Pese
al interesante proceso abierto en el que coinciden diferentes hechos y
actores como una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y
legítimas protestas ciudadanas que lograron ya la dimisión y
encarcelamiento de Roxanna Baldetti (ex vicepresidenta) y Otto Pérez
Molina (ex presidente y militar acusado de graves violaciones de
Derechos Humanos durante el conflicto armado) y pese al fuerte
cuestionamiento hacia la clase política vista como corrupta e impune,
las y los guatemaltecos acudirán a las votaciones del 6 de septiembre y
le darán la victoria a partidos y candidatos de derecha y provenientes
del podrido sistema político.
Los sectores sociales y populares,
los sectores críticos que intentaron detener las elecciones o aquellos
que no estamos de acuerdo con ellas, debemos reconocer que,
independientemente del resultado concreto, el 6 de septiembre habrá una
victoria del statu quo y de los políticos tradicionales.
Los
votos a partidos minoritarios, los votos nulos, los en blanco o la
abstención no podrá cambiar el voto de la mayoría que emitirá su
sufragio por un candidato y un partido determinado represente del mismo
statu quo que se ha aprovechado de la corrupción, privilegios e
impunidad que ofrece este sistema y que no lo va a cambiar a menos que
se le fuerce con medidas de presión populares.
En estas elecciones no habrán cambios sustanciales.
Pongamos
por caso un escenario con poca participación para este proceso
electoral: si en las elecciones de 2011 asistió un 70% de empadronados
(más de 5 millones de personas) y ganó el “menos peor” con un poco más
del 30% de empadronados, este año el porcentaje de votantes podría
descender un importante 20%, es decir, que “sólo” llegara la mitad de
los empadronados (3.75 millones de personas). Además, podríamos
considerar que de esa cantidad, una tercera parte vote nulo o en
blanco.
Aun así, todavía tendríamos que 2.5 millones de personas emitirán un voto válido por esos partidos representantes del sistema.
Esos
2.5 millones de personas repartirán sus votos mayoritariamente entre 3
candidatos a la presidencia y por los respectivos diputados y alcaldes
de los mismos partidos, lo que representa en los términos que
establecen las leyes electorales, una victoria legítima. Incluso
podríamos pensar que los números se reducen todavía más y que solo un
20% de los empadronados emiten su voto por un candidato en particular,
todavía así tendríamos una victoria igual de válida de acuerdo a las
leyes y normas vigentes.
Esta es la trampa de las elecciones
que no se pudieron cambiar pese a las importantes protestas ciudadanas
o los recursos y demás acciones que intentaron frenarlas.
¿La razón? Un panorama con la izquierda dividida (para variar) y que no
supo recoger y expresar las demandas populares. Es decir, una crisis
política en la que los sectores sociales y populares fueron agarrados
de improviso, sin partido y sin programa.
Ahora bien, si ese es un panorama bastante posible, ¿qué hacer después?
Esta
es la pregunta que los sectores sociales y populares, críticos y de
izquierda estamos obligados a contestar y enfrentar después de lo que
pase este 6 de septiembre, en este panorama político fraudulento e
ilegítimo, pero que se llevará a cabo dada la institucionalidad y las
reglas existentes.
Es por ello que la opción es continuar
protestando y tratando de hacer cambios efectivos que no van a pasar
por las elecciones de este 6 de septiembre.
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