Santiago de Chile, 30 may (PL) Personalidades mundiales y comunidades indígenas consideraron que está en manos del gobierno chileno terminar con la penalización de la lucha de los mapuches por el derecho a la tierra e identidad como pueblo.
No es posible que se les castigue y se les quiera aplicar la ley antiterrorista a los comuneros mapuche, afirmó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien calificó de inmoral e injusto que se les penalice por defender su tierra, cultura y valores como pueblo originario.
El destacado intelectual argentino dijo esperar que la Corte Suprema de Chile anule el juicio contra los cuatro líderes indígenas que cumplieron 75 días de huelga de hambre en reclamo de un proceso justo y sin aplicación de la citada norma jurídica, aprobada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Que la Corte actúe con justicia, equidad y responsabilidad histórica, insistió el Premio Nobel de la Paz (1980), citado por Radio Universidad de Chile. Contrariamente al discurso de La Moneda que dice haber cumplido lo pactado con los indígenas acerca de la no aplicación de la mencionada ley, Pérez Esquivel opinó que evidentemente la están aplicando disfrazada.
Este lunes se dio a conocer además un comunicado de denuncia contra el Gobierno por los familiares de Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, Ramón Llanquileo y José Huenuche, condenados a penas de entre 20 y 25 años por un supuesto atentado a un fiscal chileno en octubre de 2008.
El documento responsabilizó al Ejecutivo, al Ministerio Público y a la Iglesia católica, en su papel de garante, ante un eventual desenlace fatal de los encarcelados, en condición crítica debido al largo ayuno, el segundo además en menos de un año.
"Señalamos al gobierno chileno como primer responsable de este conflicto político, en tanto es el Poder Ejecutivo quien ha reprimido, militarizado y criminalizado la lucha mapuche, por lo que no pueden venir hoy a lavarse las manos", indica la nota.
Los familiares de los sentenciados precisaron además que el objetivo de la huelga de hambre no termina con la anulación del juicio de Cañete, comuna de la región del Bío Bío, sino con el compromiso del Estado chileno de no seguir aplicando la ley antiterrorista a los luchadores mapuches.
El próximo viernes la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre el pedido de nulidad del proceso seguido contra los cuatro comuneros.
Tal procedimiento fue calificado de real aberración jurídica por el excandidato presidencial de la izquierda chilena Jorge Arrate, quien impugnó el silencio y la manipulación cómplice de los medios de comunicación en cuanto al tema.
La farsa de los medios audiovisuales "crea un proceso anestésico en que se trata de ocultar a la población los problemas realmente graves que tiene el país, a través de noticieros que son vergonzosos", manifestó Arrate.
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