Por
Fuentes: Rebelión
Panshin Nete[1] es uno de los cuatro mundos shipibos, el que
simboliza el color de las enfermedades, el color de las desgracias y de
la muerte. Cuentan que el Panshin Nete está representado por
el arcoíris y que cuando repentinamente aparece en medio de las colinas,
el pueblo Shipibo teme una tragedia. La pandemia del coronavirus es el
presagio de esa tragedia que viene azotando a toda la humanidad, pero
que en las frías estadísticas se ceba con los más vulnerables y
desprotegidos de éste mundo dramáticamente desigual en el que, sin
reflexión, continuamos afanados en retornar a la normalidad.
Los pueblos indígenas de la amazonia peruana suman 51, organizados en
aproximadamente 2 435 comunidades nativas[2]. De esos pueblos se sabe
que por lo menos 15 de ellos estarían contagiados del SARS-CoV-2,
conocido por COVID-19, entre ellos las etnias: Awajún, Ashaninka,
Achuar, Candoshi, Kichwa, Matses, Shipibo-Konibo, Urarina, Ticuna, Yine,
Huni Kuin, Culina, se calcula extraoficialmente que habría más de diez
mil contagiados.
De ellos el pueblo Shipibo- Konibo con más de 35 mil personas,
organizado en 153 comunidades nativas, principalmente asentadas
alrededor del rio Ucayali y afluente es el que está siendo duramente
golpeado por COVID 19 se han registrado más de 500 contagios y 58
fallecidos[3]. De la misma manera, la comunidad indígena urbana de
Cantagallo en Lima, tiene contagiados alrededor del 73% de los más de
2500 shipibos que viven hacinados a las faldas del rio Rimac,
registrándose hasta el momento tres muertes. En ambas comunidades son
sus ancianos y ancianas poseedores de la memoria ancestral shipiba los
que están en inminente peligro, al igual que muchos de sus artistas
contagiados o en estado de salud grave. La perdida cultural ya es una
realidad y solo después de esta borrasca pandémica sabremos realmente la
magnitud de lo que hemos perdido.
Evidencias
de una catástrofe
Si bien ningún
Estado se preparó para enfrentar esta pandemia y rápidamente sus sistemas
sanitarios fueron rebasados, es necesario apuntar que en el caso peruano desde
el inicio (enero) de las primeras acciones para la contención ante la llegada
de COVID 19, no se tomó en cuenta la vulnerabilidad epidemiológica de los
pueblos indígenas. Así pasaron 67 días de la emergencia sanitaría, sin medidas
específicas para atender a dichos pueblos, omitiendo como Estado la obligación
de adoptar a tiempo medidas de prevención, atención y mitigación ante el
contagio de la enfermedad, lo que se concretiza en la violación del derecho a la
vida, salud y a la existencia digna de estos pueblos.
Como se sabe, 56 días después de declarado el estado de emergencia
el Ministerio de Cultura, ente rector de los pueblos indígenas, emitió una
tardía respuesta a través del Decreto Legislativo N° 1489, decreto insuficiente
para atender la urgencia humanitaria que ya requerían las comunidades
indígenas. Bajo ese marco es que, 11 días después, se aprueba el “Plan de intervención del Ministerio de
Salud para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonia
frente a la emergencia de Covid 19”.
Si uno revisa la información organizada en el reciente repositorio
sobre COVID 19 y Pueblos Indígenas[4] se encuentra que la primera
exigencia dada desde los pueblos indígenas data del 16 de marzo, el
mismo día que empieza la cuarentena en todo el territorio nacional. Se
trata de un pronunciamiento de la Unión Indígena Asháninka Nomatsiguenga
del Valle Pangoa (KANUJA)[5] reaccionando a dicha declaración de
emergencia y pidiendo atención específica para sus comunidades. Dos días
después AIDESEP[6] ,principal organización indígena amazónica, se
pronunciaba ordenando el cierre de sus territorios comunales y
evidenciando la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante el
acecho de la COVID 19.
