Orlando Delgado Selley
La pandemia que enfrenta la
humanidad ha puesto de relieve la necesidad de que todos los países
cuenten con sistemas de salud pública con capacidad de respuesta ante
eventualidades que ponen en riesgo a sus poblaciones. Tras décadas de
predominio de la visión neoliberal, en la que se desmantelaron
prácticamente todas las áreas económicas de participación significativa
del Estado, como la siderurgia, fertilizantes, etcétera, nos damos
cuenta ahora, en medio de esta crisis, que también se privatizó la
noción de que salvaguardar la salud de su población era responsabilidad
del Estado.
Esta privatización de la responsabilidad estatal frente a la salud
pública justificó que se quebrara la estructura de atención sanitaria,
dejando que el sector privado atendiera los requerimientos de salud
pública. El sector privado se ocupó de generar espacios rentables de
atención médica, sin responsabilizarse de la atención de los
requerimientos sociales. Frente a este quiebre de la capacidad de
atención pública de la salud, la respuesta fundamental para evitar que
la pandemia cobrara más vidas ha sido el confinamiento. Ello ha reducido
significativamente la expansión del contagio, evitando fallecimientos,
pero ha detenido abruptamente el funcionamiento económico.
El haber privilegiado lo privado frente a lo público en la salud en
muchos países ha costado miles de vidas y costará decenas de millones de
puestos de trabajo en el mundo. El colapso económico se propagará
durante varios meses, provocando contracción de las actividades
productivas y comerciales y, consecuentemente, una masiva pérdida de
empleos en todos los circuitos económicos. Enfrentaremos una espiral
recesiva que solo será posible detener, y después revertir, a través de
la acción de los estados. La participación del sector privado es
importante, pero lo decisivo es la acción estatal.
Corresponde a los gobiernos responder enérgica y eficientemente.
Priorizar claramente las acciones a instrumentar es fundamental. La
mayor prioridad, por supuesto, está en reforzar nuestros diezmados
sistemas de salud, protegiéndolos presupuestalmente, recuperando la
noción de que corresponde al Estado atender la salud pública. En segundo
lugar, importa que a nivel regional latinoamericano nos propongamos
impulsar la producción de equipos médico-sanitarios, así como de formar
profesionales dedicados a la salud primaria de la población. En tercer
lugar, es necesario ampliar las medidas económicas destinadas a proteger
a la población que está siendo duramente golpeada por la crisis y que
no cuenta con herramientas que le permitan defenderse.
Las acciones deben buscar impactar inmediatamente, por lo que parece
útil remitirse a experiencias de apoyos generales, como el de adultos
mayores en la CDMX o el ingreso ciudadano universal, que han probado ser
de instrumentación relativamente sencilla, aplicándolos a nivel de los
estratos con menores ingresos. El cuarto asunto es resolver la fuente de
financiamiento del gasto implicado en las acciones anteriores. El monto
de recursos que habrá que utilizar será de alrededor de 5 por ciento
del PIB de cada país. La fuente con la que es posible y necesario
financiar estas acciones es la tributaria. Es indispensable, y
políticamente conveniente, que acordemos una amplia y progresiva reforma
fiscal en la región que amplíe la capacidad financiera de nuestros
estados.
Esta fuente de financiamiento, sin embargo, no aporta recursos de
inmediato. Por su propia naturaleza demora un buen tiempo para que los
nuevos ingresos se recauden. Por eso, se requiere acudir a otras
fuentes. La más obvia es el endeudamiento público, tanto interno como
externo. Sin embargo, aún con costos a la baja, es evidente que amplía
las necesidades presupuestales para el servicio de la deuda en los
ejercicios siguientes. En el caso mexicano, por ejemplo, el pago de
intereses de la deuda pública equivale a tres puntos del PIB. Contratar
más deuda es indudablemente comprometer pagos futuros mayores.
Por eso, ante urgencias sociales evidentes es conveniente dejar de
pagar los intereses de la deuda pública externa, tanto con bancos
privados como con organismos financieros internacionales, durante el
tiempo necesario para que las economías recuperen su ritmo de
crecimiento. No se piensa en posponer este pago de intereses, como han
planteado los bancos privados en México, sino eliminarlo.
La crisis ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo.
Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que son ciertamente
inadecuadas. Recuperar la solidaridad como un valor global, permitirá
poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalidad ha
relegado. Es el tiempo de que juntos gobiernos y sociedad civil nos
asociemos para construir un futuro mejor.
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