insertar cómo sea su cosecha ideológica en la
voluble política económica oficial. Por otro lado, la sociedad ocupa la
platea como observadora, a ratos combativa ante problemas puntuales
(como las protestas por los recortes a la educación superior ), a ratos exigiendo que la austeridad no se sobreponga a la vida (como la solicitud de financiamiento para el cuadro básico de medicamentos
), y a ratos simplemente aburrida escuchando tanto tecnicismo. Y en
medio, el gobierno se tambalea incluso con desacuerdos internos que han
llevado a que Moreno pida la renuncia a todo su gabinete a pretexto de “evaluarlo” (a la vez que otros aprovechan para “sacudirse” del morenismo ).
A más de evidenciar la debilidad política del gobierno, la actual
discusión -y pugna- sobre el Presupuesto muestra un hecho que casi nunca
se toma en cuenta: es un grave error asumir que el Presupuesto es obra
de “especialistas”, para “especialistas”. En realidad, éste no es un
texto “técnico” alejado de la cotidianeidad de la sociedad. Al
contrario, sus asignaciones y sobre todo su ejecución influyen en gran
medida sobre la vida de la gente (ejemplos evidentes son la educación,
la salud o el mismo empleo).
En otras palabras, el Presupuesto es, ante todo, un documento político; de hecho, es una suerte de espejo de doble ala
en donde se reflejan los múltiples intereses -tanto propios como
ajenos- ante los cuales el gobierno busca dar respuesta. Por una parte,
están los ingresos, es decir de dónde vendrán los recursos (aquí
se evidencian pugnas como el cobro de más impuestos directos a los
grandes ingresos o más impuestos indirectos al consumo, así como la
ampliación o no del extractivismo). Por otra parte, están los egresos,
hacia dónde serán destinados los recursos (aquí emergen pugnas como
asignar mayores recursos a la inversión social o al pago de la deuda,
sostener la inversión pública o el gasto corriente en sueldos, sostener
los subsidios o eliminarlos). Como bisagra de ajuste entre ingresos y
gastos está el financiamiento -endeudamiento, con el cual se despiertan
los intereses de los mercados financieros internacionales y de quienes
lucran de las necesidades de recursos del país.
Y por si no
bastara toda esta interrelación de intereses, apenas aprobado un
presupuesto nacen un sinfín de mecanismos -incluso legales- que permiten
la manipulación de asignaciones y montos por ejecutarse (p.ej. entrega
de fondos a destiempo, retrasos en la ejecución presupuestaria de
instituciones que terminan gastando “cómo sea” al final del período
fiscal, reversión de fondos no ejecutados, endeudamiento encubierto con
proveedores del Estado, contratos complementarios y ajustes de precios
en obras, contrataciones vía decreto de emergencia, entre muchos otros
mecanismos).
Por tanto, el presupuesto -sea el que se discute,
el que se aprueba e incluso el que se modifica cada cierto tiempo- es un
documento vivo que refleja todas esas pugnas por los ingresos, gastos y
financiamiento del gobierno. Pugnas que deben ser entendidas por la
población entera, incluso para que ésta participe tanto de la
elaboración como del control y de la ejecución presupuestarias. Tan es
así que la discusión de los presupuestos es vital en democracias
vigorosas. No puede ser solo un tema de “entendidos”. Justo con esta
idea en mente, cabe hacer una breve lectura económico-política
del Presupuesto sugerido por el gobierno de Moreno, no como cifras que
suben o bajan sino, sobre todo, como reflejo de intereses que pugnan a
dentelladas tajadas de un pastel que a ratos parece que ya no da más.
Así, al revisar la propuesta de Presupuesto General del Estado para 2019 vemos, en primer término, que ésta nace de un gobierno descompuesto
que busca afrontar por medio de un ajuste neoliberal los desequilibrios
heredados de su antecesor. Sin embargo, y quizá en concordancia con la
compleja situación política del momento, aún ese intento no es
suficiente como para satisfacer a los economistas OCP (ortodoxos,
conservadores y prudentes), para quienes aún persiste un supuesto “ADN
socialista del gobierno”. Y si bien el Presupuesto no se ajusta
plenamente a las condiciones que se impondrían en caso de llegar un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), está claro que la
aspiración del neoliberalismo criollo es que todos los caminos lleven al Fondo …
Entrando un poco al detalle de las cifras, podemos leer cada una de las alas del espejo presupuestario, es decir, de ingresos y gastos, para cerrar con la bisagra del financiamiento.
