Si es inhabilitado, sus partidarios votarían por alguien impulsado por él, según encuesta
Pese a enfrentar una condena a 12 años de prisión, tiene 37 por ciento de intención de voto
Sondeos en Brasil muestran que el ex presidente Luiz Inácio Lula da
Silva tendrá una fuerte influencia en la elección presidencial de
octubre, aunque no pueda ser candidato por los procesos judiciales que
enfrenta. En la imagen de hace unos días, el líder izquierdista con
trabajadores metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo
Dos días después de que un tribunal de segunda instancia no sólo
confirmó la condena a Luiz Inácio Lula da Silva, sino que la aumentó de
nueve años y medio a 12 años y un mes, el instituto DataFolha realizó
una encuesta electoral.
El resultado confirmó lo previsto: Lula no sólo preservó su lugar de
favorito absoluto, sino que aumentó su ventaja, de acuerdo con la
simulación de enfrentamiento con tal o cual adversario. Y más aún: en
caso de que, efectivamente, sea inhabilitado para disputar las
elecciones de octubre, 27 por ciento de sus partidarios admiten que
votarían por una candidatura respaldada por él, mientras 22 por ciento
dicen que
muy probablementelo harían.
Lula oscila, según la simulación de adversarios, entre 34 y 37 por
ciento en la intención de voto. Su más directo competidor, el
ultraderechista Jair Bolsonaro, tiene entre 16 y 17 por ciento. En
cualquier simulación de segunda vuelta, Lula gana.
En caso de que el ex gobernante no pueda presentarse, 36 por ciento
considera el voto en blanco, anularlo o abstenerse. La diferencia entre
ese grupo y el total de entrevistados que sí optarían por algún otro
nombre es muy pequeña: 39 por ciento, o sea, una distancia de 3 por
ciento.
Sin Lula, y contrariando las previsiones más alarmistas, Bolsonaro no crece tanto: a lo sumo, dos puntos.
De los nombres presentados en la encuesta, los identificados con el
actual gobierno, como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo
Maia, del derechista DEM, o el actual ministro de Hacienda, Henrique
Meirelles, alcanzan solamente uno por ciento en la intención de voto. Y
el nombre previsto por el PSDB, del ex presidente Fernando Henrique
Cardoso, el actual gobernador de San Paulo, Geraldo Alckmin, roza 8 por
ciento.
Dos puntos se confirman. El primero: los grupos que se unieron para
destituir a la presidenta Dilma Rousseff y entronizar a Michel Temer y
su círculo de confianza no tienen un nombre viable, en términos
electorales, para ofrecer al público. Tienen fuerza suficiente para una
serie de iniciativas, recortes y ajustes, pero no para elegir a alguien
de confianza, capaz de preservar la actual línea política y
principalmente económica.
El segundo: por más que de aquí a octubre se desgaste la influencia
de Lula, y por más frágil, en términos electorales, que sea el nombre
apoyado por él y por el PT, el ex presidente tendrá fuerte influencia en
las urnas.
Si se considera que Lula da Silva padeció y padece aún los efectos de
la implacable e incesante presión de todos los grandes medios de
comunicación brasileños, con énfasis en la televisión, y al mismo tiempo
es blanco de lo que acusa ser una campaña claramente orquestada por los
tribunales, observar cómo mantiene una amplia preferencia del
electorado es sorprendente. Esa circunstancia, dicen analistas
políticos, justifica los temores no sólo de que lo lleven a la cárcel,
sino que la misma realización de las elecciones pueda estar en riesgo.
Sería la culminación de una formidable secuencia de actos y
actitudes polémicas en el ámbito político-mediático-judicial que se
desarrolla frente a la inacción de los mecanismos constitucionales
existentes para impedir abusos y arbitrariedades. El Consejo Nacional de
Justicia, por ejemplo, o el Supremo Tribunal Federal.
Un dato al margen: pese al esfuerzo de los medios hegemónicos de
comunicación, la opinión pública empieza a darse cuenta de que algo raro
pasa en los tribunales cuando se trata del ex presidente.
El juez de primera instancia Sergio Moro, por ejemplo, ensalzado y
aclamado por los medios, vio aumentar su reprobación en los sondeos de
opinión. Si hace un año casi 70 por ciento de los entrevistados lo
apoyaban, ahora el índice bajó a 53 por ciento.
Una iniciativa de Moro puso en claro su criterio de equilibrio y
justicia, denunciado por más de un centenar de juristas brasileños y de
otros países.
Como se recordará, Lula fue condenado en primera y segunda instancias
por haber recibido de la constructora OAS un departamento en un
balneario vecino a San Paulo, a manera de soborno.
La única prueba –única– fue la palabra del ejecutivo de la constructora. Ningún papel, nada de nada.
Hace dos días, el mismo juez Moro determinó que el inmueble en
cuestión sea llevado a subasta pública y que el dinero que se obtenga
con la venta sea destinado, en caso de que se compruebe la
irregularidad, a indemnizar a la supuesta víctima, la estatal Petrobras.
Pero, si no se comprueba delito alguno, el dinero deberá ser destinado a la constructora OAS o al ex presidente Lula da Silva.
Esa
oexpone la fragilidad de todo el juicio.
Al fin y al cabo, si el mismo juez no sabe a quién destinar lo que se
obtenga en la subasta, ¿cómo condenó al ex presidente?, quien, a
propósito, siempre rechazó ser propietario del inmueble, que sigue
registrado a nombre de la constructora.
Si el mismo juez admite no tener seguridad sobre a quién entregar el
dinero de la subasta, en caso de que no se compruebe el soborno, gana
fuerza la versión, defendida tanto por el PT como por un nutrido
batallón de abogados, de que la condena contra Lula es injusta y
absurda.
Foto Ap
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
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