El drama de la desaparición forzada en este país alcanza cifras que el representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Christian Salazar, calificó de "escalofriantes", con al menos 26 mil 500 casos reportados ante la Fiscalía.
Mientras, el ministro colombiano del Interior y Justicia, Germán Vargas, calificó de "una verdadera vergüenza" ante el mundo el que su país tenga un registro tan elevado de ciudadanos desaparecidos.
El funcionario presentó en Bogotá los resultados de una investigación entre su despacho y el estatal Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses según el cual anunció la identificación de nueve mil 968 desaparecidos, "víctimas del conflicto" y de los cuales más de cuatro mil corresponden a menores de edad", dijo.
"Frente a esta cifra, y ante el dolor mucho más grande que los números no pueden reflejar, su identificación debe ser una prioridad del Estado colombiano", concluyó.
Fabiola Lalinde, de 70 años, originaria de Medellín (400 km al noroeste de Bogotá), experimentó ese drama en carne propia en 1984, cuando su hijo Fernando, de 26 años y militante en las juventudes marxistas, subió a un autobús y nunca más regresó.
Empezó entonces para ella un largo calvario para demostrar que Fernando fue arrestado por una patrulla del Ejército y ultimado tras varias horas de tortura.
La versión oficial lo presentó como un guerrillero abatido cuando intentaba fugarse. Tras doce años de lucha, Fabiola logró restablecer la verdad sobre su hijo y recuperar sus restos.
"Los restos me los entregó un batallón (del Ejército) con un acta que parecía un inventario de mercancía: un fémur, tantas falanges...", contó a la AFP esta madre, que aún no ha conseguido ninguna reparación.
El representante de la ONU señaló que "se conocen cada vez más cifras que revelan las dimensiones muy grandes" del fenómeno, del que quizás sólo se divise por ahora "la punta del iceberg".
"Mucha gente aún no denuncia por miedo, porque algunos conviven todavía en las regiones con los victimarios", dijo Salazar.
Según Salazar, "las cifras disponibles indican que Colombia es uno de los países con más desapariciones de América Latina", debido a lo prolongado que ha sido el conflicto armado que comenzó en los años 60 y aún no ha concluido.
Las asociaciones de familiares de desaparecidos van más allá y afirman que probablemente, una vez conocida la verdad, los casos lleguen a 200.000.
El abogado Pedro Mahecha se implicó en casos de derechos humanos luego de la desaparición el 4 de julio de 1990 en Bogotá de su amigo y colega Alirio de Jesús Pedraza, cuyo destino todavía se desconoce.
"La desaparición forzada ha querido siempre ser desaparecida", afirma con dureza Mahecha, al referir que el fenómeno comenzó a producirse en Colombia a fines de los años 70 "en un contexto de represión en toda América Latina".
En una primera etapa, se atribuyó a miembros del Ejército que buscaban acallar a militantes de extrema izquierda, acusados de nexos con la guerrilla. A partir de los 90, las desapariciones forzadas fueron responsabilidad también de las milicias paramilitares de extrema derecha.
Y en 2009 estalló un escándalo de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares que presentaban a civiles como guerrilleros muertos en combate, para mostrar buenos resultados en la lucha antisubversiva y obtener a cambio prebendas, como felicitaciones y días francos.
Según Salazar, en Colombia hay "un marco legal excelente para resolver estos casos, pero permanecen en la impunidad, con muy pocos fallos judiciales".
La Fiscalía, sin embargo, ha conseguido exhumar 3.846 cuerpos de desaparecidos, encontrados por confesiones de ex paramilitares, y en diciembre pasado creó una unidad especializada para tratar estos casos, lo que en opinión de Salazar constituye un "avance positivo".
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