La Jornada
Milagro Sala, activista
social y diputada electa del Parlamento del Mercado Común del Sur
(Parlasur), se encuentra condenada a tres años de prisión por el cargo
de liderar, en 2009, una protesta durante la cual fue agredido Gerardo
Morales, entonces senador y hoy gobernador de Jujuy, provincia (estado)
del norte de Argentina, ubicada mil 500 kilómetros al norte de Buenos
Aires y de economía predominantemente rural.
Además se le acusa de liderar una asociación ilícita, aunque la
agrupación que dirige, Tupac Amaru, contó con el reconocimiento del
Estado argentino hasta la llegada al poder del actual gobierno de
ultraderecha.
En un hecho que transparenta la naturaleza política de la persecución
en su contra, Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, siete años
después de su presunto crimen, pero apenas un mes tras la llegada al
poder provincial del gobernador Morales, aliado del gobierno nacional
que asumió el mismo 10 de diciembre de 2015.
Por este entramado de intereses y la inexistencia de pruebas en su
contra se ha emitido una exigencia de liberación inmediata desde
organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de Estados
Americanos, además de múltiples organizaciones defensoras de los
derechos humanos.
A la cadena de atropellos contra la dirigente social que se
inicia con la aberrante aplicación de la justicia que supone su
aprehensión y condena, deben añadirse las inaceptables condiciones de
reclusión que padece en la cárcel de Alto Comedero, violatorias de los
más elementales derechos humanos.
Cabe recordar que a principios de mes se dio a conocer un intento de
suicidio de Sala, motivado por el avasallamiento del montaje judicial,
los malos tratos carcelarios –que contravienen incluso el reglamento de
la prisión– y el hostigamiento que las autoridades han orquestado en su
contra dentro del penal.
El inocultable tufo a venganza política, el uso desembozado de la
fuerza pública para la ejecución de reyertas personales, la invasión de
poderes mediante el recurso de judicializar las diferencias
políticas, las violaciones abiertas al debido proceso y, en suma, el
carácter ilegal de las acciones emprendidas contra Milagro Sala por el
gobierno provincial de Jujuy, con pleno conocimiento del poder federal,
sustenta la demanda de la inmediata liberación de la activista y el
inicio impostergable de un procedimiento de reparación de daños y el
deslinde de responsabilidades por el uso faccioso de las instancias
judiciales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario