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"El
problema no está en los señalamientos por presuntas violaciones de los
derechos humanos imputadas a los militares, sino en las insuficiencias e
incapacidades de las instituciones mexicanas para investigar y
esclarecer los indicios de delitos que crean la impunidad", dijo el
director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y democracia.
La
controversia se originó en una denuncia que hizo el líder izquierdista
Andrés Manuel López Obrador, quien señaló la supuesta participación de
militares en la llamada Masacre de Iguala, de septiembre de 2014, perpetrada, según las pesquisas federales, por policías y sicarios del narcotráfico.
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REUTERS/ Jorge Dan Lopez
Un
total de 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa,
en el estado de Guerrero (sur), están desaparecidos desde entonces.
Los
dichos de López Obrador fueron rechazados por el director general de
Derechos Humanos de la secretaría de la Defensa Nacional, general José
Carlos Beltrán Benítez.El funcionario dijo fueron realizados "sin fundamento" y "sin la mínima evidencia".
Sin embargo, Cortez explicó que se puede demostrar las escasas aptitudes de la fiscalía para llevar adelante indagatorias que permitan esclarecer los hechos.
"Hay motivos para señalar que
las instituciones mexicanas, como la Procuraduría General de la
República (PGR, fiscalía federal) han mostrado baja capacidad de cumplir
su responsabilidad de realizar investigaciones de calidad objetivas",
dijo el experimentado exjesuita y defensor de víctimas de violaciones de
derechos humanos.
Según el especialista las falencias del trabajo
de la procuraduría han sido comprobadas "por los expertos nacionales e
internacionales" que trabajaron en el caso, como los expertos
independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Pólitización de las Fuerzas Armadas
El
posicionamiento público de la Defensa Nacional ante López Obrador, un
político que aspira a competir por tercera vez en las elecciones
presidenciales, que se celebrarán en julio de 2018, y acusa a los
militares de reprimir, "podría suponer una ruptura de las relaciones
cívico-militares y una eventual politización de las Fuerzas Armadas, que
históricamente han estado fuera de la palestra política", advirtió
Cortez.
La
repuesta explícita del general Beltrán Benítez "introduce a los
militares en la política electoral, en temas que deben ser cien por
ciento civiles y las Fuerzas Armadas deben mantenerse al margen", dijo
el líder del organismo que integra la extensa Red Nacional de DDHH
"Todos los Derechos para Todos y Todas".
Sin embargo, los
señalamientos a los militares en tareas de seguridad pública en los
últimos años "suman entre 500 y 600 denuncias documentadas"."Como consecuencia, hay un número menor de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, Ombudsman federal), que tampoco se ha destacado por la prontitud de la calidad de sus investigaciones", puntualizó el abogado.
Por su parte, el
presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo en una conferencia
en el Senado que "las fuerzas armadas sí han violado derechos humanos y
ello ha quedado acreditado en las recomendaciones que les hemos
dirigido, entre ellas por casos de tortura".
El portavoz de las
Fuerzas Armadas, en tanto, deploró que "se han mencionado supuestas
responsabilidades sin la más mínima evidencia, por hechos investigados
no sólo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de
expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal
militar de hechos delictivos".El alto jefe castrense desafió a los "actores sociales que tengan pruebas en contra de soldados que hayan vulnerado las garantías fundamentales", a que les presenten pruebas para que sean investigadas, porque de lo contrario son "injurias y ofensas".
©
AFP 2017/ Ronaldo Schemidt
Por
su parte Cortez, quien ha ofrecido capacitación en respeto a derechos
humanos a mandos de fuerzas de seguridad, señaló que esas experiencias
didácticas "se diluyen por la cultura refractaria que considera el
respeto a los derechos humanos como un obstáculo y no como una
obligación constitucional".
Altos funcionarios del gobierno
federal del presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos el vocero de la
Presidencia, Eduardo Sánchez, también han criticado a López Obrador,
candidato presidencial en 2006 y 2012, por "atacar sin fundamento a las
Fuerzas Armadas". 
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