Agosto
estuvo dominado por uno de los grandes males que cada día sufre El
Salvador: los homicidios. Según el director del Instituto de Medicina
Legal, los 911 asesinatos del mes superan cualquier cifra precedente
desde la época del conflicto armado. Con un promedio de casi 30 muertes
violenta diarias, entre las víctimas se contabilizan 108 menores de
edad (un niño de cuatro años entre ellos) y 26 adultos mayores. Con 311
casos, San Salvador fue el departamento con mayor cantidad de
homicidios, seguido por La Libertad, con 82; Usulután, con 80; San
Miguel, con 79; Sonsonate, con 69; y La Paz, con 67. La mayoría de las
víctimas tenían edades entre 15 y 59 años. Cerca del 85% fue ultimada
con arma de fuego y más del 7%, con arma blanca.
De
acuerdo a los datos de Medicina Legal, los 4 mil 243 homicidios
registrados entre enero y agosto de 2015 rebasan las muertes violentas
ocurridas anualmente entre 2012 y 2014. Las cifras proporcionadas por
la institución forense indican que en 2014 ocurrieron 3 mil 912
homicidios; en 2013, 2 mil 513; y en 2012, 2 mil 594 casos. Los grupos
de edades más golpeados por este espiral de violencia fueron, en orden,
los de 20 a 24 años, de 15 a 19 años, de 25 a 29 y de 35 a 39 años.
Esta población representa el segmento de la población económicamente
productiva. Por otra parte, un reciente informe de la Unicef señala que
El Salvador está a la cabeza de los países con mayores tasas de
homicidios contra niños y adolescentes de entre 0 y 19 años, con 27
muertes por cada 100 mil habitantes.
Tras estos datos
estadísticos hay mucho sufrimiento, vidas truncadas, familias
destruidas, crímenes que quedan en la impunidad, víctimas abandonadas a
la incertidumbre y mucho temor. Visibilizarlos y resaltarlos, por
tanto, no es por morbo o por afán de recoger información cuantitativa
del delito, sino para tomar dolorosa conciencia y no acostumbrarnos a
estas cifras pensando que son inevitables; eso nos llevaría a la
insensibilidad e indiferencia, y, por ende, a la pérdida de lo humano.
En ese marco, el paso de la violencia de agosto a los actos cívicos de
independencia de septiembre ha puesto en el discurso oficial la
necesidad de cultivar aquellos valores necesarios para enfrentar con
eficacia los actuales desafíos. Se habla de unidad, valentía y
esperanza. Dicho en palabras del presidente Salvador Sánchez Cerén:
“Este mes queremos hacer que en el corazón de la sociedad salvadoreña,
que en el corazón de niños, niñas y jóvenes se impregnen estos tres
valores: la importancia de estar unidos ante las adversidades y los
triunfos; la valentía para enfrentar los nuevos desafíos; y la
esperanza de este pueblo en construir futuro”.
Hay que
recordar, sin embargo, que la unificación de la sociedad salvadoreña es
una asignatura pendiente desde la firma de los Acuerdos de Paz. La
sociedad salvadoreña tiene como uno de sus principales desafíos buscar
la unidad social. Y esta, en principio, supone construir e implementar
un nuevo modelo de sociedad que fortalezca la inclusión, el
empoderamiento ciudadano, la cohesión social y el combate estructural a
la pobreza y la desigualdad. Ya existen propuestas concretas en este
sentido. De lo que se trata ahora es de avanzar en el consenso de
políticas públicas, cuya prioridad sea el bienestar de la población.
Todo ello conscientes de que la unidad de un país no se impone; se
cultiva mediante el diálogo, la razón y la apertura hacia el
pensamiento crítico.
Con respecto a la valentía para
enfrentar los nuevos desafíos, en específico el miedo social derivado
de la inseguridad y la violencia, debemos decir que su superación no es
solo ni principalmente cuestión de fomentar en la ciudadanía una
percepción más positiva o de alabar sus actos de heroísmo ante
situaciones adversas. La valentía social requiere, por una parte, la
implementación de procesos de empoderamiento mediante el cual se
potencian y despliegan las capacidades de la gente; y por otra, el
fortalecimiento de las instituciones públicas de cara a recuperar
credibilidad y confianza, habitualmente perdidas por su ineficacia y/o
corrupción. Un empoderamiento necesario y urgente, por ejemplo, es el
que debe propiciarse con las víctimas de la violencia. El Gobierno está
en la obligación de impulsar estrategias integrales, que incluyan
acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y mecanismos de
protección.
El tercer valor al que hizo referencia el
Presidente es la esperanza. Y en condiciones tan difíciles como las
actuales, podemos hablar de esperanza contra toda esperanza. Ahora
bien, para evitar interpretaciones ambiguas de la misma debemos decir
que esta no consiste en la reacción optimista de un momento, sino en un
talante, un estilo de vida, una manera de afrontar el futuro de forma
positiva y confiada, sin dejarnos atrapar por el derrotismo. Se afirma
que lo propio del que vive con esperanza (persona o pueblo) es su
actitud positiva, su deseo de vivir y de luchar. Las personas cuya
esperanza es fuerte, ven y fomentan todos los signos de la nueva vida y
están preparados en todo momento para ayudar al advenimiento de lo que
se halla en condiciones de nacer. La esperanza, por tanto, no es una
actitud pasiva; al contrario, es un estímulo que impulsa a la acción.
De tal modo que quien vive animado por la esperanza no cae en la
inercia, sino que se esfuerza por cambiar la realidad. Quien vive con
esperanza es realista, asume los problemas y dificultades, pero lo hace
de manera creativa, dando pasos, buscando soluciones y contagiando
confianza.
En las actuales circunstancias, cada acto de
solidaridad hacia las víctimas de la violencia o de la injusticia
social es fuente de esperanza. Una sociedad participativa, con
autoestima e identidad cultural es motivo de esperanza. Un país de
todos y para todos, donde se potencien las capacidades de sus
habitantes, para el beneficio propio y colectivo; donde la juventud
encuentre nuevos vínculos de pertenencia; donde se fortalezcan el bien
común y los derechos fundamentales de las personas siembra esperanza.
Vincular
la independencia patria a la unidad, la valentía y la esperanza tiene
exigencias ineludibles. Es más que un discurso retórico. Es, ante todo,
un compromiso: hacerse cargo de lo que hoy impide, en gran medida,
tener condiciones de libertad. Nos referimos a los elevados niveles de
violencia, criminalidad y miedo que limitan la movilidad y la calidad
de vida de muchas familias; a las históricas condiciones de exclusión y
vulnerabilidad social que restringen las opciones de desarrollo al que
tiene derecho la ciudadanía; a los patrones culturales que toleran,
normalizan y reproducen la violencia; a la debilidad de las
instituciones del Estado que genera impunidad y corrupción; y a la
ausencia de una visión compartida sobre el proyecto de sociedad que
deseamos para el país. Tenemos aquí, pues, una agenda de prioridades
que exige hoy la construcción de una nación libre.
08/09/2015
- Carlos Ayala Ramírez es director de radio YSUCA, El Salvador.
http://www.alainet.org/es/articulo/172275
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