Cuando
la política tradicional empezó a entrar en decadencia, surgió la moda
de lanzar a empresarios como candidatos a los gobiernos. Su éxito en la
empresa privada supuestamente los capacitaría a dirigir al Estado,
sobretodo en tiempos en que la ola del equilibrio de las cuentas
públicas como objetivo central de los gobiernos empezaba a imponerse.
Ellos serían buenos ejecutivos, no gastarían en exceso, cuidarían que
las cuentas púbicas no tuvieran déficits, tendrían óptimas relaciones
con los empresarios del país y del exterior, etc., etc.
Berlusconi
fue el caso más sonado y sabemos en lo que resultó. Después de la
operación Manos Limpias, resultó ser el gobierno más corrupto de la
historia de Italia, representando un episodio obsceno de la política,
como nunca los escándalos fueron más espectaculares, como nunca la
política fue tan degradada.
En América Latina, Sebastián Piñera,
del grupo económico que posee, entre otras tantas empresas, a Latan, fue
otro representante de esa tentativa explícita de privatizar al Estado.
Tampoco resultó. Los estudiantes se han encargado de recordar que la
educación pública no debería ser pagada, lo que el líder de Piñera,
Pinochet, había violado en Chile, y rápidamente Pinera perdió prestigio y
también fracasó.
En Ecuador, por segunda vez consecutiva, el más
grande banquero del país, Guillermo Lasso, es el principal candidato
opositor a la continuidad del gobierno de 10 años de Rafael Correa,
ahora representado por las candidaturas de Lenin Moreno y Jorge Glass.
Su
campaña, al estilo de la de Mauricio Macri en Argentina, se centra en
la necesidad de “cambio”, como si el país no hubiera vivido la década de
más grandes avances de su historia justamente con el gobierno de Rafael
Correa. Su diagnóstico, como el de todos los candidatos de la oposición
en Ecuador, es que el país se ha endeudado demasiado, de que necesita
más competitividad, de que el gobierno se habría excedido en sus gastos
públicos. Como todo candidato de derecha, dice que “va a mantener lo que
se ha ganado”, sugiriendo que mantendría las políticas sociales, por
ejemplo. La misma promesa hecha y no cumplida en Argentina y en Brasil.
Es
como si se condenara a un país ser dirigido como un banco, como si los
ciudadanos fueran como los cuentacorrentistas o los accionistas, como si
se tratara de administrar al gobierno en la búsqueda de rentas más
grandes, favoreciendo al capital especulativo.
La amenaza de ser
gobernado por el banquero más rico de Ecuador pesa sobre el país como
una pesadilla. Después de las más grandes trasformaciones que el país ha
vivido en la década de gobierno de Rafael Correa, cumpliendo lo que él
había prometido, de que se trataría de un cambio de época para Ecuador,
la disputa está cerrada para las elecciones presidenciales, que tendrá
el 19 de febrero su primer turno.
En caso de que se quisiera saber
lo que podría estar aguardando a los ecuatorianos, bastaría que miraran
hacia Argentina o hacia Brasil, donde, a pesar de que los presidentes
no son banqueros, existen gobiernos dirigidos por los intereses directos
del capital financiero, que ocupan los cargos económicos fundamentales
de esos gobiernos. La política central de esos gobiernos es el ajuste
fiscal, que vuelve a promover la exclusión social, la concentración de
renta, el desempleo y la depresión económica.
Porque un país no es
una empresa, menos todavía un banco. Una empresa privada, sea ella
industrial, comercial, agraria o bancaria, actúa para maximizar sus
ganancias, a expensas del resto de la sociedad. Un gobierno, al
contario, debería actuar en función de los intereses, de la necesidad y
de las aspiraciones de toda la población. Son comportamientos
frontalmente contradictorios entre sí.
“Lo que es bueno para la
General Motors es bueno para EEUU”, decía la máxima más conocida de la
visión que privatiza al Estado, que identifica el interés privado de las
grandes corporaciones empresariales con las del país. Gobiernos como
los de Macri en Argentina y de Temer en Brasil promueven los intereses
de los grandes bancos privados y de las empresas extranjeras, como si
defendieran los intereses de los países de los cuales son presidentes.
Un
gobierno demócrata tiene como agenda los intereses públicos, la
promoción de todos los individuos como ciudadanos, la garantía y la
extensión de sus derechos. Es lo contrario de las visiones
privatizantes, que tratan al Estado como instrumento de acumulación
privada en contra de los intereses del país.
- Emir Sader,
sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del
Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de
Janeiro (UERJ).
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