Después del golpe de Estado, Zelaya se convirtió en una víctima de los golpistas y en un ídolo de un sector de las masas populares, sobre todo por su valentía de destituir al general Romeo Vásquez y del fallido intento de convocar al pueblo para cambiar las podridas instituciones políticas de Honduras.
Zelaya: rehén de los golpistas
El destierro del ex presidente Zelaya fue una parte importante del plan de los golpistas: el objetivo siempre fue mantenerlo como rehén ante cualquier posible negociación. Mientras más fuertes y masivas eran las movilizaciones de la Resistencia, más dura e innegociable era la posición de los golpistas en torno al destierro.
En estos casi dos años de luchas y movilizaciones contra el golpe de Estado y sus herederos, de zozobra e inestabilidad política, plagados de represiones y asesinatos selectivos, de brutales ataques a las conquistas laborales, si bien es cierto no lograron doblegar la Resistencia de las masas populares, si han logrado cansar a los trabajadores, preparando condiciones sicológicas para aceptar cualquier salida.
El Acuerdo de Cartagena
En este contexto de decaimiento de las luchas populares se produjo el Acuerdo de Cartagena, un proceso de negociación política secreta entre el gobierno de Porfirio Lobo y el ex presidente Manuel Zelaya, el cual fue bendecido por Hugo Chávez y José Manuel Santos, Presidentes de Venezuela y Colombia, respectivamente.
Mediante el Acuerdo de Cartagena se pactó, entre otras cosas, la anulación de los juicios contra el ex Presidente Zelaya y su retorno a Honduras, a cambio que el Estado de Honduras fuera readmitido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y logrando nuevamente el reconocimiento diplomático de una parte de los gobiernos de América Latina.
¿Retorno a cambio de qué?
Hay una diferencia cualitativa entre los valientes intentos anteriores del ex Presidente Zelaya por romper el destierro, y su actual retorno. Las grandes movilizaciones del 5 de julio de 2009 y la concentración multitudinaria en las inmediaciones de la Embajada de Brasil, tras la llegada sorpresiva en septiembre de ese mismo año, fueron respaldadas por un amplio proceso de movilizaciones y de lucha continua contra la dictadura de Roberto Michelletti.
Sin embargo, el actual retorno del ex presidente Zelaya a Honduras no ha sido producto del triunfo de la movilización popular, es decir, de la derrota del golpe de Estado y del gobierno de Porfirio Lobo, sino que ha sido producto de oscuras negociaciones a espalda del pueblo, lo que implican compromisos políticos que pueden poner en peligro el objetivo último de la lucha por la democratización de Honduras en beneficio de los más pobres.
El retorno del ex presidente Zelaya aparenta ser un resultado benéfico del reaccionario Acuerdo de Cartagena, pero en la medida en que la terminación del destierro no ha sido producto del ascenso y triunfo de las movilizaciones populares, el destino personal de Zelaya y de la propia dirigencia del FNRP siempre quedará en manos de los golpistas, quienes manejan y controlan las instituciones represivas del Estado.
No se consultó a las bases del FNRP
No debemos obviar que el retorno de Zelaya ha sido negociado con las mismas fuerzas que le defenestraron. En la actualidad, el Acuerdo de Cartagena contribuye a dar legitimidad al gobierno espurio y represor de Porfirio Lobo Sosa, maquillándole el rostro como si fuese un gobierno democrático.
La dirigencia del FNRP y el ex presidente Zelaya tienen todo el derecho de establecer negociaciones. En algún momento de la lucha puede producirse algún tipo de negociación, pero esta nunca puede ser secreta y nunca debe poner en peligro el objetivo de la lucha. De lo contrario, la negociación se convierte en traición.
Para evitar traiciones, cualquier negociación debe ser pública, para que el pueblo conozca las posiciones de cada bando, emita su sabia opinión y decida qué hacer. Este proceso de consulta y decisión democrática no se realizó: las bases del FNRP fueron informadas por los medios de comunicación del resultado del Acuerdo de Cartagena, fueron informadas de los hechos consumados, y no tuvieron oportunidad de decidir si era conveniente o no llegar a un acuerdo político con el gobierno de Porfirio Lobo.
Este proceso de discusión pública y de control democrático de las negociaciones no se produjo, provocando el justo malestar de las heroicas bases del FNRP.
¿Inscripción legal del FNRP a cambio de qué?
El Acuerdo de Cartagena contempla la aceptación por parte del gobierno de Porfirio Lobo de la participación del FNRP como fuerza política legalmente inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este es un punto muy sensitivo porque en diferentes asambleas del FNRP se acordó que este no debía convertirse en un partido político, sino que debía continuar siendo un organismo amplio de lucha de los trabajadores y del pueblo.
La casi segura participación del FNRP en los próximos comicios electorales, sin que antes se haya discutido las condiciones democráticas elementales para garantizar el respeto a la participación y la voluntad popular, es una forma clara y abierta de desviar la lucha por la refundación de Honduras sin desigualdades, injusticia e inequidad social, al pantano del oportunismo electorero.
