Ángel Guerra Cabrera
Con inaudito cinismo el gobierno de Trump ha regresado a Cuba a su lista de países que
no colaboranen la lucha contra el terrorismo. Incluida injustamente durante 33 años en la nómina, la isla había sido retirada en 2015 por el presidente Obama como parte de las disposiciones que tomó para iniciar la normalización de relaciones con la isla. El autor de la lista es nada menos que el gobierno practicante del terrorismo de Estado sistemático en el mundo, que arrojó las bombas en Hiroshima y Nagasaky, arrasó con Vietnam, Corea, Afganistán, Irak y Siria y comete delito de genocidio con sus unilaterales bloqueos –mantenidos intactos o recrudecidos durante la pandemia– contra Cuba, Venezuela, Irán, Palestina, Corea del Norte y Siria. No es casual que sean casi los mismos los países bloqueados y los incluidos en esa lista. Es el gobierno que con sus incursiones terroristas arrebató la vida a 3 mil 478 personas, dejó 2 mil 99 incapacitados y ocasionó cuantiosos daños económicos en Cuba.
Los argumentos para reinsertar a la isla en la lista no son serios y
muestran el absoluto desprecio de Washington por el derecho
internacional. La estancia en Cuba y seguridad personal de miembros del
ELN participantes en el proceso de paz son responsabilidades del
gobierno cubano como garante de las negociaciones, precisamente a
solicitud de Bogotá. Otra cosa es que Trump le haya ordenado al
subpresidente Duque dinamitar la paz y solicitar a La Habana la
extradición de esas personas, un acto ilegal.
El regreso a la lista es parte de la desaforada campaña de odio,
agresión y linchamiento mediático contra Cuba iniciada poco después del
arribo de Trump a la presidencia, cuando el control de la política hacia
la isla ha sido tomado por la extrema derecha de origen cubano. Muy
especialmente, el senador Marco Rubio. En esa campaña toman parte activa
el secretario de Estado, Mike Pompeo, el subsecretario de esa
dependencia Michael Kozak y la propia embajada de Estados Unidos en La
Habana.
Sólo en el curso de 2019 fueron adoptadas más de 80 medidas contra
Cuba; entre ellas, la activación total de la extraterritorial ley
Helms-Burton y las acciones punitivas contra las empresas que
intervienen en la transportación de vital combustible a Cuba. El
propósito es el de siempre: hacer que el pueblo, asfixiado por las
carencias, se alce contra el gobierno. Recientemente el jefe del Comando
Sur acusó a Cuba de participar con Venezuela en el narcotráfico,
contrario a lo que dicen los propios informes de la DEA.
En este clima de odio exacerbado, no debe extrañar el ataque a la
embajada de Cuba en Washington con 32 disparos de fusil AK 47. Un
emigrado cubano, Alexander Alazo, estacionó su camioneta en la calle 16
Northwest, cerca de la Casa Blanca, bajó de ella con una bandera cubana a
la que intentó prender fuego y luego vació el cargador del arma contra
la fachada de la sede diplomática. Después se envolvió en una bandera de
Estados Unidos y se entregó de manera pacífica a la policía.
Curiosamente, todavía ninguna instancia del gobierno estadunidense ha
hecho siquiera mención al atentado. Tómese en cuenta que en el momento
del ataque había 10 funcionarios cubanos en el edificio. Mucho menos se
ha publicado por Washington una expresión oficial de pesar ante una
agresión tan grave, calificada de inmediato y con razón de acto
terrorista por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Tal
declaración era un paso obligado del país anfitrión luego del atentado.
Así se desprende de la práctica de la más elemental decencia y cortesía,
pero, sobre todo, de la obligación del Estado anfitrión de garantizar
la seguridad de las sedes diplomáticas enclavadas en su territorio,
según lo establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
(1964). Pero la decencia y la cortesía no forman parte del corrupto
repertorio político del trumpismo.
Nuevos elementos de juicio sobre los antecedentes y ambiente
socio-político del tirador Alazo, aportados el martes 12 por el
canciller Rodríguez Parilla (http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/05/13/bruno-rodriguez-este-ataque-contra-la-embajada-de-cuba-de-naturaleza-terrorista)
resultan muy sospechosos. Alazo, tratado como un caso siquiátrico a
partir de su declaración después del atentado ante las autoridades
estadunidenses, nunca manifestó ese trastorno durante su servicio
militar ni en su actividad pastoral en la isla, ni una vez emigrado en
su trato con funcionarios consulares. Más sospechosa aún es su inserción
en una iglesia protestante de Miami, cuyo pastor, Frank López, es
íntimo amigo de Marco Rubio y de Carlos Vecchio,
embajadorde Guaidó. Un miembro de la congregación, Leandro Pérez, que después del atentado afirmó ser su
amigo cercano, ha llamado al asesinato de Raúl Castro y del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Algo está muy podrido en este caso y el gobierno de Trump debe explicaciones, no sólo a Cuba, sino a la comunidad diplomática en Washington y, claro, al pueblo estadunidense.
Twitter: @aguerraguerra
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