Conscientes
de que difícilmente el Congreso le autorice una aventura militar que
puede causar muchas víctimas estadounidenses y que los militares
colombianos y brasileños se oponen a una agresión armada contra
Venezuela, el equipo del presidente Donald Trump parece inclinado a
financiar parcialmente a un ejército mercenario.
El
director de la empresa militar estadounidense Blackwater, Erik Prince,
ha estado desarrollando durante los últimos meses un plan para formar un
ejército privado con el objetivo de derrocar al presidente Maduro,
informó este martes la agencia Reuters. Esta pretendida fuerza militar
constaría de unos cuatro o cinco mil mercenarios contratados en nombre
del opositor Juan Guaidó y reclutados entre paramilitares colombianos y
de otros países de la región.
Para expertos en seguridad,
el plan de Prince es "políticamente inverosímil y potencialmente
peligroso", y "podría desencadenar una guerra civil", agrega la agencia
británico-estadounidense. Prince busca financiación y apoyo político
para esta iniciativa en el entorno del presidente estadounidense, Donald
Trump, y entre exiliados venezolanos millonarios, manteniendo para ello
diversas reuniones privadas en EEUU y Europa.
Uno de
estos tuvo lugar a mediados de este mes de abril, días antes de la
intentona golpista de la frustrada ultraderecha venezolana del 30 de
abril. Ese mismo día, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, no
descartó (ante Fox Business Network) la posibilidad de una "acción
militar" en Venezuela si así "lo requiere" la situación.
Prince
contempla una fuerza integrada por peruanos, ecuatorianos, colombianos,
personas de habla hispana, ya que considera que este tipo de soldados
serían más políticamente aceptables (para los estadounidenses, que aún
recuerdan las bolsas negras en las que volvían los soldados desde
Vietnam) que contratistas estadounidenses.
Pompeo hizo
esta declaración, después de que lanzara otra mentira –fake news- a la
CNN. En lugar de aceptar que el golpe inducido por EEUU fracasó, señaló
que el presidente venezolano Nicolás Maduro, tenía prevista su salida
del país, rumbo a Cuba, pero Rusia lo disuadió. En respuesta, Maduro
respondió: "Señor Pompeo, por favor, ¡qué falta de seriedad! [...]
cuánta mentira y manipulación en esta escaramuza golpista".
El
portavoz de Guaidó, Edward Rodríguez, ha negado que la oposición
venezolana haya mantenido conversaciones con Prince acerca de sus
operaciones, y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa
Blanca, Garrett Marquis, ha evitado hacer comentarios tras ser
preguntado acerca de esta iniciativa.
Uno de los
argumentos de Prince es que Venezuela necesita un "acontecimiento
dinámico" para romper el punto muerto en el que se encuentra el país
desde enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado tras
declarar como ilegítimo a Maduro. Ahora suma otro argumento: los
venezolanos por sí solos, no lo pueden hacer.
De acuerdo
con fuentes, para financiar su plan, Prince busca 40 millones de dólares
de inversores privados y quiere apropiarse de fondos de los miles de
millones de dólares en bienes venezolanos que han sido congelados en
todo el mundo por las sanciones impuestas contra el gobierno
constitucional venezolano. Quiere piratear a los piratas.
Sin
embargo, no está claro cómo la oposición venezolana podría acceder
legalmente a dichos bienes. Prince dijo a la gente con la que se reunió,
según Reuters, que cree que Guaidó tiene la autoridad para formar su
propia fuerza militar porque ha sido reconocido internacionalmente como
presidente legítimo del país.
Blackwater, trasnacional criminal
Blackwater,
una multinacional militar, se abre paso en el mundo desde hace dos
décadas. Es la empresa de seguridad más poderosa del planeta, acumula
denuncias por crímenes cometidos en Medio Oriente y por casos de
corrupción en Estados Unidos. Radiografía de un negocio en expansión,
impulsado por la Casa Blanca.
En las últimas dos décadas,
con impunidad, con armamento de última tecnología, montada sobre
mercenarios de diferentes naciones, Blackwater es una de las mayores
empresas de seguridad a nivel internacional, fundada en 1997 por Erik
Prince y Al Clark. Tiene decenas de denuncias en su contra, por cometer
crímenes, incurrir en flagrantes abusos de autoridad y participar en
contratos espurios otorgados por el Pentágono y el Departamento de
Defensa de Estados Unidos.
