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lunes, 2 de enero de 2017

Año 2017 de tensiones e incertidumbre tendrán los peruanos

Lima, 2 ene (PL) El año que se inicia nació marcado en Perú por la incertidumbre y, vinculada con esta, la magnitud de lo que muchos llaman terremoto político a causa de las revelaciones de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios peruanos.

Apenas comenzado el año, la anhelante expectativa de los políticos y la prensa se enfoca en la propuesta de Odebrecht de un acuerdo con la justicia consistente en dar información sobre los 29 millones de dólares de coimas que pagó de 2005 a 2011 y reparar el daño -como hizo con Estados Unidos y Suiza- a cambio de seguir operando aquí.

También en la conferencia que el fiscal de la nación y los magistrados a cargo del caso han anunciado para pronunciarse sobre el caso Odebrechet, en medio de reclamos de que se conozcan los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos y que presumiblemente serían intermediarios o testaferros de corruptos de muy alto nivel.

El lapso de las coimas corresponde a los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2006-11), que ya enfrentan investigaciones por posible enriquecimiento ilícito García y por presunto lavado de dinero los otros dos.

Si bien el grave caso ocupará la atención de los medios y los ciudadanos y dirigentes políticos y parlamentarios, la incertidumbre política agudizada por el escándalo tiene un origen previo que para muchos es el suceso más importante del año.

Se trata de la derrota, contra todos los pronósticos, de la derechita titular del partido Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, quien, tras ganar la primera vuelta de abril con 39 por ciento de los votos, cerca del doble del 21 por ciento obtenido por Pedro Pablo Kuczynski, cayó derrotada por este en forma muy ajustada en la segunda ronda, en junio.

El resultado obedeció al rechazo a Fujimori por los ancedentes corruptos y represivos del gobierno de su encarcelado padre, Alberto Fujimori, quien encabezó un gobierno (1990-2000) de mano dura cuyos excesos paga entre rejas con una condena de 25 años.

Rol decisivo jugó para ese resultado el Frente Amplio (FP) con su candidata Verónika Mendoza, que llamó a la unidad de las fuerzas democráticas ante lo que consideraba el peligro de que se restablezca el régimen de los años 90.

El problema, desde una perspectiva de izquierda, es que esa unidad de contenido democrático y de rechazo a la corrupción, no se tradujo en un gobierno de contenido similar y el movimiento electoral que aupó a Kuczynski no tuvo una composición de esa tendencia en el nuevo gobierno, integrado principalmente por tecnócratas neoliberales.

A ello se sumó que, por efecto del sistema electoral que favorece a las mayorías, 39 por ciento de votos de Keiko Fujimori se tradujo en una mayoría parlamentaria absoluta que ha impuesto condiciones al gobierno, con el que comparte el apego al neoliberalismo.

La fuerza del fujimorismo se evidenció en la censura del tecnócrata Jaime Saavedra, quien tuvo que dejar el cargo pese a contar con un amplio consenso por conducir una moderada reforma educativa heredada del anterior gobierno de Ollanta Humala.

La crisis generada dio pie a pedidos y gestiones para una entendimiento de bases neoliberales entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski que se reunieron por primera vez desde la campaña electoral en una cita convocada por el conservador cardenal católito Juan Luis Cipriani.

El panorama del nuevo año se perfila con el fujimorismo con creciente poder y el gobierno sin la fuerza necesaria para resistir a lo que muchos llavan avasallamiento de la bancada de FP, a la que se atribuye el afán, negado por Keiko Fujimori, de desestabilizar al gobierno para que el parlamento de hegemonía fujimorista vaque (destituya) al presidente para convocar a elecciones.

Todos los análisis coinciden en que la situación puede agravarse con lo que se descubra sobre los sobornos de Odebrechet, sobre los que Kuczynski, quien fue primer ministro y titular de Economía del gobierno de Alejandro Toledo, niega cualquier involucramiento.

Algunas versiones periodícticas refieren que desde esas posiciones el actual gobernante dispuso o permitió medidas técnico-administrativas para viabilizar el proyecto de la carretera interoceánica Perú-Brasil, para el que fue contratada Odebrecht uno de los que, según ha admitido Odebrecht, se obtuvieron mediante sobornos.

arc/mrs