Ingresos: redistribución nula, extractivismo exacerbado y privatizaciones
Dentro de los ingresos (que la proforma presupuestaria estima en 27.137
millones de dólares, monto mayor al presupuesto codificado -es decir,
ajustado- de 2018 en 2.911 millones, todo sin contar el financiamiento
-es decir, endeudamiento- público), hay al menos tres puntos que merecen
mención: ingresos tributarios, petroleros y por concesiones.
Sobre los ingresos tributarios, la proforma para 2019 estima obtener
15.223 millones de dólares (monto mayor al presupuesto codificado para
2018 en 160 millones de dólares). Dentro de esos ingresos por tributos
llama la atención la reducción del impuesto a la renta global que se
presupuesta en 4.077 millones (monto menor al presupuesto de 2018 en 273
millones), así como del impuesto al valor agregado (IVA) recaudado por
el Servicio de Rentas Internas que alcanzaría los 4.651 millones (monto
menor al de 2018 en 7 millones). Realmente el rubro que justifica buena
parte del incremento agregado de los impuestos corresponde a IVA
recaudado por la Secretaria Nacional de Aduana (SENAE), el cual
alcanzaría 2.147 millones (monto mayor al presupuesto de 2018 en 309
millones).
Si se analizan estas cifras a la luz de las
exoneraciones tributarias concedidas a los grandes capitales por el
gobierno de Moreno a mediados de 2018 (sobre todo con la ya mencionada “
Ley de Fomento Productivo
” que exonera hasta por más de 10 años el impuesto a la renta a
supuestas “nuevas inversiones”) queda claro que el morenismo no tiene
intención alguna de ampliar sus recursos con impuestos progresivos que
mejoren la distribución del ingreso. Al contrario, posiblemente se prevé
que las exoneraciones presionen a la baja al impuesto a la renta, lo
cual al parecer se compensaría con mayores recaudaciones tributarias
aplicadas posiblemente a las importaciones más que al consumo interno.
Por el lado de los ingresos petroleros el escenario es aún más sombrío,
con dos temas a destacar: el precio del barril de petróleo
presupuestado y la estimación de las tasas futuras de extracción
petrolera (extracción pues el crudo no se produce). Sobre el precio del
crudo, para 2019 se lo ha presupuestado en 58,29 dólares por barril:
16,31 dólares más que el año precedente. Si bien tal expectativa de un
precio mayor amplía los ingresos petroleros, también amplía el monto de
los subsidios a los combustibles (tema que, por cierto, fue mal manejado
por el morenismo aun cuando había alternativas ). Por tanto, el efecto neto de un mayor precio del crudo es menor al que en un inicio podría pensarse.
Además, casi evocando los fantasmas de 2015, precisamente luego de que
el gobierno de Moreno presentó su proforma presupuestaria, en los
mercados internacionales el precio del crudo WTI (referente para el
Ecuador) cayó hasta los 50 dólares por barril, llevando a que el crudo
ecuatoriano alcance alrededor de 45 dólares por barril aplicando el
castigo promedio recibido en 2018. Solo esa caída ha despertado voces
sugiriendo que se reestime a la baja el precio del crudo presupuestado
... Sin duda la volatilidad del precio del petróleo es un tema delicado
ante el cual se debe pensar en mecanismos presupuestarios que enfrenten
la situación [3] , pero sin caer en la aberración neoliberal
de constituir “fonditos” con el único propósito de garantizar el pago
del endeudamiento externo. En el caso de constituir “fondos”, estos
deberían tener como fin la estabilización económica vía políticas
contracíclicas (p.ej. expandiendo líneas de crédito de emergencia a
sectores vulnerables).
Pero más grave que la cuestión del precio del petróleo (que no siempre es la variable clave que define la dinámica del Presupuesto ) es la cuestión de la extracción.
