Durante
el segundo semestre de 2016 el autor ha dedicado un gran esfuerzo a
elaborar un estudio de las medidas presentes en 13 países
latinoamericanos[1] para luchar contra la Red de Guaridas Fiscales (RGF)[2].
El breve enfoque descriptivo se refiere a una parte de Latinoamérica,
sin embargo las conclusiones y recomendaciones respecto del abordaje
necesario para solucionar el problema de la RGF tienen un enfoque
global.
Comenzando por una de las cuestiones básicas de la
lucha contra la RGF, su identificación, vemos que de los trece países
latinoamericanos analizados por el autor en 2016, solo seis presentan
listas activas de guaridas fiscales (Brasil, México, Ecuador, Colombia,
Perú y El Salvador), dos ya las tienen previstas en su normativa pero no
las han emitido y por ende no son efectivas de hecho (Nicaragua y
Honduras) y cuatro no tienen prevista ninguna legislación relacionada
con las guaridas fiscales e incluso con precios de transferencia
(Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Guatemala).
Lo primero
que llama la atención al analizar las listas de “Guaridas Fiscales” de
los seis países de Latinoamérica que las poseen, es su heterogeneidad.
Solo 17 jurisdicciones se encuentran presentes en las seis “listas
negras” activas de “Guaridas Fiscales”, en tanto 42 solo están presentes
en una de las listas y 73 se encuentran en algunas de las 6 listas
activas de los países analizados.
Las medidas relacionadas
con las sanciones, restricciones o prevención de evasión y elusión que
se implementan en las normativas de los países emisores de las listas
son aún más variadas en extensión, profundidad, alcance, metodología y
claridad, no solo en el presente sino en la evolución de cada uno de los
países. En general estas medidas de las normativas nacen relacionadas
con las cuestiones de precios de transferencia y luego se amplían
eventualmente, o no, a otras vinculadas con lo tributario, financiero,
de lucha contra el lavado de activos, comerciales, etc. La variación
incluye países que incluso tienen ya prevista en su legislación el
elaborar y difundir listas de guaridas fiscales pero que a pesar de ello
no lo han hecho, habiendo transcurrido ya años desde que se incluyó
dicha previsión, como es el caso de Honduras y Nicaragua.
Sin
duda alguna existe una relación entre la profundidad con que se trata
normativamente el tema de la evasión y elusión fiscales utilizando la
RGF y la magnitud del país que emite la normativa junto con el
desarrollo de su Administración Fiscal Federal o Central, sin embargo
existen excepciones como el caso de El Salvador, que siendo parte de un
país de pequeño porte y con un desarrollo incipiente de su
Administración Tributaria Central, posee un detalle normativo de listas
anuales y medidas relacionadas que llama la atención por su profundidad.
Se requieren soluciones globales
Según
la visión del autor, toda medida aislada de prevención de cada país
respecto de RGF está destinada a ser, como mínimo, poco efectiva y a la
larga de hecho prácticamente inútil. La única solución real que podría
darse al problema de la evasión y elusión asociadas a la RGF debería
darse a nivel global con una discusión en un ámbito participativo y
democrático como las Naciones Unidas y el debate debería ir al nudo
mismo que tiene que ver con una tributación diseñada nacionalmente en
cada país en base a la economía vigente a principios del siglo XX y
parches hasta nuestros días que no cambian su esencia. La discusión
entonces debería enfocar en la creación de reglas internacionales que
regulen e impongan tributación a las fuerzas productivas y de comercio
internacional que hoy están encarnadas en multinacionales con presencia y
diversificación productiva en decenas de países al mismo tiempo y que
presentan niveles de facturación que compiten con los niveles de
recaudación de muchos países desarrollados. Estamos entonces hablando
de una discusión de poder donde los Estados Nacionales se las tienen que
ver con empresas que en muchos casos los superan en cuanto a su poder
económico y por ende fáctico en un mundo como el actual. La integración
de las empresas de producción con las financieras ha determinado que
esta cuestión de crecimiento del poder de las corporaciones
multinacionales se agravara y que el uso de la RGF no solo amenace
gravemente la recaudación impositiva de todos los países del mundo, sino
así mismo la estabilidad financiera mundial, como quedó demostrado en
la crisis financiera del año 2008.
La RGF integra los
fondos provenientes de todo tipo de origen, legal e ilegal, lícito e
ilícito y sus facilitadores funcionan como nexos entre todas esas
fuentes de fondos y los propietarios de las mismas; esto determina que
la lucha contra la RGF de cada Estado Nacional dentro de sus fronteras y
a nivel internacional se vea de hecho limitada por la disposición de
sus clases políticas para ir a veces en contra de sus propios intereses
debido a que son parte del establishment económico usuario de la RGF o
socios del mismo desde la corrupción o en el “más inocente” de los
“casos políticos” rehenes de las fuerzas nacionales o internacionales
ligadas a las actividades ilegales violentas, como el terrorismo,
narcotráfico, trata de personas o tráfico de armas, usuarios también de
la RGF.
