Unos 30 inspectores del Ministerio de Trabajo de Honduras se encontraban este martes en las instalaciones de una empresa de capitales estadounidenses y coreanos acusada de obligar a sus trabajadores a utilizar pañales ante la prohibición de ir al baño durante la jornada laboral.
TEGUCIGALPA El ministro Jorge Bográn señaló que los inspectores se encontraban en las instalaciones de Kyungshin-Lear Honduras Electrical Distribution Systems “para tratar de verificar la certeza de la denuncia”.
Agregó además que mantuvo una reunión con representantes de la compañía “para mostrarles nuestra extrema preocupación por estas denuncias que tienen lugar en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (CAFTA, en inglés)” y afirmó que “se le ha dado de plazo a la empresa hasta el viernes para que reconozca al sindicato de trabajadores, cosa que aún no ha sucedido, y aclare la situación”.
Kyungshin-Lear Honduras Electrical Distribution Systems es la delegación local de Lear Corporation, una empresa con sede en Michigan con 115 mil empleados en 36 países.
En Honduras está instalada desde hace 10 años, emplea a alrededor de tres mil 500 trabajadores y fabrica autopartes para vehículos Hyundai y Kia, explicó el ministro.
María Centeno, despedida en abril tras siete años y medio de trabajo en la compañía y miembro de la Central General del Trabajo, dijo que “desde el primer día... los trabajadores de esa empresa son expuestos a violaciones de sus derechos laborales y humanos”.
Centeno denunció que “en una jornada de trabajo de nueve horas paradas en una cadena de montaje sólo se nos permitía ir al sanitario una vez por día, en la tarde, y nosotras mismas decidimos pagarpañales para evacuar nuestros líquidos y manejar la situación que tiene ver con nuestra menstruación”.
La trabajadora también explicó que a los empleados “se les niega el derecho al descanso... y no se nos pagaban las vacaciones ni las horas extras”.
Daniel Turón, secretario general de la Central General del Trabajo dijo que “después de dos años de intentos de sindicalizar a los trabajadores y recibir informes de las violaciones a los derechos humanos que sufren... decidimos destapar este escándalo para que desde los Estados Unidos se le mande un mensaje a la empresa”.
Pero el apoderado legal de la compañía, Edgardo Dumas, dijo en declaraciones a la radioemisora HRN que “las acusaciones de los trabajadores y el Ministerio de Trabajo son falsas y temerarias” y que tienen la documentación para demostrarlo.
Dumas dijo que cree que “el gobierno pretende que la empresa abandone el país”.
El presidente de la Asociación de Maquiladores de Honduras, Daniel Facussé, coincidió en que se trata de “una falsedad y una difamación establecida por trabajadores manipulados por la injerencia de los sindicatos de los Estados Unidos que quieren recuperar los puestos de trabajo que perdieron en su país”.
Facussé sostuvo además que la empresa ya fue inspeccionada por el Ministerio de Trabajo hondureño y que “existe documentación que así lo demuestra”.
Sin embargo, Selvin Martínez, Jefe de la Inspección de Trabajo, dijo que “han tratado de inspeccionar la empresa y verificar las denuncias en al menos cinco ocasiones en el último año y los inspectores de trabajo no han sido autorizados hasta hoy a entrar a sus instalaciones”.
Martínez también explicó que “se ha sancionado a esta empresa en cinco ocasiones con el monto máximo que permite la ley de Honduras por impedir una inspección laboral, cinco mil lempiras (unos 250 dólares)”.
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