Con la proforma presentada se ratifica la vocación extractivista del
morenismo (heredada desde hace mucho tiempo atrás y consolidada en la
administración anterior). Así, se aspira a que entre 2018 y 2019 la
extracción de petróleo aumente de 526 a 565 mil barriles diarios (es
decir, un aumento aproximado de 192 a 206 millones de barriles al año,
con un volumen de exportación que llegaría a los 151 millones de
barriles), mientras que para 2020 se alcanzaría el pico de extracción
con 589 mil barriles diarios (unos 215 millones al año) (ver página 19 de la Programación Presupuestaria Cuatrianual ).
Semejante salto esperado en la extracción petrolera desnuda una
decisión gubernamental que atropella disposiciones legales y procesos en
marcha: el gobierno se dispone a extraer el crudo del campo Ishpingo
sin contar aún con la licencia ambiental, sin considerar el reclamo
pendiente sobre la consulta popular planteada por el colectivo Yasunidos
(que está siendo procesado en el Consejo Nacional Electoral ), rechazando de facto los reclamos formulados por mujeres amazónicas y hasta aumentando las probabilidades de un potencial genocidio de los Pueblos Indígenas en Aislamiento que habitan la zona . De hecho, para 2019 se espera incrementar la extracción petrolera en el ITT un 49% pasando de 58.119 a 114.217 barriles diarios , en donde Ishpingo contribuiría con 18.206 barriles diarios
. En definitiva, el extractivismo exacerbado sería un salvavidas del
morenismo, el cual aspira “comerse” todo el ITT con tal de obtener
ingresos de corto plazo para sostenerse en el poder (y eso que el país
aún no vive el apogeo de la quimera minera ...).
Un ítem adicional que debe discutirse proviene de las concesiones,
las cuales el gobierno aspira que en 2019 generen un ingreso de mil
millones de dólares. De lo poco que se sabe al respecto, está la
participación de
organismos multilaterales como el BID, la CAF y el Banco Mundial en el
“diagnóstico” de las empresas públicas así como en la potencial
“monetización” de activos públicos (es decir, privatizaciones). El alcance de este proceso puede ser enorme, incluyendo a empresas públicas como CNT, Seguros Sucre, CELEC, CENEL y la Planta de almacenamiento de gas de Monteverde
(cabe mencionar que solo CNT generó al Estado 220 millones en
utilidades entre 2017-2018 y aun así se la busca privatizar), además de
la “monetización” en los sectores vial, inmobiliario, energético, entre
otros.
En definitiva, los ingresos a los que aspira el
morenismo provendrán del extractivismo exacerbado, privatizaciones y un
manejo tributario donde la redistribución es nula...
Gastos: salarios rígidos, inversión cayendo y otra vez el capital sobre el ser humano
Pasando a los gastos (que la proforma presupuestaria estima en 36.160
millones de dólares, monto mayor al presupuesto codificado de 2018 en
2.247 millones, incluyendo la amortización de la deuda pública y el
saldo de las deudas por ventas anticipadas de petróleo), cabe destacar
cuatro elementos: remuneraciones, inversión, servicio de la deuda y subsidios.
En el tema de remuneraciones, el gasto en personal se mantiene
prácticamente inalterado al presupuestarse en 9.498 millones de dólares
(monto inferior al presupuesto codificado de 2018 en apenas 70
millones). Esta persistencia del gasto en personal parece contradecir el
discurso de austeridad del gobierno de Moreno, más cuando no se hace
ninguna mención de una posible reducción -o mejor aún, eliminación- de
los macrosueldos de la burocracia dorada: existirían 38.000 funcionarios que ganarían más de 5 mil dólares mensuales y que cada año consumen 2.240 millones de dólares [4]
; solo al reducir esos sueldos un 40% (dejando un promedio de 3 mil
mensuales) se ahorraría cada año casi 900 millones de dólares, monto
cercano a lo que el morenismo aspirara obtener por concesiones.