A partir de allí, se registran diversos pronunciamientos,
cartas y solicitudes que contenían información sobre lo que estaba ocurriendo
en los territorios indígenas. Se identificaban falencias de autoridades e
institucionalidad, pero, al mismo tiempo, se adoptaban decisiones que las
mismas organizaciones indígenas ejecutaban. Tal es así, que la medida de
cuarentena a nivel nacional fue prácticamente paralela al cierre de los
territorios indígenas, demostrando la eficacia en la gobernanza territorial de
los pueblos originarios.
Mientras eso ocurría en los territorios, los órganos competentes para
atender a los pueblos indígenas no tuvieron capacidad de reacción. No
es que actuaron de manera negligente, porque eso significa actuar con
falta de cuidado o diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones,
simplemente no funcionaba esa parte del Estado que debería responder
oportunamente a la situación que se iba agravando en las comunidades
indígenas. Es más, ya en la situación de contagio y atención en el caso
de la comunidad de Cantagallo en Lima (el epicentro del contagio) la
reacción del Estado era tardía; la comunidad pide apoyo el 7 de mayo[7] y
5 días después esta recién llega. Es el mismo caso para la comunidad de
San Francisco en Ucayali, donde el 14 de mayo se anuncia la situación
de más de 40 fallecidos y tres días después el Estado recién reacciona.
Otros ejemplos pueden caracterizar también la negligencia del ente
competente por ejemplo con respecto a la entrega de víveres que, sin
articulación con municipios, sin lista de comunidades beneficiarias, ni
protocolos para a la entrega y recibimiento de canastas de alimentos,
convirtió al propio Estadoen vector de contagio[8].
A veces las palabras y los papeles no solo se agotan ante la
burocracia, sino que terminan careciendo de contenido, y esa es la impresión
que se tiene cuando se revisan las más de cien cartas, pronunciamientos y
solicitudes que, desde el inicio del estado de emergencia, interpelaban al
Estado con algún tipo de respuesta que no llegó y cuando lo hizo llegó de
manera tardía. En suma, lo que apreciamos de manera evidente es que hasta el momento
son los pueblos indígenas, los que han gestionado la emergencia sanitaria de
COVID 19. Nunca como ahora los reflectores de ineficiencia burocrática dejaron
ver a toda luz la inoperancia de una languideciente institucionalidad en
materia de pueblos indígenas.
La pandemia continua así es que el primer punto ante una
reacción tardía es aprender cómo operar cuando el daño ya está hecho y sobre
todo cuando el tejido comunal de los pueblos indígenas se está encargado de
gestionar la crisis en este mismo momento. Queda eso o, caso contrario, nos
encontramos a las puertas de lo que podría constituir un etnocidio en nuestra
amazonia por una omisión ya histórica en la atención de estos pueblos.
Respuesta sanitaria: Plan de intervención en
comunidades nativas
Mediante
resolución ministerial 308-2020-MINSA, el 21 de mayo se aprobó finalmente el
esperado plan de intervención, dispositivo que debió tenerse al inicio de la
emergencia sanitaria para prevenir y mejorar la capacidad de atención ante
propagación de COVID 19 (como detalla en sus objetivos). Recordemos que este
plan se enmarca dentro del D.L. 1489 que generó una estrategia limitada de implementación y ejecución de servicios y acciones
para la protección y atención de los pueblos indígenas, donde se plantearon 5
ejes, uno de ellos es la respuesta sanitaría, los otros cuatro son: el control
territorial, abastecimiento de bienes, información y alerta temprana, y
protección de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial (art. 4.3).
El plan atenderá la emergencia sanitaria en 10 regiones amazónicas con un
presupuesto insuficiente de 88 millones de soles. Tomando en cuenta que,
prácticamente, se trata de implementar una política sanitaria en emergencia bajo
la realidad de precarios establecimientos de salud, falta de medicinas e
insumos básicos como el oxígeno, falta de personal médico especializado y sin contar
con recursos para traslados y conexiones aéreas en casos graves, la realidad es
que con dicho presupuesto no se podrá atender ni a Loreto.
