Jorge Eduardo Navarrete
El título –un tanto engañoso– busca atraer atención. Las consultas a que alude son temas sobre los que deberán pronunciarse los ciudadanos de varios estados de la Unión Americana, en la elección de medio término, el 6 de noviembre. Lo que sigue, referido a tres de estas consultas, se basa en notas de prensa de ese país.
En el estado de Colorado se votará una restricción del fracking. La fracturación hidráulica ya se prohíbe en Maryland, Nueva York y Vermont, pero Colorado es uno de los seis mayores productores de petróleo y gas del país. De aprobarse, la Proposición 112 “requería que las compañías situasen las nuevas instalaciones al menos a 2 mil 500 pies (unos 825 metros) de distancia de casas habitación, escuelas, canales y otras áreas vulnerables –dos y media veces más que lo señalado por la actual reglamentación. Una encuesta apunta a la posibilidad de que sea aprobada por 43 frente a 41 por ciento. Los opositores, patrocinados por las empresas, disponen de mucho mayores recursos –quizá 40 veces más– que los partidarios. Éstos enfrentan la oposición de personeros de los dos partidos y del gobierno estatal, empezando por el gobernador. La propuesta ha dividido las opiniones y tornado más radicales las posiciones de tirios y troyanos. En años recientes, la extracción de petróleo y gas en Colorado ha llegado tan cerca de casas, escuelas y campos de juego que las torres de perforación, los tanques de almacenamiento, y las luminarias para trabajo nocturno ya son parte usual del paisaje urbano. Familias enteras están expuestas en todo momento a la contaminación por diversas sustancias químicas. Los voceros de las empresas han trazado un panorama catastrófico si se aprueba la medida: se perderán –dicen– más de 43 mil empleos, así como ingresos fiscales por 300 millones de dólarses en el primer año. Las repercusiones son muy amplias: la consulta influye mucho en una competencia electoral reñida, tanto por la gubernatura como por las posiciones en el Congreso; a escala nacional, se inscribe en el debate sobre protección ambiental y combate al cambio climático.
En el estado de Arizona, el de mayor insolación en Estados Unidos, se votará la Proposición 127, que propone una enmienda a la Constitución de la entidad para que las empresas de energía eléctrica generen por lo menos la mitad del total a partir de fuentes renovables. El más feroz enemigo de la propuesta es la principal generadora y distribuidora del estado, la Arizona Public Service (APS). Tras haber sido incapaz de evitar que la Proposición 127 fuera llevada a votación, la APS despliega ahora una agresiva campaña opositora. La batalla puede verse como una pugna entre la generadora más tradicional y emblemática del estado y un billonario empresario californiano, promotor de las energías renovables, deseoso de abrir nuevas oportunidades de inversión. Muchos consideran aberrante que, en un estado con más de 300 días soleados al año, la solar aporte menos de 6 por ciento de la generación total, fracción que sube a 8 por ciento si se agrega la eólica y que se espera llevar a apenas 15 por ciento en 2025. Objetivo modesto en exceso ante los avances de la tecnología solar, la caída del costo de generación y la difícil perspectiva del estado en cuanto al calentamiento de la atmósfera.
En el estado de Washington se preguntará a los electores si los emisores de gases de efecto invernadero (GEI) –empresas productivas o proveedoras de servicios– deben compensar el daño derivado de esas emisiones por medio de una cuota, no un impuesto, sobre las mismas, semejante a un precio del carbono. A diferencia de un impuesto, una cuota permitiría que lo recaudado se dedicase precisamente a financiar las reparaciones o indemnizaciones, bajo la forma de financiamiento de acciones de mitigación o de adaptación al cambio climático. Una encuesta reciente reveló que alrededor de la mitad de los electores apoyaban la cuota, mientras que un tercio se oponía y 15 por ciento se hallaba indeciso. Una cuota inicial de 15 dólares por tonelada GEI emitida, permitiría obtener recursos por 2 mil 300 millones de dólares en los primeros cinco años. Algunos oponentes han hecho notar que las empresas trasladarían el gravamen a sus clientes, siendo éstos los que se verían afectados. Ésta ha sido una campaña costosa: los opositores, sobre todo las empresas de energía y otras, han gastado alrededor de 20 millones de dólares; en tanto que los partidarios han erogado unos 14 millones de dólares. Michael Bloomberg y Bill Gates han hecho público su apoyo. Si la propuesta se aprueba, las inversiones a financiar con la recaudación incluirían proyectos de eficiencia energética y de electrificación de medios de transporte, así como programas de ayuda para los residentes de bajos ingresos y para trabajadores desplazados de la industria de combustibles fósiles.
Adviértase que los ciudadanos de EU ya se acostumbraron a las consultas. Parecen considerarlas necesarias y útiles.
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