Miguel Briceño y Pedro Amador, candidatos a diputados.
El único objetivo creíble de la mayor parte de los políticos hondureños en el poder es robar, no servir al elector.
Jesús Muñoz Tabora (Chungo)
Los
datos de las elecciones primarias de marzo de 2017 muestran que el
Partido Nacional ha obtenido más de 1.1 millón de votos válidos, contra
480,000 obtenidos por el Partido Liberal y 394,000 por el Partido LIBRE.
Según estas cifras, la suma de los votos de los Partidos Liberal y
LIBRE no ajusta para igualar o superar a los del partido de gobierno. La
esperanza está puesta en una Gran Alianza Opositora para derrotar al
presidente Hernández donde participa también el Partido Anticorrupción
(PAC) que lidera Salvador Nasralla; la alianza ya camina entre los
líderes de LIBRE-PAC y PINU-SD, pero no se descarta al Partido Liberal
con Luis Zelaya a la cabeza.
Sin
embargo, estas elecciones primarias mostraron una institucionalidad y
dirigencia política corrupta. Ya no se trata solo de los partidos
políticos tradicionales, sino también de las llamadas fuerzas
progresistas que aspiran a ser una alternativa democrática. Igual, de
instituciones como el Tribunal Nacional de Elecciones y Registro de las
Personas, ya que participan instituciones de gobierno y organizaciones
de sociedad civil en el fraude electoral. Las primeras a través de la
asignación de recursos del presupuesto público a la campaña política del
candidato oficial, y las segundas acompañando dirigentes en las
planillas de cargos a diputados y alcaldes.
Cuáles
son los factores causales que explican este creciente deterioro, es la
interrogante que brota en la sociedad hondureña, principalmente en
aquellos actores como industriales, obreros, maestros, indígenas,
académicos, iglesia católica, entre otros.
El
primero es el deterioro y pérdida de valores éticos y morales de los
dirigentes políticos, que se traduce en la búsqueda de un espacio de
poder público para servirse y no para servir. Los dirigentes, con raras
excepciones, aspiran a convertirse en diputados como una manera de
cambiar sus estatus social y económico; o sea, poder acceder a recursos
del Estado y de otras fuentes (narcotráfico) para enriquecerse él,
familiares y amigos, a través de la venta de influencias, sobornos, y
autorización de tránsito de drogas y proyectos que cercenan el
territorio nacional y contaminan las fuentes de agua, y uso indebido de
dichos recursos.
La
pérdida de valores éticos y morales no discrimina entre los dirigentes y
aspirantes a cargos de elección popular; igual se aplica al profesional
universitario, empresario (grande, pequeño), líder sindical, campesino,
futbolista, policía retirado, etc. En Honduras, uno de los requisitos
para participar en político es no ser honrado, y estar dispuesto a
violar la ley cuantas veces sea necesario ya que en más de 90% de los
casos por corrupción no se condena a los infractores, y otros son
condenados a pagar penas leves. La sociedad hondureña espera que esto
empiece a cambiar con la llegada de la MACCIH, en especial cuando se
trata de casos de corrupción que involucra a dirigentes de los partidos
políticos, diputados y alcaldes; todavía esta espera continua.
Lo
segundo tiene relación con la institucionalidad politica. Los partidos
se han democratizado menos, y muestran prácticas autoritarias poco
trasparentes. El Caudillismo es una de ellas, igual el control por
grupos de poder mediáticos. Las diputaciones y alcaldías cuestan más, y
en aquellos casos donde se paga menos, se exige un amplio respaldo de
votos y espacio publicitario (imagen); ello sucede cuando se insertan en
las planillas a futbolistas y periodistas, tal como sucede en el
Partido Nacional.
Las
instituciones electoreras están copadas por las dirigencias de los
partidos políticos, resistiendo reformas a la Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas que permitan una mayor autonomía,
independencia, modernización y transparencia de las mismas. