MARIELOS MONZóN
El sábado 21 fue asesinado Óscar Reyes, un campesino de 34 años, miembro de la cooperativa Tzalamila, ubicada en el Valle del Polochic. De acuerdo con la denuncia presentada por el CUC, miembros de la seguridad privada del ingenio Chabil Utzaj, propiedad de la familia Widman, atacaron a comunitarios mientras trabajaban en terrenos de la cooperativa. En el hecho también resultaron heridos de gravedad otros tres campesinos.
Todo inició con la “incursión de los guardias de la seguridad privada del ingenio comandados por Jorge Mario Barrientos y Efraín García, quienes sin mediar palabra comenzaron a disparar contra la población”, reza el comunicado.
Esta nueva agresión sucede tras los violentos desalojos ocurridos en el Valle del Polochic en marzo, cuando fue ejecutado extrajudicialmente Antonio Beb Ac. En los hechos participaron policías, soldados y la guardia privada del ingenio, dirigida por su propietario, Carlos Widman. Después de la quema de sus cosechas y la destrucción de sus precarias viviendas y pertenencias, 800 familias quedaron a la orilla de la carretera, y desde entonces han sido hostigadas y amenazadas. Las agresiones han ido en aumento y estamos frente a otro asesinato. La misma historia que en la finca Nueva Linda, lo único que cambia es el nombre de los terratenientes agresores y de las autoridades en el Ejecutivo, tan complacientes y aquiescentes como las del gobierno anterior.
El 19 de mayo, en San Juan Sacatepéquez, fueron atacados varios líderes comunitarios que dirigen la resistencia contra la empresa Cementos Progreso. Con nombres y apellidos, los sanjuaneros denunciaron públicamente a los responsables del ataque como trabajadores de la empresa quienes agredieron, con armas de fuego y machetes, a cuatro dirigentes —entre ellos una mujer con su hijo de seis meses en los brazos—. Una semana antes se dio la matanza de 27 jornaleros en la finca Los Cocos, en Petén, atribuida a los Zetas.
En todos los hechos las víctimas son trabajadores campesinos en situación histórica de pobreza y exclusión; unos a merced de los narcotraficantes, y otros a merced de los terratenientes, que se benefician, ambos, con el clima imperante de impunidad que ellos mismos construyeron y mantienen. Todos muertos o heridos a manos de guardias privadas o cuerpos armados del crimen organizado. Todas víctimas de autoridades gubernamentales funcionales al sistema, que obedecen sin miramientos a la oligarquía criolla de este país.
A este respecto, la Udefegua señala en su más reciente informe: “Este bimestre se caracterizó por la criminalización de los defensores de derechos humanos, particularmente desde la Presidencia de la República luego de los desalojos del Polochic (…) asumiendo el discurso que por años han tenido los sectores más conservadores e intolerantes (…) La pretensión de las cámaras empresariales de generar límites al derecho de manifestación a través de amparos también ha generado un ambiente tenso y criminalizador al que se ha prestado la CC”.
Estamos viendo la expresión más elocuente del accionar de los señores feudales guatemaltecos, que se amparan en su poder y en la convicción de que la justicia nunca los alcanzará. Para ellos, este país es su finca, y en una finca no hay estado de Derecho. Los ejércitos privados —de los terratenientes y del crimen organizado— se sienten con carta libre para asesinar y ejecutar, ante la ausencia del Estado que ha sido debilitado a propósito, como parte de la estrategia de la impunidad. Pero, ojo, la historia reciente de Latinoamérica ha demostrado que, aunque lenta, la justicia llega.
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