Las grandes tareas pendientes
Todo indica que de continuar con este rumbo en la próxima coyuntura los intereses del FNRP serán de carácter puramente electoral, dejando a un lado las grandes tareas que están pendientes, a saber: la defensa la libertad sindical y de los estatutos gremiales, frenar los planes de ajuste y de miseria del gobierno de Lobo Sosa, entre otras cosas. Esta orientación puede llevar a la desnaturalización del FNRP, y convertirlo en un partido político más del régimen
A pesar de nuestras diferencias políticas, reiteramos que el ex presidente Zelaya tiene todo el derecho a regresar a Honduras. Saludamos su retorno pero le recordamos que el FNRP tiene nuevos desafíos y nuevas tareas pendientes:
1.- En ningún punto del Acuerdo de Cartagena se menciona el castigo de los responsables directos del quebrantamiento del orden constitucional. Somos partidarios de que se deben de abrir procesos judiciales contra Romeo Vásquez Velásquez, Roberto Michelletti Bain y todo su gabinete de gobierno, sin exclusión alguna.
2.- En cuanto al punto del respeto de los Derechos Humanos, el Acuerdo de Cartagena le concede las investigaciones del caso al organismo constituido por las mismas fuerzas golpistas, es decir, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El FNRP debe de desconocer su participación en esta instancia por ser un organismo creado por los intereses del régimen y no para abogar y defender los derechos humanos en Honduras, por cierto fuertemente violentados en esta coyuntura política.
Por otro lado, se deben imponer sanciones y castigos al Estado de Honduras y cárcel de por vida a los violadores del fundamental derecho a la vida. En ningún punto del Acuerdo de Cartagena se señala el encarcelamiento de los asesinos de nuestros mártires: Isis Obed, Wendy Dávila, Roger Vallejo, Ilse Velásquez y mucho menos de aquellos que fueron asesinados en otros espacios como nuestro amado camarada José Manuel Flores Arguijo y los otros compañeros mártires que han sido olvidados y relegados.
Pero no sólo el derecho de la vida fue violentada en esta coyuntura, también la libertad de prensa, pensamiento, locomoción y organización, derechos violentados por los golpistas y sus herederos y por ello se deben imponer sanciones y castigos.
3.- Creemos que dentro de esta coyuntura la preocupación del FNRP no debe de ser la participación electoral, porque desconoce la voluntad de las bases que decidieron casi en su totalidad que no debíamos participar de los próximos comicios electorales.
4.- Lo imperativo es crear un Plan de Lucha contra los planes de ajuste y de miseria de Porfirio Lobo Sosa, que ha logrado imponerlos sin mayor oposición; la defensa de los estatutos gremiales y la libertad sindical, así como el sistema de pensiones y de jubilaciones, por cierto fuertemente atacado por la dictadura de Micheletti y el gobierno de Lobo Sosa.
El derecho a la tenencia de la tierra y una verdadera reforma agraria debe ser uno de los puntos del programa. El reintegro de todos aquellos hondureños que han sido sustituidos, despedidos o sancionados por el régimen deben ser reincorporados a sus centros de trabajo, esa es una de las otras razones por las cuales el FNRP no debe de inclinarse estrictamente por lo electoral.
5.- No obstante, si la mayoría de las bases del FNRP decidieran en una Asamblea Nacional, democrática e incluyente, participar en elecciones, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exhortamos a las bases a estar alerta sobre la imposición de candidaturas. Cualquier candidatura debe ser respaldada y supeditada a la Asamblea, cualquier candidato debe ser electo por las mayoría de las bases.
Cientos de oportunistas querrán aprovecharse del prestigio político del FNRP e imponer sus mezquinos intereses personales y programas oportunistas.
6.- Las distintas organizaciones que componemos el FNRP debemos de abogar por la democratización de la vida interna del mismo. No a las imposiciones y a las negociaciones secretas!
7.- Por otro lado, el punto 7 del Acuerdo de Cartagena se refiere a la posible instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, pero dentro del marco de la institucionalidad creada por la reforma al artículo 5 de la Constitución de Honduras, o sea, que cualquier consulta se realizaría por medio de un referéndum convocado por el TSE.
No creemos que las instituciones controladas por los golpistas respeten la voluntad popular. De esta manera, la refundación del país ya no será acción directa del pueblo a través de la movilización permanente, sino que a través de una consulta se realizará un sondeo y luego se realizarán los cambios o reformas pertinentes, pero serán los mismos partidos políticos y diputados que defendieron el golpe de Estado, y que representan los intereses empresariales y oligárquicos, los que realizaran los cambios.
Una vez más, la acción directa del pueblo quedará sustituida por la consulta y las imposiciones de la clase hegemónica, quien impondrá un modelo de Estado y de gobierno a su imagen y semejanza. La lucha por la democratización de Honduras quedo replegada y traicionada por este punto del Acuerdo de Cartagena, por lo que llamamos a los trabajadores y organizaciones del FNRP a desconocer este punto que elimina la enorme iniciativa de refundar el país a través de una Asamblea Nacional Constituyente participativa, democrática y popular.
Para finalizar, llamamos al ex Presidente Zelaya y demás exiliados a que se integren y se coloquen a la cabeza de esta lucha por la transformación de Honduras.
Centroamérica, 26 de Mayo del 2011
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
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