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Un
grupo de más de 75 organizaciones sociales que luchan por los derechos
de la infancia en México busca que la ley general de desapariciones que
tramita en el Parlamento del país incluya elementos específicos para
enfrentar la problemática entre menores de edad. Un
informe
del grupo revela que apenas entre 2010 y 2014 hubo un aumento del 974% en las mujeres extraviadas de entre 15 y 17 años.
De
acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim),
el país registró la desaparición de 6.725 menores de edad entre 2006 y
2014. El dato representa un 30% del número total de desaparecidos en ese
período.
"Suponemos que el crimen
organizado está por detrás con dos variantes. Entre los adolescentes de
15 a 17 años, desaparecidos en el período de 2006 a 2014, siete de cada
10 son mujeres con fines de explotación sexual y feminicidios. En el
caso de niños pequeños, de 0 a 4 años, seis de cada 10 son varones y
consideramos que está vinculado con la venta y tráfico de niños para
adopciones ilegales", explicó al programa radial de Sputnik 'En Órbita' Juan Martín Pérez, director de Redim.
A
su juicio, las investigaciones no dan resultado porque "la línea entre
autoridades y crímenes se perdió". El activista, quien también es
secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa
de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Redlamyc), destacó además
que falta coordinación entre los gobiernos estatales y el federal.
Agregó que el crimen organizado también incide en esa mala comunicación,
donde juegan intereses políticos.
"La
fragilidad de la Nación es totalmente evidente. Los grupos criminales
definen todo, incluso los gobernadores. Entonces ahí es en donde reina
la impunidad, la falta de investigación, la complicidad de autoridades
con el crimen. Y obviamente la impunidad garantiza la repetición de los
hechos. El argumento federal es que corresponde a cada unidad federativa
realizar la búsqueda e investigación de los hechos, lo cual es absurdo
porque las propias autoridades locales están involucradas. De parte de
las autoridades locales también reclaman la ausencia de recursos
federales para las investigaciones", contó.
©
REUTERS/ Margarito Perez Retana
En
medio de la "batalla" trabada entre el Gobierno nacional y las
administraciones locales quedan los familiares de las víctimas en su
lucha paralela por ubicar a los desaparecidos. De acuerdo con Pérez,
muchos se han convertido en expertos para encontrar fosas clandestinas y
han aprendido a trabajar con equipos de forenses independientes, con
grupos de ayuda mutua y apoyo de organizaciones sociales.
"Recientemente
se encontró la fosa clandestina más grande de México, descubierta por
familiares. Solo en el 30% de lo que se ha explorado hasta ahora hay más
de 250 cuerpos. Falta todavía el 70% de esa fosa, de la que se está
adelantando que será la más grande de México", ejemplificó.
Para
Pérez, incluir a la ley general de desapariciones aspectos que atiendan
específicamente a los menores de edad es fundamental para enfrentar la
problemática. Según el activista, el protocolo actual es "absurdo"
porque establece una espera de 72 horas antes de registrar la denuncia y
emitir la alerta de desaparición de un menor. "Los niños y adolescentes
son considerados ausentes y no personas desaparecidas [en esas 72
horas]", aclaró.
Cortesía Presidencia de México
Entre
los tópicos que se pretende agregar al proyecto de ley que tramita
lentamente en el Parlamento, está la sistematización de información
específica para niños, niñas y adolescentes y crear "una unidad de
inteligencia que permita leer algunos patrones, particularmente por las
sospechas que hay del crimen organizado, y que permita desarrollar
alertas tempranas si se va detectando denuncias por regiones o por
características de población", según el referente latinoamericano.
"El
otro tema es la atención psicológica urgente para los niños que logran
ser recuperados y también para aquellos que son hijos de víctimas de
desaparición", resaltó Pérez.
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