Por cierto, el tema del empleo y las remuneraciones en el sector
público merece un análisis más cuidadoso. Decimos eso tanto por la importante heterogeneidad del empleo público
como porque las remuneraciones en este sector muestran una
particularidad: en ningún año del período 2008-2017 (incluyendo los años
de crisis) el total de esas remuneraciones ha sufrido reducciones (ver
gráfico 1). Esto podría implicar que las remuneraciones en el sector
público podrían estar adquiriendo una rigidez cuasi-estructural,
volviendo muy difícil su reducción (hasta en términos políticos por la
reacción y la influencia que pueden tener especialmente los funcionarios
de mayores sueldos).
Mientras que los gastos en remuneraciones
parecen adquirir una rigidez cuasi-estructural, en cambio la inversión
pública se ha convertido en la variable de ajuste del gobierno,
con un presupuesto de solo 3.315 millones de dólares (monto inferior al
presupuesto de 2018 en 841 millones). De hecho, al revisar los montos
históricos destinados al Plan Anual de Inversiones (ver gráfico 1) se
nota una contracción severa en comparación, por ejemplo, a los 8.104
millones de dólares alcanzados en 2013. Semejante caída en las
inversiones públicas es preocupante y denota cuán errónea es esa lectura
de que existe un “ADN socialista” dentro del gobierno (que, para colmo,
en lo que va de 2018 apenas ha alcanzado una ejecución presupuestaria
de 23% en lo que a inversión se refiere).
Gráfico 1. Remuneraciones y plan anual de inversiones (millones de dólares)
Nota: 2008-2017 presupuesto devengado; 2018 codificado a septiembre; 2019 proforma presupuestaria.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia.
Por cierto, 2013 fue el único año en que el Plan Anual de Inversiones
superó al gasto en remuneraciones, después del cual se observa una caída
severa de las inversiones públicas mientras que el pago a personal
continuó creciendo. Esto muestra que ya desde antes del gobierno de
Moreno se prefirió enfrentar la crisis reduciendo la inversión pública
en vez de reducir los elevados salarios de un buen grupo de funcionarios
públicos. Quizá para efectos de una política contra-cíclica (es
decir, una política que fomente la expansión en tiempos de crisis)
hubiera sido deseable que más bien sean los megasueldos del sector
público los que se reduzcan mientras se intentaba sostener lo mejor
posible la inversión; más aún si se toma nota de que posiblemente la
inversión pública tenga un mayor efecto multiplicador que el
gasto en salarios (sobre todo aquellos burócratas dorados). Pero, es
claro que la inversión pública tiene menores rigideces políticas y
grupos de interés que la sostengan...
Otro elemento de la
inversión pública que merece atención -y que, penosamente, suele
considerarse como gasto en la contabilidad oficial- es la inversión social,
sobre todo en educación y salud. Al revisar el Presupuesto de 2019 se
nota que en el caso de salud el monto asignado se encuentra estancado en
3.097 millones de dólares (valor apenas superior en 15 millones al
presupuesto de 2018); por su parte, en el caso de educación, el
presupuesto se estanca en 5.351 millones (monto menor en 11 millones al
presupuesto de 2018). Pero, sin duda, el aspecto que más resalta sobre
el estancamiento del Presupuesto en salud y educación se observa al comparar estas magnitudes con el servicio de la deuda pública
(amortizaciones e intereses): desde 2014 la suma del presupuesto en
salud y educación (excepto tercer nivel) siempre ha sido menor al monto
asignado al servicio de la deuda; es decir, desde 2014 el capital ha
vuelto a ponerse por encima del ser humano (ver gráfico 2). De hecho,
tomando datos del Banco Central del Ecuador se puede verificar que,
entre 2015-2017, por cada dólar destinado a la inversión en educación y
salud se ha destinado de 1,44 a 1,55 dólares al servicio de la deuda,
volviendo a una tendencia típica de la vieja noche neoliberal (ver
gráfico 3).
Gráfico 2. Salud, educación y servicio de la deuda (millones de dólares)
Nota: 2010-2017 presupuesto devengado; 2018 codificado a septiembre;
2019 proforma presupuestaria. “Servicio de la deuda” incluye
amortizaciones de deuda y
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia.
Gráfico 3. Gasto en servicio de la deuda pública/gasto en salud y educación (gobierno central)
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia.
