"Regreso el sábado a mi patria, la que me vio nacer, no por una semana ni por 24 horas, como se ha mal dicho, sino por el resto de mi vida. No tengo temor de todos los peligros y adversidades", dijo Zelaya en un breve mensaje.
El recibimiento se realizará en una plaza ubicada en la parte exterior del aeropuerto de Tontontín que lleva el nombre de Isis Obed Murillo, joven asesinado por las fuerzas de seguridad el 5 de julio de 2009 cuando Zelaya intentó retornar a Honduras.
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que organiza los actos de bienvenida, pidió al ejército y la policía despejar calles aledañas a la terminal aérea para que el pueblo pueda acudir libremente a recibir al expresidente.
Miles de sindicalistas, campesinos, indígenas, mujeres, políticos progresistas y representantes de otros sectores agrupados en el FNRP se movilizarán desde todos los departamentos hacia el aeropuerto capitalino.
"El regreso de Zelaya es el primer triunfo importante para todo el pueblo en resistencia", declaró Gilberto Ríos, dirigente del FNRP.
El expresidente viajará acompañado de exfuncionarios de su gobierno y de numerosos dirigentes políticos y de derechos humanos de América Latina, Europa y Estados Unidos, dijeron los organizadores.
Se retorno, previsto para las 11:00 hora local es el resultado del Acuerdo de Cartagena de Indias, firmado el pasado domingo entre Zelaya y el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, con la mediación de Venezuela y Colombia.
El acuerdo contempla además el retorno de todos los exiliados tras el golpe de Estado, el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento del FNRP como una fuerza política y beligerante y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
El Comité Político del Frente reconoce como un avance el regreso de Zelaya y el compromiso del gobierno de Lobo de cumplir las garantías para la inscripción del FNRP ante el Tribunal Supremo Electoral.
No obstante considera que en el tema de los derechos humanos no hay avances porque el régimen de Lobo no se compromete, ni garantiza la aplicación de la justicia a los violadores de los derechos humanos.
"Este es un desafío a alcanzar por el Frente Nacional de Resistencia Popular", señala el comité político de la organización surgida para repudiar la ruptura institucional.
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