Fuentes: Rebelión
Guatemala inicia la fase de mitigación del covid-19
siendo un país con históricas y profundas desigualdades y
vulnerabilidades producidas por un modelo económico y un Estado
profundamente incapaces de solventar la problemática nacional. Estos son
factores que sin duda explicarán el impacto de la pandemia.
Es por demás evidente que el modelo económico excluye del trabajo,
del salario digno y de satisfactores esenciales a más del 70 % de la
población. Este modelo se desmoronaría sin el aporte del 13.8 del PIB
(10,500 millones de dólares) de los migrantes que envían remesas a sus
familias. Sin este flujo constante, sin duda estaríamos ante una
economía más raquítica y en condiciones de subsistencia aún más graves.
Con
relación al Estado, son cotidianos los cuestionamientos de la
política institucionalizada, ya que prioriza los intereses de grupos
minoritarios, lo cual se explica por el secuestro de las esferas
decisorias de sus principales organismos. Esto se traduce en una
falta de capacidad rectora sobre la economía, sin los suficientes
ingresos fiscales y con las profundas debilidades institucionales
para atender las necesidades sociales crecientes.
A
dos meses del primer caso de covid-19 han aflorado tales
desigualdades y vulnerabilidades sociales, al igual que la
orientación política del Estado y sus debilidades para enfrentar la
pandemia. El aumento de despidos, la disminución o pérdida del
salario y las dificultades para sostener el trabajo por cuenta propia
han devenido en un aumento de la crisis social que se traduce en un
aumento de personas solicitando ayuda alimentaria en calles y
carreteras. El desmantelamiento de la salud pública, recursos
insuficientes e incapacidad para gestionarlos y ejecutarlos se
traducen en una falta de trabajadores de salud, de equipo, de pruebas
de detección del virus y de insumos necesarios para atender a los
pacientes. Producto del histórico abandono del campo, en particular
de la economía campesina, se carece de condiciones y recursos
suficientes para sostener y aumentar la producción de alimentos,
esencial en este momento, especialmente cuando los campesinos y
pequeños agricultores constituyen los principales proveedores del
mercado nacional.
Pese
a que se decidieron ampliaciones en el presupuesto de egresos de la
nación, en este momento son evidentes la carencia de recursos y la
falta de capacidad para ejecutar y agilizar programas que, aun
mínimos e insuficientes, son necesarios y urgentes. Esto hace que
observemos a tantos trabajadores de la salud protestando por la falta
de condiciones y de recursos en los hospitales que atienden a
pacientes con covid-19, a cientos de personas con banderas blancas
pidiendo ayuda alimentaria, miles de solicitudes al fondo del empleo,
todo lo cual cubrirá deficitariamente a la población necesitada y
vulnerable.
Así
las cosas, se reproduce un círculo indeseable de condiciones que
hacen prever una agudización de la crisis para las mayorías
sociales. Esto requiere una política y acción pública orientadas a
resolver las enormes carencias e incapacidades para la preservación
de la salud y la vida. En segundo lugar (y, en buena medida,
supeditada a lo anterior), es necesaria la reactivación de la
economía. Y es aquí donde empiezan a surgir las interrogantes, en
especial al pensar la posemergencia. ¿Será una reactivación para
recuperar el modelo económico, que prioriza a los sectores
económicos históricamente poderosos y excluye a los sectores
productivos y comerciales populares (pequeños productores,
campesinos, trabajadores por cuenta propia, etcétera)? ¿Se
mantendrá el Estado débil, incapaz de regir la economía, de crear
institucionalidad garante de derechos y de instituir políticas de
bienestar social?
En
conclusión, la crisis multidimensional (sanitaria, social, económica
e institucional) requiere empezar desde ya el tránsito hacia un
Estado que se oriente a la solución de los profundos problemas
nacionales, que al salir de la emergencia sanitaria se expresarán en
un aumento de la desigualdad, la pobreza y el hambre. Así las cosas,
la política de reactivación económica será absolutamente
insuficiente. Se requiere desde ya pensar en un Estado de bienestar
—como mínimo—, con una economía que priorice el bienestar
social y una institucionalidad orientada a reducir los índices
sociales indignantes, y trabajar por construirlo.
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