Miguel Concha
Organizaciones de la sociedad
civil en México y Honduras, y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, han monitoreado y expresado su preocupación por las formas de
violencia sistemática y sistémica en aquel país, y han hecho referencia
al papel que juegan los problemas estructurales como la pobreza, la
marginación, la corrupción y la impunidad en la migración forzada de
personas.
El pasado 13 de octubre se dio a conocer que cerca de siete mil
personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, saldrían de Honduras
con la finalidad de llegar a México y posteriormente a Estados Unidos.
De conformidad con las propias personas parte de ese éxodo huyen de
la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos,
como producto de la pobreza y de la falta de oportunidades. Lo que se
esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide
al gobierno de Estados Unidos (EU) respecto al trato de migrantes
mexicanos en el exterior.
Sin embargo, por medio de agentes del Instituto Nacional de Migración
(INM) y la Policía Federal (PF), éste ha puesto en marcha operativos de
control, llevando a cabo acciones de detención y amedrentamiento, como
dejar a las personas migrantes, incluyendo niñas, niños, adolescentes y
mujeres embarazadas, varadas en condiciones climáticas extremas en el
puente de la frontera entre Chiapas y Guatemala, sin agua, alimentación,
ni servicios de salud y sanitarios. Algunas de las consecuencias de
esta actuación pudieran significar tortura, tratos crueles, inhumanos o
degradantes, y es un mensaje de aquello a lo que se enfrentarán si
insisten en ingresar al territorio mexicano sin un documento acorde con
lo establecido por la Ley de Migración y su reglamento.
Diversas organizaciones civiles y albergues que trabajan en Chiapas y
Oaxaca han logrado monitorear la situación y han denunciado la falta de
información veraz sobre el derecho a solicitar y recibir asilo; el uso
de la fuerza por parte de la PF; la privación de la libertad de personas
que solicitan protección internacional en las estaciones migratorias;
la falta de alimentación, agua, servicios de salud y sanitarios, y el
condicionamiento a recibir servicios a cambio de entregarse al INM para
comenzar su proceso de deportación.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, además de apoyar en la coordinación de la ayuda humanitaria,
trabaja de la mano con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
(Comar), intentando resolver un rezago de solicitudes de protección que,
de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo
el año pasado más de 14 mil solicitudes, de las cuales 50 por ciento
sigue sin resolución. Lo que representa que más de cuatro mil personas
solicitantes de asilo están en la incertidumbre.
En este contexto es fundamental que el Estado mexicano respete,
proteja y garantice todos los derechos de las personas en contexto de
migración internacional, por medio de: 1) el establecimiento de
mecanismos de detección y atención integral, particularmente para
mujeres, menores de edad, personas con discapacidad y solicitantes de
protección internacional, entre otros, brindándoles además asesoría
legal sobre el derecho a solicitar y recibir asilo y atención a su salud
física y sicológica.
2) No privar de la libertad por motivos migratorios a personas
solicitantes de asilo, y mucho menos a niñas, niños, adolescentes y sus
familiares.
3) Fortalecer el trabajo de monitoreo y denuncia de Organismos
Públicos de Derechos Humanos (OPDH) a escala federal y estatal, así como
vigilar y dar seguimiento a la implementación de medidas cautelares
solicitadas por la CNDH.
4) Implementar garantías de no repetición de actos de uso de la
fuerza pública en contra de las personas migrantes, como los sucedidos
el 19 de octubre.
5) Coordinar diversas entidades del Estado, como las Procuradurías de
Protección a la Infancia, la Comar y los OPDH en el acompañamiento
durante la ruta del éxodo centroamericano, y su coordinación con la
sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas.
6) Elaborar estadísticas desagregadas por edad, nacionalidad, sexo y
condición de viaje que permitan contar con una base de datos para la
puesta en marcha de acciones humanitarias, acompañamiento legal y
asignación presupuestal.
7) Garantizar la seguridad de las personas en albergues, casas de
migrantes y centros de derechos humanos, así como el respaldo y
facilitación de su trabajo de monitoreo.
8) Respetar el principio de no devolución y expulsión masiva. Es
también imperante que en las acciones de ayuda humanitaria y de atención
integral se tomen en cuenta las condiciones a las que se enfrentarán en
el norte, como son las largas esperas para solicitar asilo en EU; las
temperaturas, que pueden bajar a menos de 10 grados centígrados; el
control del territorio por parte del crimen organizado, y las políticas
del presidente Trump para que los países de origen y tránsito pongan en
marcha medidas de control.
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