Hernán Cortes
La
planificación fiscal agresiva dentro del sector extractivo, y el
impacto de estas estrategias, afectan a gobiernos de todo el mundo. Sin
embargo, no hay dudas de que el impacto en los países en desarrollo es
mayor.[1]
La creación de un órgano de toma de decisiones en materia fiscal
internacional, global y de carácter inclusivo dentro de la ONU es
necesaria para frenar esta extracción de recursos, conseguir justicia
fiscal y ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo y reducir la
desigualdad.
La historia de los grandes grupos empresariales
ligados a la extracción de recursos naturales y artimañas fiscales
varias es larga. En España, a mediados de los noventa, el gobierno creó
un vehículo para inversores extranjeros denominado Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE).[2]
El objetivo era claro y sencillo: atraer inversores ofreciéndoles la
posibilidad de canalizar dividendos y ganancias varias a través de este
mecanismo bajo una fiscalidad nula. Desde ese momento el flujo de
inversiones que reciben las ETVE ha ido aumentando, hasta el punto que
en el primer cuatrimestre de 2016 éstas se han multiplicado en un 1000%
en comparación con 2015.[3]
Fruto de su uso y, por ejemplo, combinado con el régimen fiscal
especial en las Islas Canarias –según PwC “de los más atractivos de
Europa”[4]– varias empresas están trasladando su sede a territorio español.[5]
El uso de las ETVE para ‘optimización fiscal’ no es, sin embargo, un
fenómeno reciente. En el año 2011 se descubrió que en Madrid la sede del
gigante petrolero ExxonMobil (ExxonMobil España) logró en 2008 y 2009
casi 10.000€ millones de beneficio neto sin pagar ni un euro de
impuestos[6] con un sólo trabajador.[7]
En
Australia, país que alberga enormes reservas de uranio, gas y carbón,
entre otros, los casos en los que grandes empresas extractivas se han
visto relacionadas con ingeniería fiscal para reducir su factura en el
país son varios. A consecuencia de ello, el Senado australiano
estableció un comité sobre elusión fiscal.[8]
No
sólo es en Australia o en España donde se dan casos de elusión y/o
evasión fiscal, falta de transparencia, etc. sino que se trata de un
problema global que afecta tanto a las grandes economías del mundo como,
de forma especial por el impacto en sus arcas, los países en
desarrollo. En estos últimos, el extractivismo se convierte en una de
las principales fuentes de ingresos, hecho que acentúa aún más los
problemas derivados del uso de los paraísos fiscales por parte de la
industria extractiva.[9]
El sector extractivo en las filtraciones
En los últimos años, diferentes filtraciones por parte de lo que se conoce en inglés como whistleblowers han sido reveladas por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (International Consortium on Investigative Journalism en
inglés) relacionadas con temas fiscales. Así en 2013 se publicó una
primera filtración de cuentas de personas en una compañía de las Islas
Vírgenes Británicas, el Offshore Leaks;[10] en noviembre de 2014 se revelaron los acuerdos fiscales (tax rulings en
inglés) entre el gobierno de Luxemburgo y cientos de empresas firmados a
través de PwC y otras firmas que reducían su factura fiscal, es lo que
se conoce como LuxLeaks;[11] ya en 2015 vieron la luz el número de cuentas y las nacionalidades de individuos en un banco Suizo, el Swiss Leaks;[12] finalmente,
ya en 2016, se filtraron los nombres y las conexiones de millones de
cuentas de un bufete de abogados en Panamá, Mossack Fonseca, fue el Panama Papers.[13]
En
todas estas filtraciones sobre marañas fiscales tanto de individuos
como de empresas, el sector de las extractivas ha tenido gran
relevancia. Como ejemplo en el caso LuxLeaks dos grandes empresas relacionadas con el sector de la energía aparecen en los papeles publicados, se trata de la rusa Gazprom[14] y de la canadiense Yamana Gold.[15]
En los documentos se especifica el cambio de estructura de la empresa
para poder reducir la factura fiscal dirigiendo diferentes operaciones
hacia Luxemburgo.
En los Panama Papers, millones de datos
aún deben ser analizados con detalle a pesar de que la información
revelada es escasa. Aquí también las empresas extractivas e individuos
relacionados con ellas aparecen de forma directa o indirecta. Empresas
canadienses (aunque han negado su implicación),[16] o de Tanzania[17] figuran entre los supuestos nombres incluidos en los papeles de Panamá.
El impacto en el desarrollo
Sea
cuál sea el motivo de la presencia de empresas e individuos en paraísos
fiscales o países que permiten artimañas fiscales, cabe decir que
muchas de las operaciones que se realizan no son ilegales. No obstante
los efectos son sentidos en todos los países, y los más afectados son
las sociedades de los países en desarrollo. Éstos acostumbran ser
grandes productores de materias primeras (hidrocarburos, minerales,
cereales, etc.), hecho que les otorga un poder respecto a los países
consumidores dependientes de estos recursos pero, en contraposición, los
expone a los vaivenes de la inversión, inserción en la economía global y
al rol de las grandes empresas transnacionales. Todo ello genera, por
un lado, la concesión de diferentes incentivos fiscales a estas empresas
para la extracción de los recursos naturales[18]
y, por otro lado, facilita el uso de paraísos fiscales repartidos por
todo el mundo que generan otra extracción de recursos enormes, en este
caso económicos.
