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Tras casi tres
décadas de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) abrió sus archivos a la comisión que investiga
la verdad sobre los hechos.
Según el presidente del órgano
judicial, José Ayú, pese a las restricciones que impone la Constitución y
la Ley, acordamos que la comisión acceda a ‘esa información valiosa que
existe en los archivos, que no fueron destruidos y que están aquí
perfectamente guardados’.
En reciente reunión con miembros de la
Comisión del 20 de diciembre de 1989, se acordó el acceso a los
documentos que atesora la CSJ con respecto a todos los sumarios por
supuesta causa de muerte de personas que sufrieron la intervención
foránea y que fueron tramitados por las fiscalías superiores y el
Segundo Tribunal.
También podrán consultar las presunciones de
muerte tramitadas en la jurisdicción civil por parte de los juzgados de
circuitos, archivadas en estas instalaciones que guardan expedientes que
datan de inicios de la República, refiere una nota de la CSJ publicada
en su web.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Juan
Planells, reconoció el apoyo brindado por el órgano judicial, en
especial de Ayú, quien los invitó a montar una pequeña oficina para
consultar los documentos de la época.
‘Los expedientes están
perfectamente ordenados, lo que nos da esperanzas de que podamos hacer
nuestro trabajo sin mayores inconvenientes, incluso hoy hicimos la
búsqueda de dos casos y se pudieron ver en pocos minutos y revisar cuál
era el estatus de los expedientes’, sostuvo.
Instalada en 2016
por el Gobierno, la Comisión 20 de Diciembre intenta recabar los
testimonios de testigos presenciales y entrevistarse con instituciones
como la Cruz Roja, el Tribunal Electoral y el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, aseguró Planells en diciembre último.
Para
ello cuentan con un presupuesto de 900 mil dólares, que permitirá
contribuir al esclarecimiento de la verdad, el número e identidad de las
víctimas fatales y de las violaciones de los derechos humanos ocurridas
desde el 20 de diciembre de 1989 hasta la retirada de las fuerzas
armadas estadounidenses, recordó la CSJ.
El grupo de expertos
también estudia la conveniencia de declarar ese día de duelo nacional,
desarrollar propuestas de reparación con el apoyo de juristas
internacionales, elaborar un Informe de la Verdad, evaluar la
instalación de monumentos conmemorativos e investigar la existencia de
posibles fosas, entre otras actividades.
La maniobra invasora fue
denominada Operation Just Cause (Operación Causa Justa) por el comando
militar estadounidense, el cual bajo el pretexto de capturar al entonces
jefe de estado Manuel Antonio Noriega, provocó al menos tres mil
muertes de civiles y militares, además de cuantiosos daños materiales.
Estados
Unidos hasta el momento no indemnizó a las víctimas sobrevivientes, ni a
los familiares de los muertos en la acción bélica.
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