Estamos aún en medio de
la catástrofe del llamado “Niño Costero”. Las últimas cifras que ha
reportado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señalan
que la lista de fallecidos se elevó a 97 personas, más de 20
desaparecidos, 124 161 personas damnificadas, 14 301 viviendas
colapsadas ; 813 239 mil afectados [1].
Es probable que las cifras se incrementen para finales de abril, que
es cuando se espera que las lluvias cesen y el fenómeno climático
termine. Más allá de esas cifras frías como un tempano, debemos ser
honestos con lo que cada día vemos y escuchamos en las redes y medios de
comunicación desde nuestro cómodo sofá: Detrás de cada persona que
sufre dramáticamente este desastre, está el rostro de la desigualdad
social y económica de este país.
Vivimos dentro de un Estado que nos
castiga dependiendo de nuestro origen, condición o lugar donde vivamos;
sino preguntémonos ¿quiénes son los pobladores que viven en las
quebradas inactivas, ahora arrasadas por los huaicos?, ¿cómo es que se
asentaron en tierras tan arriesgadas?, ¿de qué material precario están
construidas sus viviendas?, ¿cuentan con servicios básicos como agua
potable, alcantarillado, atención sanitaria digna?, ¿cuál es la calidad
de la educación que reciben sus niños y niñas? Se calcula que el 60,9 %
de la población peruana está en situación de riesgo y vulnerabilidad
frente a fenómenos naturales [2]; más de 3.5 millones de viviendas son de material precario [3], 2.5 millones carecen de alcantarillado [4]
y 7 millones de peruanos no tiene acceso a agua potable segura. La
causa la encontramos en la enorme brecha de desigualdad entre los
privilegios que tienen algunos, en detrimento de los mínimos derechos
que son negados a la gran mayoría de peruanos.
La furia de la
naturaleza se ha encargado de desnudar la precariedad de nuestro Estado,
además de mostrar la irresponsabilidad, negligencia y en algunos casos
delictuosidad de sus autoridades [5].
La organización política de nuestro Estado, en gobierno nacional,
regional y local, dejó en evidencia la inexistente coordinación y
desarticulación entre los niveles de gobierno, si no veamos cómo el
alcalde de Huarmey [6]
tras la inundación de su localidad por tres días, se vio obligado a
trasladarse a Lima e interrumpir una conferencia de prensa del
presidente para solicitar ayuda o el caso de varios ministros haciendo
la vez de gobernadores regionales en los lugares de desastre [7].
Lo cierto es que los últimos gobiernos nacionales, han reconcentrado el
poder político y económico, señalando la falta de “capacidad de
gestión” en las regiones y bajo esa justificación han tomado las grandes
decisiones sobre territorios y recursos que no les competen; todo esto
en función de la imposición de un modelo de desarrollo económico desde
el centro a la periferia, logrando el fracaso de la descentralización.
Si a ello le agregamos que nuestras autoridades han prescindido de
instrumentos de gestión como la planificación estratégica y el
ordenamiento territorial, entonces podemos entender mejor la magnitud de
los daños; puesto que estos instrumentos buscan contribuir a la
reducción de la vulnerabilidad humana y orientar la ocupación del
territorio a partir de intervenciones que reduzcan el riesgo de desastre
. Sin embargo, la situación actual es producto de tres décadas sin
planificación, ni articulación de planes sectoriales y regionales. El
crecimiento de las principales ciudades en este país no se planifica,
solo se ocupa desordenadamente, creando grandes cinturones de
asentamientos humanos; dicha ocupación muchas veces producto de
invasiones, son sospechosamente saneadas “legalmente” por la autoridad
competente sin cumplir las mínimas condiciones de habitabilidad.
