MADRID - Después de dos años de investigación, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco hizo público un auto de procesamiento, el paso previo a la apertura de juicio en España.
Velasco libró órdenes de busca y captura internacional contra 20 personas supuestamente implicadas en los hechos, a los que acusa de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de crimen de lesa humanidad. Entre ellos, se encuentra el ex ministro de Defensa salvadoreño Humberto Larios. Otro de los acusados es René Emilio Ponce, también ex ministro de Defensa, quien falleció el 2 de mayo a los 64 años.
Los jesuitas, cinco de ellos españoles, y las dos trabajadoras fueron asesinados en noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) en San Salvador durante una ofensiva guerrillera.
Entre los fallecidos, se encontraba Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, una de las voces más importantes de la corriente cristiana de la liberación en América Latina.
Según el escrito judicial, de 77 páginas, los jesuitas y especialmente Ellacuría habían asumido un papel de liderazgo para favorecer la apertura de negociaciones de paz entre el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) y el gobierno durante la guerra civil en El Salvador.
“Ese fue el motivo fundamental de su asesinato” , consideró Velasco en el auto. El magistrado español inició la investigación en enero de 2009 tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas.
En la querella también se acusaba al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani de encubrimiento, pero Velasco decidió no procesarlo.
Algunos de estos militares fueron juzgados en 1991 por la masacre, pero la mayoría fueron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso que ahora ha reabierto España. La Audiencia Nacional española ha investigado numerosos casos de relevancia mundial bajo el principio de justicia universal, el más famoso de ellos el del juez Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
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