Renombrada como Academi,
Blackwater surgió en pleno avance neoconservador en EEUU, de la mano del
presidente George W. Bush (2001-2009). La transnacional, fundada bajo
la bendición de la ultraderecha católica estadounidense, ingresó en las
grandes ligas con la administración de Bill Clinton en la guerra de los
Balcanes en la década de 1990.
Los neocons, que
venían apuntalando su poder durante los mandatos de Ronald Reagan y Bush
padre, encontraron en la administración republicana del empresario
petrolero el caldo de cultivo para aplicar el Proyecto para el Nuevo
Siglo Americano (PNAC, por sus siglas en inglés) que, entre otros
puntos, avalaba la desregulación total del Estado y apuntaba todos sus
cañones contra esa vaga definición de “terrorismo internacional”, que se
ubicaba: en Medio Oriente y entre la comunidad musulmana.
Un
informe de Sudestada señala que en ese momento, BW daba sus primeros
pasos en el redituable negocio de la seguridad privada, poniendo a
disposición de Washington a los primeros “contratistas” que, para 2001 y
2003, con las invasiones a Afganistán e Irak, respectivamente, se
convertirían en un ejército mercenario, alcanzando casi la misma
cantidad de tropa en territorio iraquí que las Fuerzas Armadas
estadounidenses.
Pero Prince, con pasado como SEAL
(equipos de mar, aire y tierra de la Marina estadounidense),
ultraconservador y financista de grupos católicos, extremistas y
marginales, no pensó a su empresa como un simple ejército de respaldo a
las ocupaciones de EEUU en otras partes del mundo, y en Carolina del
Norte, en un pantano conocido como Moyock de 2.800 hectáreas, fundó la
instalación militar privada más grande del mundo.
Manzanas podridas, fruto de un árbol muy tóxico
En el libro Blackwater. El auge del ejército mercenario más poderoso del mundo,
el periodista Jeremy Scahill describe a Moyock como el lugar donde “se
instruye anualmente a decenas de miles de agentes de las fuerzas del
orden, tanto federales como locales, así como a tropas de naciones
extranjeras amigas”.
En su sede central, BW “tiene su
propia división de inteligencia y cuenta entre sus ejecutivos a ex altos
cargos militares y de otros servicios secretos”, apunta Scahill,
colaborador de The Nation y de Democracy Now! Con el
paso del tiempo, el mercado de la “seguridad” produjo redituables
demandas para BW, por eso también construyó instalaciones en California,
Illinois y en la selva de filipina.
Blackwater, como
otras firmas de seguridad privada en expansión, “no son sólo manzanas
podridas: son el fruto de un árbol muy tóxico –escribe Scahill–. Este
sistema depende del maridaje entre inmunidad e impunidad. Si el gobierno
empezara a golpear a las empresas de mercenarios con cargos formales de
acusación de crímenes de guerra, asesinato o violación de los derechos
humanos (y no sólo a título simbólico), el riesgo que asumirían estas
compañías sería tremendo”.
Prince definió a su empresa
como “una prolongación patriótica de las Fuerzas Armadas de Estados
Unidos”. Con los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en
septiembre de 2001, el gobierno de Bush tuvo el camino limpio para
concretar, en el plano militar, “el choque de civilizaciones” acuñado
por el politólogo Samuel Huntington. Caída la Unión Soviética y el mundo
socialista, el poder de Washington se apresuró a encontrar nuevos
enemigos a los que combatir, señala Sudestada.
Si pocos
años antes, el movimiento talibán y Al Qaeda sirvieron para expulsar al
ejército ruso de Afganistán, ahora esos mismos grupos eran el propio mal
que amenazaban la vida occidental. Más allá de las tropas regulares,
Bush inundó Afganistán e Irak de mercenarios de compañías como DynCorp y
Blackwater, empresa que se encargó de la seguridad del personal
estadounidense en esos países, entrenó tropa y, se convirtió en una
parte fundamental del Ejército de ocupación.
Entre los
muchos beneficios a los que accedían los mercenarios dirigidos por
Prince se encontraban la impunidad total de sus acciones, definida por
ley por la autoridad de ocupación estadounidense en Irak, y salarios que
doblaban a los de los soldados rasos. “Los sueldos normales de los
profesionales del DSP (destacamento de seguridad personal) se cifraban
hasta hace poco en unos 300 dólares diarios. En cuanto Blackwater empezó
a reclutar para su primera gran labor (la de ejercer de guardia
personal de Paul Bremer –máxima autoridad estadounidense en Irak–), la
tarifa se disparó hasta los 600 dólares al día”, señaló la revista
Fortune.
Mientras BW facturaba millones de dólares y
reclutaba a ex militares estadounidenses y chilenos –en funciones
durante la dictadura de Augusto Pinochet–, para engrosar sus filas y
cumplir con la demanda exigida por la Casa Blanca, también lograba que
el Congreso estadounidense aprobara a su propio grupo de lobby para
hacer cabildeo entre los parlamentarios. Varios informes de organismos
públicos de EEUU llamaron la atención porque el gobierno no supervisaba a
los “contratistas” y permitían su total impunidad en las operaciones
militares.
El crecimiento de la firma de Prince fue
constante desde los atentados de 2001. Una división de aviación,
submarinos, la última tecnología para el espionaje y decenas de
contratos millonarios conformaban una sonrisa que resplandecía en la
fachada de BW. Pero su suerte se vio opacada con los golpes recibidos
por la resistencia iraquí. En marzo de 2004, las imágenes de cuatro
personas descuartizadas y mutiladas, colgadas en un puente de Faluya,
ciudad que se negaba a caer, dieron la vuelta al mundo. Con el correr de
los días se supo que esos cuerpos eran de mercenarios de Blackwater.
El
linchamiento de los “contratistas” puso sobre la mesa que la compañía
no sólo realizaba operaciones militares por fuera de lo acordado, sino
que enviaba a sus propios mercenarios en vehículos sin blindar, con un
poder de fuego reducido y a misiones casi suicidas, como en el caso de
Faluya.
En 2007, en la plaza Nisur, de Bagdad, un convoy
de Blackwater con cuatro vehículos blindados, que cargaban
ametralladoras de 7,62 milímetros, capaces de derrumbar paredes: los
mercenarios abrieron fuego de manera indiscriminada, sumado 17 víctimas,
todas civiles. La ira del pueblo iraquí no tardó en manifestarse en las
calles y en la profundización de las acciones armadas de una
resistencia heterogénea.
Pese al encubrimiento político,
judicial y mediático, los mercenarios Dustin Heard, Evan Liberty, Paul
Slough y Nicholas Slatten fueron condenados, los primeros a penas de 30
años y Slatten a cadena perpetua. En agosto de este año, la cadena Russia Today
informó que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló las
sentencias de los mercenarios y ordenó la celebración de un nuevo juicio
para Slatten.
La masacre de la plaza de Nisur tuvo un
impacto tan grande, que el ex presidente Barack Obama revocó los
contratos con Blackwater en 2009, para después volver a contratar a la
empresa por cerca de 10 mil millones de dólares en 2010. El exprimer
ministro de Qatar, Abdula bin Hamad Al-Attiyah, reveló que miles de
mercenarios de la compañía fueron entrenados en Emiratos Árabes Unidos
para invadir el territorio qatarí.
Según el exprimer
ministro, los Emiratos contrataron los servicios de Blackwater para sus
operaciones en la invasión a Yemen, liderada por Arabia Saudí. Los
mercenarios sufrieron varios reveses militares y se vieron obligados a
abandonar ese país, el más pobre de Medio Oriente. El gobierno de Qatar
confirmó que BW entrenó a unos 15.000 empleados, “gran parte de ellos de
nacionalidad colombiana y suramericana”, en la base militar emiratí de
Liwa.
En julio de 2017 también se conoció que el gobierno
del presidente Donald Trump intentó que la firma de Prince retornara a
sus andanzas en Afganistán. Según informó la cadena HispanTV,
“Jared Kushner, asesor y yerno del mandatario estadounidense, y Steve
Bannon, uno de los principales estrategas en la Casa Blanca,
supervisaron la iniciativa y presentaron a sus candidatos para
implementar el plan” de Trump: Prince y Stephen Feinberg, propietario de
DynCorp International.
Scahill señala que “la guerra es
un negocio y el negocio ha ido muy bien. No sólo son las acciones de
Blackwater y los de su clase las que tienen que ser investigadas,
reveladas y enjuiciadas: es todo el sistema en su conjunto”. Obviamente
eso no ocurrirá en el gobierno de Donald Trump.
- Álvaro Verzi Rangel
es sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y
Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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