Hay un ejemplo concreto que engloba la lógica de un Estado desigual y
sin planificación. El 2013 finalizó el ciclo de altos precios de las
materias primas que exportamos, con ello llegó el estancamiento
económico, el PBI empezó a decrecer y esto a alarmar al gobierno de
turno. La decisión para reactivar la economía fue bajar y, en algunos
casos, eliminar estándares de protección de derechos sociales y
ambientales. Se aprobaron decretos, leyes y políticas para seguir esa
lógica; una de esas normas fue la aprobación de la Ley 30230, que, en su
artículo 22, limitó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial a
una decisión del gobierno central, desmantelando así lo poco avanzado en
planificación por los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué lo hizo?
porque el gobierno central vio en riesgo la exclusión de proyectos
extractivos, reforzando de esta manera la lógica de un Estado que busca
beneficiar a unos pocos, incluso a costa de la planificación y
ordenamiento del territorio.
La falta de planificación y
desigualdad son un mal endémico en nuestro país, están íntimamente
relacionadas, pero ningún gobierno en toda la historia republicana
parece haberle prestado interés. A pesar de que la última década se haya
tenido un superhabit fiscal que difícilmente se podrá repetir,
el Estado no se inmuto ni por planificar, ni por acortar las diferencias
entre ricos y pobres; si más bien se ocupó por las cifras macroeconomía
(PBI, tasa de interés, balanza de pagos) y sobre todo los incentivos
normativos a la inversión para tener mayor competitividad, todo esto
visto como un fin en sí mismo.
Si bien es cierto que hubo resultados que redujeron el índice de pobreza monetaria [8] logrando pasar de más del 50% de pobreza en 2004 a menos el 23% en 2014 [9],
olvidándose de combatir la extrema desigualdad que se fue ensancho en
la misma proporción del crecimiento económico; en el 2004 un poblador
rural tenía el doble probabilidades de ser pobre que el urbano, hoy esa
probabilidad es triple [10]
; de la misma forma los habitantes de Huancavelica tienen cinco veces
más probabilidades de pobreza y desigualdad que un habitante promedio de
Lima.
Hasta antes de que se produjeran los desastres
naturales, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski seguía en la misma
lógica de gobiernos anteriores: la obsesión por el crecimiento económico
ilimitado. Sin embargo los desastres nos han demostrado que si queremos
modernizar el Estado, no es suficiente crecer con un promedio de 6%
entre 2005 al 2013, ni de triunfalismos como el llamado “Milagro
peruano”; tenemos que empezar a planear el país que queremos, uno que
tenga capacidad de respuesta ante grandes emergencias, porque las
probabilidades de fenómenos climatológicos serán frecuentes, pero además
debemos atacar la terrible desigualdad económica y social que existe
entre peruanos y peruanas. Queda eso, o que persista la fórmula de los
últimos 25 años, donde el Estado bajo un modelo económico neoliberal,
deja a la mayoría de peruanos a expensas de los desastres naturales.
Total, como dicen sus ideólogos el mercado otorga lo que cada uno se
merece.
Notas:
[1] Ver La República: http://larepublica.pe/sociedad
[2] Ver Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR) por las Naciones Unidas: http://www.preventionweb.net/e
[3] INEI 2015 Condiciones de vida en el Perú, Informe Técnico N°.-2- junio 2015.
[4]
Defensoría del Pueblo 2014. El derecho humano al agua y saneamiento: el
control del gasto público en la ejecución de infraestructura de acceso.
Informe 170 Defensoría del Pueblo.
[5]
En este análisis no vamos a referirnos a la variable corrupción que
está íntimamente relacionada con el colapso de la infraestructura a raíz
de los desastres, donde los alcaldes tienen mucha responsabilidad
siendo el caso de Lima metropolitana es el más escandaloso.
[6] Ver en Diario la República: http://larepublica.pe/politica
[7] Ver en Andina: http://www.andina.com.pe/agenc
[8]
La pobreza monetaria es aquella situación en la que el nivel de ingreso
o consumo de una persona es inferior a una canasta de bienes y
servicios esenciales.
[9] INEI 2015 Informe Técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima.
[10]
Reporte de Oxfam América, 2015. Para no retroceder, realidad y riesgo
de la desigualdad en el Perú. Documento de Trabajo Perú N°.- 1/octubre
2015.
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