Salazar calificó la cifra de escalofriante y señaló que de ese total 15 mil 600 corresponden a víctimas de desapariciones forzosas, atribuidas a agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraron con ellos.
Entre esas víctimas se cuentan más de tres mil mujeres e igual cantidad de menores de 20 años, precisó el funcionario durante un seminario para la paz en Colombia, celebrado en Bogotá.
El representante de Naciones Unidas señaló que por décadas miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, en muchos casos asociadas con desapariciones forzadas.
"La desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen, y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante en la comisión de este crimen", agregó.
Por otra parte, el funcionario lamentó la poca receptividad de parte del Ministerio de Defensa y del Ejército a las recomendaciones hecha por su Oficina para que ayuden a identificar a los desaparecidos y colaboren con la justicia.
Sobre ambas recomendaciones no vemos progreso, acotó, al tiempo que destacó la labor de los familiares de los desaparecidos para avanzar en la lucha contra ese crimen.
No obstante, advirtió que aún queda mucho camino por recorrer.
Salazar recordó que Colombia adoptó la figura de la desaparición forzada en 2000 y ratificó el Estatuto de Roma, norma fundacional de la Corte Penal Internacional.
La Corte, con sede en La Haya (Países Bajos), es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.
No forma parte de Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el referido Estatuto
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