Aparte de esa tendencia a que el capital se sobreponga al ser humano,
el estancamiento de los presupuestos de educación y salud tiene como
consecuencia que se siga incumpliendo del mandato constitucional según
el cual cada año el monto mínimo anual de inversiones en educación -sin
considerar la educación superior- y salud debe llegar al 6% [5] y 4% [6]
del PIB respectivamente: una meta que debía alcanzarse en tiempos del
gobierno anterior al morenismo, pero que en los hechos no se cumplió y
sigue sin cumplirse.
Finalmente, en el caso del gasto en
subsidios, el Presupuesto para 2019 llega a los 6.955 millones de
dólares (monto mayor en 3.485 millones al presupuesto de 2018). Aquí el
subsidio de mayor incremento en el presupuesto corresponde a los
combustibles, alcanzando los 4.176 millones (superando en 2.469 millones
al monto de 2018). Luego sigue el restablecimiento de los aportes del
Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), generando un
presupuesto de 1.995 millones de dólares para 2019 (aumento de 1.157
millones respecto a 2018). Después existen subsidios varios como a la
vivienda, al desarrollo social, al agua potable o al agro, los cuales
experimentarán un retroceso.
Toda esta estructura de subsidios
muestra los múltiples conflictos que todavía debe afrontar el gobierno
de Moreno aparte de los ya mencionados como, por ejemplo: eliminar o no
el subsidio a los combustibles, particularmente la gasolina extra, luego
del fracaso de la eliminación del subsidio de la gasolina súper (que
generó un ahorro mínimo al fisco
); garantizar la contribución del 40% de las pensiones al IESS cuando
con el mismo instituto se mantiene una deuda del Estado -en papeles- que
se ubicaría en alrededor de los 7 mil millones de dólares (y
considerando que la seguridad social está en una situación muy frágil
, todo en medio del fantasma de la privatización rondando); el
retroceso en subsidios a la vivienda que, junto con la contracción del
plan de inversiones, vuelven cada vez más improbable la posibilidad de
que el gobierno morenista cumpla con su oferta de construcción de 325 mil viviendas ; etc.
En resumen, el morenismo por el lado de los gastos enfrenta tanto una
rigidez cuasi-estructural en términos del gasto en remuneraciones al
mismo tiempo que se contrae drásticamente el plan anual de inversiones.
Asimismo, en el gasto se observa que la inversión social en educación y
salud se estanca/decae mientras que se acelera el pago del servicio de
la deuda pública, con una compleja estructura de subsidios que -hasta el
momento- no está siendo afrontada de forma coherente.
Saldo: endeudamiento perpetuo y, ¿buscando servir la mesa?
Cuando las alas del espejo presupuestario están desbalanceadas de modo
que los gastos superan a los ingresos, la salida es obvia: se debe
incrementar el financiamiento, es decir, el endeudamiento público.
Así, para 2019 se ha presupuestado un financiamiento de 8.166 millones
de dólares (monto ligeramente menor al de 2018 en 300 millones).
Semejante situación implica que, por un año más el Ecuador deberá seguir
incrementando su deuda, sobre todo externa. Pero lo más grave es
que gran parte de ese financiamiento se licúa en el pago del servicio
de la deuda que, para 2019, se prevé en alrededor de 8.107 millones de
dólares (incluyendo saldos de preventas petroleras).
Y, para colmo, lo peor aún está por venir:
para 2020, 2021 y 2022 el Ecuador deberá pagar, solo en amortización de
su deuda pública, un monto acumulado de casi 20 mil millones de dólares
. Para dimensionar el golpe, tómese en cuenta que a
octubre de 2018 la deuda pública total llegó a 49.069 millones de
dólares (35.192 millones de deuda externa y 13.876 millones de deuda
interna) ; es decir, en tres años el Ecuador deberá pagar un monto
equivalente al 40,7% del stock de toda la deuda pública. A ese lúgubre
escenario cabe agregar las incertidumbres que rondan en la economía mundial
, en especial los efectos de potenciales incrementos futuros de las
tasas de interés a nivel internacional fomentados desde Estados Unidos
(lo cual va a encarecer el crédito -incrementándose aún más el servicio
de la deuda- además de generar movimientos adversos de capitales para
los países empobrecidos).
