La Línea de Fuego
“La
perpetua violación de los derechos humanos en el trabajo que realizan
miles de ciudadanos ecuatorianos en las plantaciones de banano en por
lo menos seis provincias del Ecuador, no es nuevo”, se denunciaba en
una queja presentada ante la Defensoría del Pueblo en el año 2010.
Además, advertía que la violación de los derechos humanos y
constitucionales se daba por un lado, en el abuso de los empleadores o
empresarios bananeros; y por otro lado, en la ausencia del Estado
ecuatoriano en su capacidad de control. Concluía solicitando la
realización de una profunda investigación de los hechos denunciados.
Dos
años se demoró la Defensoría del Pueblo en emitir una resolución en la
que aceptaba la petición presentada, y determinaba que los derechos
humanos vulnerados por acción de algunas empresas bananeras eran el
derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho
al trabajo y el derecho a la seguridad social. Por último, aseguraba
que las fumigaciones aéreas ponían en riesgo los derechos de la
naturaleza.
También un informe de la Relatoría Especial de las
Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud,
realizado por Gulnara Shahinian durante su visita a Ecuador en el año
2010, concluía que “las formas contemporáneas de la esclavitud
subsisten en el Ecuador” y que de manera específica “también están
presentes de modo importante en los sectores primario y terciario de la
economía, en ramas de producción como las plantaciones de bananas,...”
La vulneración de derechos continúa
En
la actualidad los trabajadores bananeros, que en su gran mayoría no
quieren dar su nombre ni ser fotografiados por miedo a represalias,
siguen denunciando muchas de las problemáticas que la queja de 2010
contemplaba. Salvo algunas leves mejorías, como el hecho de que ya no
se observan menores de edad en las haciendas, muchos testimonios
continúan hablando de excesivas horas de trabajo, listas negras,
trabajadores sin seguro social y con un salario menor al básico,
persecución a dirigentes sindicales o problemas ambientales y de salud
por fumigaciones aéreas. Además, prosiguen las acusaciones contra el
Estado ecuatoriano por su incapacidad de control, y contra la
Inspectoría de Trabajo por estar controlada por los empresarios dejando
a los trabajadores desprotegidos.
Para Leonardo Jiménez, abogado de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC), “no
existe una preocupación del Estado para averiguar esta realidad. Tú
puedes ir al IEES y ver los trabajadores que están afiliados. Es fácil.
Si en una hacienda hay 100 trabajadores y ves que solo hay 50
afiliados, ya sabes. Y la cuestión de los contratistas es ilegal por el
tema de la intermediación laboral que prohíbe el Estado ecuatoriano, y
sin embargo sigue pasando”. Afirma que para las autoridades todo está
correcto, pero que existe otra realidad que es fácil de conocer si de
verdad hubiera voluntad de hablar con los trabajadores que son quienes
sufren los problemas. “No hay una verdadera protección del Estado hacia
el trabajador para que pueda reclamar y que se le respeten sus derechos
laborales”, asevera.
“Hay unas reglas pero no se cumplen”
Carlos
–nombre ficticio-, lleva desde los 13 años trabajando en el sector
bananero. Son ya 20 desde que tuvo que comenzar para ayudar
económicamente a sus padres. “Estaba en el colegio en aquel entonces,
pero en vista de que tenía que ayudar a mi familia, decidí trabajar y
dejé los estudios”. Afirma que trabajó durante diez años sin estar
afiliado al seguro social porque desconocía su existencia, hasta que un
amigo se lo explicó.
Refiriéndose a las condiciones laborales
actuales, asegura que al menos en la provincia de Los Ríos la situación
de los trabajadores ha empeorado, ya que la mayoría no están afiliados
al seguro social. “Se supone que se habían acabado las famosas
tercerizadoras, pero ahora hay otra figura, los famosos contratistas.
Lo contrata alguien para que lleve un personal y supuestamente ya no
trabajamos para la empresa, trabajamos para el contratista. Y la
empresa nos dice que le reclamemos al contratista, y la ley no dice
así”, sentencia.
Otra de las preocupaciones de Carlos tiene que
ver con el transporte del personal laboral. Aunque hay varias empresas
que ya emplean buses para su traslado, todavía la mayoría continúa
utilizando camiones, muchos de ellos de ganado. También considera que
se debería mejorar la comida. “No es idónea, y no es que queremos comer
cosas finas pero algo que sea agradable. Le reclamamos a las cocineras,
pero ellas nos dicen que cómo le podemos dar algo mejor si a ellas les
pagan entre café y almuerzo entre 1 dólar y 1,25”.
Carlos también
denuncia que cuando las autoridades de trabajo acuden a las haciendas a
realizar inspecciones, muchas veces estas visitas están arregladas de
antemano con los empresarios. “Hablan con varios trabajadores y le dan
todos los implementos y cuando llegan las autoridades, ven que todos
tienen los materiales: guantes, mascarillas, botas, etc,... materiales
que yo nunca he tenido”, sentencia.