El documento técnico enmarca la manera cómo se fortalecerá las medidas de
prevención desde el nivel comunitario y cómo es que se mejorará esa capacidad
resolutiva de los que implementarán las acciones operativas: las Direcciones
Regionales de Salud, las redes de salud y las denominadas IPRESS, Instituciones
Prestadoras de Servicio de Salud. La responsabilidad de difusión,
implementación y supervisión está a cargo de la Dirección de Pueblos Indígenas
y Originarios, dependiente de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas
en Salud Publica del MINSA. La pregunta es si habrá capacidad para que esta
pequeña dirección de pueblos indígenas pueda cumplir con el encargo.
El plan no es nacional, puesto que deja
excluida de la atención a las comunidades campesinas. El ámbito de aplicación
es para 10 regiones amazónicas, pero, incluso en el mismo plan, se menciona que
priorizarán la atención 5 distritos de la región de Loreto: Caballococha,
Requena, Contamana, San Lorenzo y El Estrecho. Probablemente los recursos
asignados no den para más. Por otro lado, no queda claro la articulación
intersectorial con el Ministerio de Cultura, sabiendo que es esta institución
la que tiene que aprobar distintos lineamientos y protocolos para la atención
con pertinencia cultural y con enfoque intercultural (art.4.1 DL 1489).
El plan tampoco aclara la participación de las organizaciones
indígenas para su implementación, sobre todo para el fortalecimiento de las
medidas de prevención, lo único que refiere es la capacitación a líderes y agentes
comunitarios de salud. Volvemos a mencionar: las comunidades y sus autoridades
locales, regionales y nacionales, vienen encargándose en la práctica, con sus
limitaciones, de atender la crisis, por lo que es necesario incorporar esa
experiencia y aprendizaje y repotenciar las acciones realizadas en la implementación
de este plan.
Finalmente, la crisis pandémica COVID 19 sigue al acecho en
los territorios indígenas. Esperemos que la reacción del Estado sea tangible a
partir de estos instrumentos, puesto que la reiterada omisión de sus
obligaciones puede constituir una catástrofe cultural. Hay, que duda cabe,
responsabilidad política de sus funcionarios, pero, sobre todo, esta crisis
sanitaria nos ha puesto los límites a los que se atiene la retórica
intercultural. Necesitamos urgentemente aprender y desaprender caminado con los
pueblos indígenas para incorporar en nuestras instituciones estatales mecanismos
de co-gobernanza. De eso trata el reto del diálogo intercultural y para eso hay
esperanza, así como en el relato shipibo existe un mundo de desgracia llamado Panshin Nete, coexiste también el mundo Jakon Nete o mundo de la esperanza, allí
las estrellas, que en lengua shipiba se llaman wishmabo, representan la vida de cada shipibo o animal muerto y
esas estrellas simbolizan la perpetuidad e inmortalidad del pueblo shipibo.
Notas:
[1] Relato
Shipibo-Konibo de Los Cuatro Mundos,
Inin Metsa /Harry Pinedo, en Antiguamente en el monte los animales, las plantes
y otras seres eran gente, tradiciones orales de las naciones Shipibo y Uitoto,
Casa de la Literatura Peruana, 2019.
[2]
Datos según el Sistema de Información de Comunidades Nativas del Instituto del
Bien Común-IBC
[3] MongaBay https://es.mongabay.com/2020/05/peru-pueblos-indigenas-58-fallecidos-covid-19-shipibo-konibo-ucayali/
[4]
Servindi Repositorio Covid 19 y Pueblos Indígenas: http://www.servindi.org/actualidad/24/05/2020/repositorio
[5]
Servindi: 16 de marzo : https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/03/2020/edit-indigenas-demandan-intensificar-coordinaciones-y-medidas-en-sus
[6]
Aidesep 18 de marzo: http://www.aidesep.org.pe/noticias/pronunciamiento-emergencia-indigena-ante-el-coronavirus
[7]
Servindi 7 de mayo: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/05/2020/hay-mas-de-300-shipibos-esperando-la-respuesta-del-gore-ucayali
[8] PUINAMUDT 30 de abril: https://observatoriopetrolero.org/cuatro-casos-covid-19-en-delegacion-de-municipalidad-de-trompeteros-que-recorrio-comunidades-achuar-y-urarinas-en-el-rio-corrientes/
Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos
No hay comentarios:
Publicar un comentario