Desde la sociedad civil, hace años que se van
proponiendo varias medidas para poder contrarrestar esta dinámica y
poner fin a esta carrera hacia el fondo. Entre ellas, la creación de un
órgano intergubernamental sobre cuestiones fiscales en la ONU; el
reporte público país por país de las empresas multinacionales; la
creación de registros públicos sobre beneficiarios finales o efectivos;
la eliminación de incentivos fiscales o al menos el estudio de su uso; o
la publicación de los acuerdos fiscales entre empresas y gobiernos.
En
las manos de los gobiernos y la presión por parte de la sociedad civil y
otros actores está el poder poner fin a la extracción de unos recursos
que permitirían la financiación de los objetivos de desarrollo y reducir
la desigualdad en el mundo.
- Hernán Cortes es
analista político de Justicia Fiscal en Eurodad - European Network on
Debt and Development. Está dedicado a los temas de las industrias
extractivas.
Artículo publicado en la edición de agosto 2016 (No. 516) de la revista América Latina en Movimiento titulado “El laberinto de la evasión fiscal”: coedición ALAI-Latindadd. http://www.alainet.org/es/revistas/516
[1]
94 de ellos (33 en América Latina y Caribe) son considerados por la
Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo como Países en
Desarrollo Dependientes de Commodities. Un país se considera dentro de
este grupo cuando más del 60% de sus exportaciones de productos son
materias primas.
UNCTAD, «State of Commodity Dependence 2014» (Geneva: UNCTAD, 2015).
[3]
Luis A. Torralba, «La inversión extranjera en sociedades exentas de
impuestos (ETVE) se dispara más de un 1.000% - Valencia Plaza», Valencia
Plaza, 23 de junio de 2016, http://valenciaplaza.com/la-inversion-extranjera-en-sociedades-exentas-de-impuestos-etve-se-dispara-mas-de-un-1000.
[4] PwC, «Spain - Corporate tax credits and incentives», PwC Worldwide Tax Summaries, 2016, http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Spain-Corporate-Tax-credits-and-incentives.
[5] Recientemente la empresa Gerdau se trasladó a las Canarias. http://www.abc.es/espana/canarias/abci-aceristica-gerdau-viene-vacaciones-fiscales-canarias-201607131751_noticia.html
[6] En 2009 ExxonMobil España tuvo una base imponible negativa con lo que recibió un crédito fiscal.
[7]
Miguel Jiménez, «La mayor empresa del mundo utiliza España como paraíso
fiscal | Edición impresa | EL PAÍS», El País, 27 de febrero de 2011, http://elpais.com/diario/2011/02/27/economia/1298761201_850215.html.
[8] Es el caso del gigante petrolero anglo-holandés Royal Dutch Shell investigado por la Oficina de Asuntos Fiscales (la empresa presentó alegaciones para defenderse de las acusaciones https://es.scribd.com/document/273463825/Shell-Submission-to-Senate-inquiry) junto a otras empresas como Glencore (que presentó alegaciones http://www.glencore.com/assets/public-positions/doc/20150202-Senate-Committee-on-Corporate-Taxation.pdf), Chevron (que negó las acusaciones http://bit.ly/2axZXIH) Rio Tinto o la propia ExxonMobil (http://www.businessinsider.com.au/joe-hockey-is-going-to-target-30-companies-for-tax-avoidance-2015-8); Adani
conglomerado empresarial de la India que fue también investigada por el
uso de estructuras con base en Singapur, las Islas Caimán y Mauricio,
así como poca transparencia respecto al beneficiario último de algunas
de las estructuras (http://bit.ly/2aIUVs0); o la ya mencionada Glencore, obligada a pagar unos 40$ millones para regularizar su situación fiscal en Australia después de una investigación (http://bit.ly/1IAgENi).
[9]
A modo de ejemplo, las exportaciones de materias primas suponen un
porcentaje elevado del PIB de varios países como Angola (57,4%), Bolivia
(40,5%) Malawi (18,9%), Mongolia (38%) Mozambique (24,5%), Perú
(18,6%), Zambia (37,4%). Datos de UNCTAD ibid.
[16] http://www.nationalobserver.com/2016/05/25/news/vancouver-has-hundreds-addresses-linked-panama-papers
[18] Según un estudio de la CIAT, los incentivos fiscales cuestan en promedio 4,35% del PIB de los países de América Latina (http://www.ciat.org/index.php/blog/item/146-incentivos-tributarios-otra-vez.html#_ftn2)
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