Buenos Aires. La interventora de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño presentó una demanda judicial contra
el ex titular de ese organismo Gustavo Arribas, a quien se llama a
indagatoria, al igual que al ex presidente Mauricio Macri por haber
aplicado un
proceso sistémico de inteligencia ilegalinterfiriendo los correos electrónicos privados de más de 80 políticos, dirigentes sociales, periodistas, diputados, e incluso un gobernador.
El espionaje estaba dirigido a funcionarios en activo como el
embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos
Raimundi; el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, del
oficialista Frente de Todos, así como los diputados Gabriela Cerrutti,
Rodolfo Tahilade, Marcos Cleri; la ex abogada de Milagro Sala y actual
ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y
la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés.
Además, fueron espiados los correos electrónicos de dirigentes de la
Unión Cívica Radical (UCR) aliada a Macri en la Alianza Cambiemos, Mario
Negri, Angel Rozas, Ernesto Sanz. El lente de los espías vigiló a
macristas tan leales al ex presidente, como la ex titular de la Oficina
Anticorrupción, Laura Alonso, o el periodista Luis Majul, quien sigue
encabezando la
campaña suciacontra el gobierno de Alberto Fernández; también al ex embajador en Uruguay Mario Barletta, al ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, y al sindicalista Héctor Daer, también alguien muy cercano a la pasada administración.
El espionaje alcanzó a dependencias policiales, entre éstas la
comisaría tercera de Avellaneda; la superintendencia general de la
policía bonaerense, la policía de Lanús y la policía científica.
La causa está a cargo del juez Martínez de Giorgi y del fiscal Di
Lello. El espionaje era ilegal, porque no existía ninguna autorización
judicial para llevarlo a cabo. También fue acusada Silvia Majdalani, ex
directora de la AFI, así como su cuñado y ex jefe de gabinete del
organismo Darío Biorci, y los agentes Omar Daniel Solis y Patricio
Correa.
En realidad esto no es nuevo, porque Macri asumió la presidencia
mientras era procesado por un caso de espionaje muy grave cuando era
jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que realizó contra
políticos e incluso sus familiares. Fue el primer presidente en llegar
al cargo en medio de un juicio por casos de espionaje y también por
abusos contra personas en situación de calle, que fueron reprimidas por
civiles usados por la municipalidad.
De la misma manera, el descubrimiento de una red de espionaje en
febrero de 2019, que involucraba a un sector de la inteligencia del
gobierno de Macri, de la justicia, el periodismo, y de poderosos medios
de comunicación para armar causas falsas y perseguir a políticos, como
la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros altos
funcionarios, fue uno de los escándalos más fuertes al finalizar el
gobierno de Macri.
En esos momentos también se descubrió una red de espionaje contra
jueces que eran objetados por el gobierno macrista. Ambas son causas de
Macri y continúan vigentes. Es un momento clave para el país.
En otro orden, decenas de médicos, con mascarillas protectoras,
exigieron en el emblemático Obelisco de esta capital incrementos
salariales y mejores equipos de protección para hacer frente a la
pandemia del coronavirus.
También rechazaron el procesamiento de dos colegas que laboran en un
geriátrico de la provincia de Córdoba, una de las más pobladas, a
quienes se acusa de haber contagiado a internos.
Hasta ahora unos 800 trabajadores sanitarios se han contagiado de
Covid-19, con unos 10 decesos, y el registro nacional es de 13 mil
contagios y medio millar de muertos.}}Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 28 de mayo de 2020, p. 24
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