León Bendesky
La Jornada
Formular un presupuesto
federal es siempre una afirmación de índole política. El presidente
Donald Trump envió al Congreso su proyecto presupuestal para el año
fiscal 2018 (de octubre 1º de 2017 a septiembre 30 de 2018) con una
clara indicación de sus prioridades.
Además, incluye un señalamiento preciso acerca de que los recortes y reasignaciones que contiene están diseñados para
redefinir el papel adecuado del gobierno federal.
Pero, ¿qué significa la noción del papel adecuado del gobierno
federal, en un sentido general y, en particular, cuando ésta se expone
en un presupuesto? Tal como se presenta esa afirmación parece que el
gobierno que encabeza el presidente sabe exactamente lo que debe hacer
en materia de la consecución, primero, y de la asignación, después, de
los recursos públicos.
Por esto parecería que se conocen las preferencias de los ciudadanos,
con respecto de sus aportaciones mediante los impuestos y al uso de los
recursos públicos. Además, supone que dichas preferencias pueden
jerarquizarse de manera clara, ordenándose de menores a mayores. Así,
hasta se podría trasladar el asunto de esas preferencias a un esquema de
maximización de la situación de bienestar de la población,
argumentando, incluso, que mediante el presupuesto se llevaría al nivel
máximo posible.
Intelectualmente es una pretensión ambiciosa y políticamente tiende a
ser una postura excesiva. Después de todo, la mayoría que consiguió
Trump en términos de los votos del Colegio Electoral, se expresó en una
diferencia –no menor– del voto popular en favor de su contrincante. De
modo que las preferencias de los electores no pueden suponerse como
manifestación unívoca de los motivos del presupuesto.
La conversión en ley de la propuesta del presupuesto expresará la
discusión en el Congreso y las exigencias que los representantes en las
cámaras tengan de sus propios electores. Pero las grandes líneas de las
preferencias del presidente y su equipo más cercano, que no se
corresponde necesariamente con su gabinete, están expuestas en el
documento que han recibido.
La base presupuestal dedicada al gasto en defensa es de 603 mil
millones de dólares; la base para el resto del gasto es de 462 mil
millones. Los siguientes rubros ven reducido su presupuesto:
agricultura, comercio, educación, energía, salud, vivienda y desarrollo
urbano, interior, justicia, trabajo, relaciones exteriores, transporte,
tesoro. Crecen los siguientes: defensa, seguridad interna y los asuntos
relativos a los veteranos. Se elimina el financiamiento para el fondo
nacional de las artes, el fondo nacional para las humanidades, el
Instituto de servicios a museos y bibliotecas y otros programas.
Hay que reconocer que siempre existen asignaciones de fondos
que pueden ser reducidas o eliminadas a partir de ciertos criterios de
eficiencia y relevancia. En este caso conviene tener en cuenta la
preminencia que se concede a las partidas del gasto.
Las prioridades indican que el rasero aplicado fue el de reducir
prácticamente todo lo que hace el gobierno, excepto el gasto militar y
aquel dedicado a cumplir los criterios de la política de inmigración.
Los críticos del presupuesto 2018 señalan que se recortarán los
gastos en las actividades en las que los mercados exhiben más fallas y
donde se necesita la intervención del gobierno. Algunos casos expuestos
comprenden la prevención de la contaminación del aire y del agua, las
relaciones con gobiernos extranjeros, incluyendo la ayuda externa, la
protección de los consumidores, la inversión en las escuelas públicas,
el apoyo a la investigación básica, la prevención de desastres y el
apoyo a las familias más pobres.
Con respecto de la protección del medio ambiente se critica la fuerte
reducción de recursos para la Agencia de Protección Ambiental. Las
actividades de ésta han sido señaladas por el director de la Oficina del
Presupuesto en el Congreso como fuera de las prioridades del gobierno.
Dijo, sin ambages, que
no se gastarán más dólares de los impuestos en la atención del clima.Consideramos, declaró, que es un
desperdicio del dinero de los ciudadanos.
Esto se aproxima mucho a lo que puede llamarse como
la arrogancia presupuestal. Tal vez este rasgo deba ser considerado abiertamente como asunto de la calidad del sistema democrático de una sociedad. Hay siempre un debate implícito que tiene que ver con la consideración de los bienes públicos y los privados. En este terreno la disputa es constante.
Queda para la política pública y para el presupuesto mismo el enorme
tema de la provisión de servicios de salud que se enmarca en el proyecto
de los republicanos para revocar y remplazar el sistema llamado Obamacare.
El meollo está en la cobertura de tipo universal que se pretende
proveer y los costos que puede cubrir la población de menores recursos.
El dilema no se resuelve sin encarar el costo real de la salud. El
arreglo social para abordarlo tiene que encararse de modo muy distinto a
como está ahora planteado en muchos países. En todo caso el sistema
siempre discrimina, ya sea por costo y por la prestación de los
servicios: la calidad y las colas.
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