En medio de ese horizonte tan
complejo, hasta el acceso a nuevo endeudamiento para el morenismo se
encuentra asfixiado, lo cual ha llevado a que el gobierno reluzca su “creatividad” consiguiendo préstamos con el Credit Suisse en noviembre de 2018 , en condiciones similares a las de un crédito contratado previamente con Goldman Sachs en septiembre ; créditos apalancados con garantías de más del 100% con bonos del Estado. A eso se suma
el viaje que Moreno y su séquito harían en diciembre para suplicar
nuevo financiamiento a China con el fin de cerrar el año con algo de
vida . Por su parte, para 2019 el financiamiento se sostendría
desde diversas fuentes: 2,9 mil millones de dólares por medio del sector
financiero privado (aún no se conoce la proporción local e
internacional de dicho financiamiento); 1,8 mil millones desde gobierno
como China; 916 millones en multilaterales; 755 millones vía bonos en el
mercado nacional.
El saldo, entonces, es claro: el Ecuador seguirá empantanándose cada vez más en una deuda eterna
... Es obvio que el sucesor de Moreno -de quién muchos ya empiezan a
lucubrar- evidentemente no va a querer ensuciarse políticamente con el
pantano que le espera al país. Es ahí donde toma sentido aquella
premonición neoliberal: “todos los caminos conducen al FMI”, caminos que
-prohibido olvidar- fue
el antecesor de Moreno quién los retomó ya en el 2014 para conseguir el
beneplácito del Fondo destinado a la colocación de 2 mil millones de
dólares en bonos del estado en el mercado financiero internacional e incluso con un “crédito de estabilización de balanza de pagos” pedido al Fondo luego del terremoto de abril de 2016 .
De ese modo, parecería que el gobierno de Moreno -y su proforma- no son más que instrumentos de transición que
buscan cerrar el largo ciclo para retornar al FMI y a una nueva larga y
triste noche neoliberal. Bajo tales condiciones, quizá al morenismo le
importa muy poco su debilidad política... Lo que realmente parece
importarle dejar la mesa servida para que el próximo inquilino de
Carondelet pueda sobrevivir -al menos- sus cuatro años de gestión. ¿Cómo
lograrlo? Dejando listo -y hasta firmado- un acuerdo con el Fondo, tal
como ya se está haciendo en otras dimensiones como la arremetida de
Tratados de Libre Comercio (TLC) que el morenismo está dispuesto a
firmar aprovechando el TLC con la Unión Europea formado en 2016 ( pensando siempre en el beneficio de unos cuantos capos del comercio )...
Ese parece ser el futuro inmediato: un país hundido cada vez más en el
retorno neoliberal, con un gobierno descompuesto que no le importa
agonizar en los años que le quedan mientras sigue avanzando hacia el
pasado, comiéndose aún más la Naturaleza, profundizando la
flexibilización del trabajo, minimizando aún más la economía social y
solidaria, endeudándose hasta el cuello... Todo vale con tal de
llevarnos... a una nueva década perdida con aroma a eterno retorno.-
Notas:
[1]
Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente
de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la
República del Ecuador.
[2] Economista ecuatoriano.
Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Doctorante en economía
del desarrollo en FLACSO-Ecuador.
[3] Por ejemplo,
durante la discusión previa a la aprobación del Presupuesto se podría
pensar en la construcción de múltiples versiones de éste, cada una
reflejando un escenario distinto en cuanto a precios del petróleo (u
otras variables macro). De esas múltiples versiones, la Asamblea podría
escoger la que parezca más razonable considerando usando como apoyo las previsiones más actuales de los mercados petroleros de futuros .
[4] Dato mencionado por Eduardo Valencia en entrevista recogida por Plan V: “La proforma presupuestaria 2019: novedades y sorpresas”, noviembre 13 de 2018. Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la-proforma-presupuestaria-2019-novedades-y-sorpresas
[5] Ver transitoria decimoctava de la Constitución de Montecristi.
[6] Ver transitoria vigesimosegunda de la Constitución de Montecristi.
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