El
relato oficial sobre la tragedia de Iguala quedó reducido a cenizas. La
"verdad histórica" del ex procurador Jesús Murillo Karam fue devorada
por el fuego de las evidencias. El informe del Grupo Interdiciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) demolió desde sus cimientos la versión
gubernamental de los hechos. Como dijo una madre de familia: "Sabíamos
que era mentira".
Según el informe del GIEI, los ataques
a los normalistas rurales de Ayotzinapa en Iguala, el 26 de septiembre
pasado, buscaron impedir que los tres autobuses tomados por los jóvenes
en Iguala y los dos en los que habían llegado salieran de la ciudad.
También castigar a los muchachos.
Es falso que –como dijo
Murillo Karam– los estudiantes pretendieran sabotear el acto de María
de los Ángeles Pineda como presidenta del DIF de Iguala. Cuando ellos
llegaron a la ciudad el evento tenía una hora de haber terminado.
La
agresión contra los alumnos fue masiva, escalonada e indiscriminada. Se
desarrolló en nueve distintos lugares y en diferentes momentos (durante
tres horas), bajo una dirección y coordinación.
La
magnitud y sofisticación de los ataques requirieron de niveles
complejos de comunicación, infraestructura y coordinación que ni
remotamente corresponden a los que posee el grupo de Guerreros Unidos
en la zona. No hay en Iguala antecedentes de un operativo de esta
magnitud ni en los asesinatos, ni en las desapariciones, ni en el
ocultamiento de restos humanos en fosas. Alguien más, con más recursos,
conocimiento y capacidad de actuar en el terreno, tuvo que hacerse
cargo de esa tarea.
El operativo contra los normalistas
tuvo dos etapas distintas: las dos caras de una misma moneda. En la
primera, la del ataque a los autobuses y a quienes participaban en la
conferencia de prensa para denunciar los ataques iniciales, los
agresores no ocultaron su identidad y no les importó actuar ante
testigos. En la segunda, la de la desaparición forzada de los jóvenes,
los perpetradores buscaron ocultar y borrar las huellas del crimen y su
identidad. La decisión de desaparecer a los estudiantes tuvo
continuidad con la violencia desatada contra ellos desde el inicio.
Ambas fueron parte de una misma operación.
Según los
especialistas de la CIDH, un peritaje calificado e independiente
mostró, fehacientemente, que es insostenible la versión gubernamental
de que los 43 normalistas fueron asesinados por un grupo de sicarios y
sus restos incinerados en un basurero del municipio de Cocula. Así, el
corazón del relato gubernamental naufragó estrepitosamente.
El
informe no sólo muestra que la "verdad histórica" fue mentira. También
abre serias interrogantes sobre la responsabilidad de funcionarios
públicos e instituciones de seguridad en las ejecuciones
extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los atentados contra los
alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Las
policías estatal, municipal y federal, así como el Ejército, estuvieron
informados en tiempo real, y prácticamente en todo momento, de los
trágicos acontecimientos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Las
fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento a través del Centro Estatal
de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de lo que los
normalistas de Ayotzinapa hicieron desde su salida de su escuela,
faltando un minuto para las 6 de la tarde, hasta que fueron atacados y
detenidos.
A pesar de que agentes de diferentes fuerzas
de seguridad o del Ejército supieron que los estudiantes de Ayotzinapa
estaban siendo atacados violentamente por uniformados y por civiles
armados, no hicieron nada por evitarlo. No obstante que policías y
soldados se encontraban en el lugar mismo de los hechos, permitieron
que los jóvenes fueran salvajemente agredidos.
Sin
embargo, hay dos momentos en que las comunicaciones en el C-4 en poder
del GIEI desaparecieron. Curiosamente esa falta de información coincide
con el tiempo posterior al primer ataque en la calle Juan N. Álvarez y
al instante en que se perpetra una segunda agresión en el mismo lugar.
De acuerdo con un documento oficial de Protección Civil de la
coordinación de Chilpancingo, la transmisión de información a partir
del C-4 se suspendió en ciertos periodos porque la comunicación fue
intervenida por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esto
significa que, por alguna razón que no se ha esclarecido, el Ejército
bloqueó la comunicación del C-4 justo en el momento en el que se
efectuaron dos de los ataques claves contra los normalistas. El porqué
lo hizo es una pregunta sin respuesta.
No son los únicos
casos en que el informe señala la participación de militares en la
noche de Iguala. Elementos del 27 batallón de infantería estuvieron
presentes en varias escenas del crimen, buscaron infructuosamente
estudiantes detenidos en la comandancia de policía e interrogaron (y
amenazaron) a los jóvenes que se encontraban en la clínica Cristina
solicitando que uno de sus compañeros fuera atendido.
La
tragedia de Iguala es hoy un terreno de lucha entre la memoria y el
olvido. El gobierno apostó a dejar atrás los ataques, las ejecuciones
extrajudiciales y las desapariciones forzadas de los normalistas. Los
padres de familia de las víctimas no han cejado en que se llegue a la
verdad de los hechos y se haga justicia. El informe del GIEI es un
punto a favor de la lucha por la memoria. Un paso adelante en la
búsqueda de la verdad y la justicia.
Twitter: @lhan55
http://www.alainet.org/es/articulo/172264
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