Indígenas mayas
Photo Credit: CAAAP / CAAAP
En el marco del quincuagésimo séptimo periodo extraordinario de
sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a
cabo esta semana en la ciudad de Guatemala, el organismo canadiense de
la sociedad civil, Abogados Sin Fronteras Canadá participará junto a sus
asociados en Guatemala, el Bufete Jurídico Popular de Rabinal, en una
conferencia en torno a la sentencia de la justicia guatemalteca en el
caso Chichupac, dictada el 30 de noviembre de 2016.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevó el
caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
agosto de 2014, al menos 71 personas fueron torturadas y masacradas por
el ejército de Guatemala y miembros de la autodefensa civil, vinculados
al gobierno, en diferentes hechos ocurridos entre 1981 y 1986, cuando el
país centroamericano se hallaba gobernado por una serie de violentas
dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos.
En la ocasión, una copia de la sentencia será entregada
simbólicamente al gobierno de Guatemala (Ministerio Público) con el fin
de que los responsables de las matanzas de Chichupac sean sancionados.
La sentencia de la Corte ordenó al Estado de Guatemala reparaciones
por los hechos relacionados con las masacres cometidas en el pueblo de
Chichupac, departamento de Baja Verapaz entre 1981 y 1986. Allí fueron
cometidas “masacres, violación sexual, omisión de auxilio, ejecuciones
extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, detenciones ilegales y/o
trabajo forzado, ejecutados por el Ejército de Guatemala y sus
colaboradores, como consecuencia de una política destinada a la
persecución y exterminio de las comunidades mayas.” También se produjo
el desplazamiento de comunidades indígenas en su mayoría maya achí de la
localidad de Chichupac.
La Corte concluyó en su juicio que el Estado de Guatemala es
responsable de la violación del derecho a la vida, la integridad humana y
la libertad de la persona.
El fallo determinó que el Estado debía asumir una serie de
obligaciones, sobre todo el poner fin a la impunidad de la que gozan los
autores de masacres, continuar llevando adelante las acciones
necesarias para determinar el destino de las personas desaparecidas y
proporcionar a las víctimas servicios médicos, psicológicos y
psiquiátricos.
Debido a que el Estado guatemalteco no cumplió adecuadamente con su
obligación de ofrecer reparación a las víctimas, la organización
Abogados sin Fronteras Canadá ha apoyado a su socio local, el Bufete
Jurídico Popular de
Rabinal, que representa a las víctimas de Chichupac, para llevar el caso
ante la Corte, mediante el apoyo técnico de abogados y el envío de
cooperantes voluntarios.
Radio Canadá internacional pudo conversar sobre el caso con Pascal Paradis, director ejecutivo de Abogados sin Fronteras Canadá.
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