Pero lo que más le preocupa
son las fumigaciones aéreas. “A los empresarios les da lo mismo,
estamos en plena cosecha y pasa la avioneta. Es un líquido y el viento
lo esparce y nos llega a nosotros, incluso a veces cuando estamos
almorzando. Conozco que alguna empresa retira al personal durante una
hora pero no sé si eso es suficiente”, lamenta.
También conoce y
describe numerosos casos de compañeros a los que las empresas le cobran
una “provisión de vacaciones”, o el 1% de su salario por una asociación
de trabajadores de la que nadie ha escuchado hablar. O de otras
empresas que realizan exámenes de sangre una vez al año cobrándoles 36
dólares y que nunca han comunicado los resultados de las pruebas. “Y
hay unas reglas pero no se cumplen”, concluye.
Explotación laboral
“Sí,
yo estoy en la lista negra”, asegura con rotundidad Abel Sedeño, que en
estos momentos sí puede trabajar porque lo hace por medio de un
contratista que se lleva el 10% de su salario. “La Inspectoría de
Trabajo sí está enterada de todo, y lo que nos gustaría es que se haga
un seguimiento honesto dentro de las empresas, una investigación donde
vengan de verdad personas honestas a preguntar a los trabajadores cómo
les tratan, cuántas horas trabajan. Porque son ocho horas laborales
pero se está laborando más, de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Y por supuesto nadie cobra horas extras”, continúa. Además, denuncia
que cuando las empresas saben que hay trabajadores que realizan
reclamos, buscan la forma para despedirlos. “También obligan a los
trabajadores a firmar muchos papeles como que les dan muchas cosas, lo
que no es verdad, para después presentarlos en Quito y así parecer que
está todo bien”, concluye.
“Yo llevo trabajando en este sector
solo dos años. El trato es regular, pero el salario es bajísimo”.
Fernanda –nombre ficticio-, trabaja desde la siete de la mañana hasta
las cinco de la tarde dos días a la semana, y gana cinco dólares por
camión. Cada día son dos camiones por lo que su salario es de diez
dólares al día, es decir, un dólar la hora. “Ahora mismo trabajo para
un productor pequeño que no cumple con la ley porque no asegura a los
trabajadores”. Fernanda relata que en la anterior empresa trasladaban
al personal en un carro ganadero que los fines de semana iba a la costa
a vender plátano. “Y así sucio nos hacían subir para viajar más de una
hora al trabajo”. Desde su experiencia, cuenta que a los trabajadores
no les entregan uniforme ni materiales de trabajo, y que las avionetas
continúan fumigando mientras trabajan. “Algunas personas se han
intoxicado pero las botan, les dicen que ya no hay trabajo por algún
motivo inventado. Aunque ahora sí nos dan una mascarilla”.
Amenazado por organizar a los trabajadores
Luis
Ochoa llevaba trabajando en el sector bananero toda su vida. Comenzó a
los cinco años cuando sus padres le llevaban a la hacienda, y así fue
como poco a poco aprendió el oficio. Pero todo cambió a partir de junio
del año pasado cuando, junto a otros compañeros, comenzaron a organizar
una asociación con la intención de reclamar sus derechos. “Alquilamos
un local donde nos reuníamos y un abogado nos asesoraba. Recogimos las
firmas para formarla y le pusimos el nombre de “7 de junio”. El 14 de
agosto de 2014 se presentó al Ministerio Laboral y el 24 de octubre me
despidió la empresa porque yo era el secretario general. También
echaron a toda la directiva. La empresa es Compañía Frutsesa Frutas
Selectas”, relata Ochoa algo apenado.
En abril de este año Ochoa
participó en el Tribunal Ético Andino que se celebró en Lima, Perú.
Este Tribunal condenó a las empresas bananeras Compañía Frutsesa Frutas
Selectas S.A. y REYBANPAC Rey del Banano del Pacífico S.A. por ser
responsables directas de hechos sistemáticos de violación a los
derechos humanos. “Allí denuncié que habían violado nuestros derechos y
cuando regresé comenzaron las amenazas”. Llamadas intimidatorias en las
que le decían, “Luis Isidro, te tengo cerca” o mensajes de texto como
“Te tenemos cerca. Ya verás recontrachucha de tu madre por
estar jodiendo a la gente que está trabajando bien. Espera y verás”.
Hechos que denunció el pasado mes de mayo ante la Fiscalía Provincial
del Guayas. Todavía no ha recibido respuesta. “El Presidente dijo que
cualquier trabajador se podía asociar, formar una asociación
libremente, que ningún empresario lo podía botar y yo estoy hasta
perseguido ahorita por eso, por seguir los pasos que decía el
Presidente”, asegura.
