De acuerdo con el fiscal Gilbert Muñoz, la exautoridad, quien recibió asilo en la vecina nación de Paraguay, deberá responder ante los tribunales por el caso Imbolsur, con daños económicos de mil 339 millones de bolivianos (poco más de 191 millones de dólares).
Muñoz precisó que la vista responde a los preceptos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que establece atender con celeridad delitos en los cuales estén comprometidos los intereses patrimoniales del Estado Plurinacional.
El caso se refiere al incumplimiento de la empresa Imbolsur en la provisión de dos mil 990 toneladas de cemento asfáltico para la construcción de la carretera Puerta El Chaco-Canaletas.
Cossío hubiera demorado nueve meses para intervenir, en el cual expiró la boleta de garantía de esa empresa y causó una cuantiosa pérdida económica.
Según el ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Bolivia, Cossío tiene otros cargos por malversar recursos de la gobernación tarijeña.
También el Ejecutivo ha solicitado a la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) de Paraguay que revoque el refugio político que concedió en enero último al ex gobernador,
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