Managua,
1 ago (PL) Nicaragua, en la voz del presidente Daniel Ortega, defendió
su derecho soberano a exploraciones petroleras en sus aguas
territoriales en el mar Caribe, frente a imputaciones de los gobiernos
de Colombia y Costa Rica.
Escrito por María Julia Mayoral
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01 de agosto de 2013, 09:19Por María Julia Mayoral
Con asidero legal en el fallo de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ), el Ejecutivo otorgó aquí concesiones a
compañías extranjeras para investigar en áreas pertenecientes a los más
de 90 mil kilómetros cuadrados de espacio marítimo devueltos al país
por el máximo tribunal de Naciones Unidas en noviembre de 2012.
Empresas estadounidenses recibieron el permiso y están en proceso
aprobaciones similares para firmas españolas, confirmó este miércoles
Ortega, al intervenir en el acto por el aniversario 34 de la Fuerza
Aérea del Ejército.
Según declaró recientemente el titular de
Energía y Minas, Emilio Rappacioli, la española Repsol Exploración S.A.
figura entre las compañías interesadas en invertir.
Hasta el
momento, las autorizaciones son para la fase exploratoria de
hidrocarburos y no de explotación, precisó Ortega, quien notificó la
próxima instalación de una plataforma para tales fines.
"Ya
están aquí los helicópteros que llegaron de Canadá, que van a estar
volando desde Bluefields (costa caribeña) hasta la zona definida en
unos cuadrantes marítimos", explicó el estadista.
A juicio de
la cancillería colombiana, "Nicaragua está realizando una oferta de
bloques para exploración y explotación de hidrocarburos, costa afuera
en el mar Caribe, incluyendo bloques en áreas que le pertenecen a
Colombia y en las de otros países de la región cuyos intereses también
son afectados por esta pretensión".
Bogotá definió además que
"no aceptará ni permitirá labores de exploración o instalación de
infraestructuras para explotación de hidrocarburos bajo concesiones que
pretendan ser otorgadas por el gobierno de Nicaragua en áreas que
corresponden a Colombia".
"Muchos de estos bloques están
ubicados dentro del área de la reserva de biósfera Sea Flower,
reconocida por la Unesco, donde la protección de los recursos naturales
es obligatoria", afirmó el texto.
En respuesta a tales
afirmaciones, Ortega reiteró anoche que Nicaragua se comprometió desde
el primer momento a respetar el vasto patrimonio de biodiversidad en
Sea Flower, cuya soberanía comparten ambos países a partir de la
sentencia de la CIJ.
Asimismo, invitó a su homólogo colombiano,
Juan Manuel Santos, a nombrar una delegación para armonizar la
administración de lo decido por la CIJ y remarcó la voluntad de evitar
conflictos.
El Jefe de Estado aseguró que su gobierno está
actuando conforme a la ley, "y esto lo podemos demostrar en cualquier
organismo internacional donde se quiera llevar el caso, porque Costa
Rica habla de llevar el caso a organismos internacionales".
"Nosotros tenemos la fuerza, la fortaleza del fallo de la Corte de la
Haya que nos permitió recobrar ese inmenso espacio marítimo para
beneficio del pueblo nicaragüense", aseveró.
Todas las
concesiones están dentro del ámbito de nuestra frontera marítima,
insistió Ortega al gobierno de Costa Rica, encabezado por la presidenta
Laura Chinchilla, con el cual Managua sostiene conflicto limítrofe y
medioambiental asociado al río San Juan.
Consultado por la
prensa en esta capital, el excomandante Edén Pastora opinó que las
acusaciones en boca de la presidenta Chinchilla constituyen un hecho
grave y forman parte de una cadena de decisiones erráticas en torno a
las relaciones bilaterales.
De acuerdo con Leonel Teller,
exembajador nicaraguense ante la Unión Europea, la mandataria
Chinchilla lo que busca es "ocultar y tirar una cortina de humo sobre
los gravísimos problemas sociales y económicos que ella no ha podido
administrar como presidenta de Costa Rica".
Como punta del
iceberg aparece ahora el tema de las prospecciones en el mar Caribe; en
la base de los conflictos subyacen diferendos de vieja data, ligados a
ansias expansionistas desde los tiempos coloniales, ante los cuales
Nicaragua asegura defender sus derechos con estricto apego a la ley. |
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