Después de todas estas amenazas, Ochoa
también ha recibido alguna llamada de sus excompañeros de trabajo
advirtiéndole que tenga cuidado porque podrían contratar a un sicario.
Lo que ha significado que tenga que salir de su residencia habitual y
esconderse en otro lugar para resguardar su vida. Ochoa nunca imaginó
que después de 45 años en el sector bananero le sucedería algo así.
Pero lejos de bajar los brazos, está seguro de que al final otros
compañeros formarán la Asociación. “No nos vamos a dejar vencer. Nos
han ganado la batalla, pero no la guerra”, sentencia con rotundidad.
Acoso laboral y sexual
Jennifer
–nombre ficticio-, comenzó a trabajar en el sector bananero a los 18
años y tras de una década y media asegura que uno de los problemas que
existe en la actualidad en la empresa es que “hay mujeres que trabajan
menos y ganan más, y mujeres que trabajamos más y ganamos menos”. La
razón: la existencia de una estructura de opresión que empuja a muchas
mujeres a mantener relaciones sexuales con sus superiores. “Ya que las
que tienen esas relaciones con el jefe hacen casi lo que quieren y una
está ahí trabajando todo el tiempo. Y ponen más cerca de ellos a las
mujeres que pueden conseguir. Todo esto no es justo”, sentencia.
Otro
caso es el de Ana, que no quiere dar sus apellidos. “Sí, hay acoso
hacia las mujeres. Aunque yo no he tenido ningún problema, todas
conocemos algún caso. Tengo una amiga que como no quiere vacilar con el
jefe, este le hace la vida imposible. Y a las jovencitas que entran a
trabajar, siempre se quieren aprovechar de ellas. Lo que el
administrador le pide es acostarse con él para mantenerla en el
trabajo. Y ellas acceden y consiguen privilegios como salir de
vacaciones cuando ellas quieran. Y si no acepta, la presionan por medio
del trabajo, o las despiden o le mandan a realizar otros trabajos más
desagradables”. Además, asegura que al mismo trabajo las mujeres cobran
menos que los hombres. “Pero nadie pregunta, porque si lo haces puedes
tener problemas. A ellos no les gusta que preguntemos”, relata en un
susurro.
“El Gobierno no deja que nos organicemos”
La
Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC), que
agrupa aproximadamente a 500 integrantes entre hombres y mujeres de las
provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro, tiene su origen en la
Coordinadora Provincial que se formó en el 2010 y a la que se le negó
su acreditación. Posteriormente, en el 2012 nace ASTAC con el objetivo
de defender los derechos de los trabajadores bananeros, agricultores y
campesinos. “Tenemos problemas a nivel de Gobierno. El Ministerio de
Relaciones Laborales no deja que nos organicemos. Creo que hay
presiones de los grandes empresarios al Gobierno para que no nos den la
personería jurídica”, asegura su presidente, Roberto Amanta. Hasta
ahora las autoridades gubernamentales le han negado su constitución,
alegando que es una asociación autónoma sin relación de dependencia, lo
que vulnera el Código de Trabajo.
“Hemos hecho todas las
diligencias y recurrido a las instancias legales del país, y aún así no
hemos sido atendidos. Somos negados los trabajadores bananeros a no
poder reclamar nuestros derechos dejando a miles de trabajadores a
nivel nacional totalmente desamparados. Nosotros seguimos insistiendo e
incluso hicimos un llamado a instancias internacionales como la
Organización Internacional del Trabajo el pasado mayo para que haga
incidencia ante el Gobierno nacional”, asegura.
Amanta también
denuncia que están recibiendo presiones por medio de llamadas que
tratan de indagar quiénes están detrás de la asociación. “Es el
Gobierno pero de manera indirecta por medio de terceras personas. Son
allegados al Gobierno y a los grandes empresarios que están
preocupados. Pero estamos dispuestos a enfrentar la situación”.
Última queja y diálogo nacional
“En
enero de este año presentamos otra queja ante la Defensoría del Pueblo
y a partir de ahí se han celebrado dos reuniones, donde asisten algunos
ministerios y entidades públicas, pero no el de Relaciones Laborales ni
los de riesgos de trabajo que son dos puntos importantes que
necesitábamos”, explica Amanta.
Lamenta que al diálogo nacional
nunca han sido invitados y que previamente, en el mes de abril,
solicitaron acudir a la Asamblea Nacional para hablar en la Comisión de
los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, pero nunca
tuvieron respuesta. Lo mismo les ocurrió con la solicitud, en el mismo
mes, de una audiencia con el ministro de Relaciones Laborales, Marx
Carrasco. “Entonces ¿cómo se le puede llamar ahora diálogo cuando ellos
nunca nos dieron el diálogo? Es absurdo, este no ha sido un Gobierno de
diálogo”.
Orlan Cazorla (@orlancazorla) es periodista freelance en América Latina. Autor de www.orlancazorla.net
Fuente original: http://
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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