La RGF tiene fuerzas propias y asociadas con poder
de lobby a nivel de medidas globales y nacionales y se ha podido ver
que en algunos países integrantes de la RGF tienen una capacidad muy
efectiva para lograr su exclusión de las “listas negras” una vez
incluidos en las mismas o evitar ser incluidos. Panamá, Suiza y
Luxemburgo son casos claros de esta cuestión.
OCDE promueve medidas inefectivas
Analizar
la profundidad de las acciones de un país respecto de la lucha contra
la RGF por la extensión de su “lista negra” sería pecar de superficial e
inocente, ya que se puede incluir numerosas “Guaridas Fiscales”
irrelevantes para el país emisor y excluir de las mismas a las más
relevantes. En relación con esta cuestión, sin embargo, es importante
destacar que en opinión de autor la OCDE está jugando un rol clave en la
exclusión de las “listas negras” de las “Guaridas Fiscales” de mayor
relevancia, por medio de diversas acciones que más que atacar el
problema de la RGF les proporciona un “lavado de cara” y hace un
“ordenamiento” del funcionamiento de la RGF, que seguramente apunta a
que se respeten los niveles de poder de las potencias beneficiarias de
los flujos administrados por la RGF en las porciones que reciben cada
uno de dichas potencias. Es así que hoy se puede ver como EEUU y Reino
Unido continúan siendo los principales promotores de las medidas
inefectivas del OCDE, impulsadas e impuestas por el G20, y que se ven de
modo concreto, por ejemplo, en la obligatoriedad de hecho de los países
emisores de “listas negras” de excluir de las mismas a las
jurisdicciones que, siendo parte indudable de la RGF, firman un acuerdo
de intercambio de información en el marco de la “Convención sobre
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, vinculado al “Foro
Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines
Fiscales” de la OCDE. Como consecuencia directa de estas acciones, hoy
la OCDE no posee lista alguna de “Guaridas Fiscales” o similares.
En
la lucha contra la utilización de la RGF, no se está discutiendo una
serie de maniobras para eludir o evadir tributos y para evitar
regulaciones financieras. La discusión es mucho más profunda y está en
cuestión la supervivencia misma del estado de bienestar que tuvo
vigencia en el siglo XX. Evitar una lucha frontal con la RGF o hacerlo
suponiendo que solo se está atacando a unas “pequeñas islas” sin poder
efectivo[3],
y que trabajan en forma aislada anárquica y competitiva, es una
estrategia que a mediano o largo plazo implicará un fracaso y por ende
una redefinición y reducción de la presencia estatal que puede llevar a
un aumento de la exclusión social y por ende de la violencia asociada a
la pobreza, marginalidad e indigencia. Las clases políticas actuales y
venideras deberán evaluar si están dispuestas a ir a fondo enfrentando a
la RGF y sus poderosos beneficiarios directos e indirectos, o ser
socios y estar dispuestos a afrontar las consecuencias sociales en sus
países, sin tener opción a la violencia de la represión, tarde o
temprano. En el corazón de esta batalla sorda que se está dando hoy, y
que se librará en los próximos lustros, está el financiamiento de la
política como nudo central; mientras el mismo siga ligado a actividades
ilegales, peajes o aportes de los beneficiarios de la RGF y al apoyo de
las multinacionales de medios, la batalla estará claramente definida y
las consecuencias también.
Juan Valerdi
es economista especialista en tributación y lucha antilavado. Ex
asesor de la presidencia del Banco Central, Banco Nación y la unidad
antilavado de Argentina.
[1]
La investigación abordó un conjunto de trece países de Latinoamérica.
Los trece países seleccionados por las ONGs auspiciantes y el autor
son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. En
la selección se combinaron la relevancia económica y poblacional de los
países junto con la pertenencia a las ONGs auspiciantes: Red de Justicia
Fiscal Latinoamericana, LATINDADD. Se prevé la publicación del
documento de investigación, por parte de las ONGs auspiciantes, durante
el año 2017.
[2]
El autor se resiste a utilizar la traducción habitual de los “Tax
Havens” al español como “Paraísos Fiscales”, ya que no sólo es errónea
desde el punto de vista formal (la palabra en español “Paraísos” en
inglés es “Heaven” y no “Haven”) sino que incluye en ese error un fondo
de justificación del uso de la Red de Guaridas Fiscales (RGF) por parte
de las empresas y ricos que huirían del “infierno” de los gobiernos cuya
“voracidad fiscal pretende saquear los beneficios obtenidos con sus
esfuerzos”. “Haven” tiene como traducción oficial, entre otras, a
“Guarida”, palabra que parece ser la más representativa para el rol que
cumple la RGF desde las épocas de piratas y corsarios al servicio de su
majestad la Reina.
[3]
Como sugiere erróneamente Gabriel Zucman en su libro “La riqueza
escondida de las naciones” (2015) respecto de las islas y territorios
que forman parte de la Red de Guaridas Fiscales y por ende propone
medidas de solución que carecen de visión política y de puja de poder
entre los grandes beneficiarios y los perjudicados.
| Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento: ¿Hasta cuándo las guaridas fiscales? 15/03/2017 |
http://www.alainet.org/es/articulo/184169
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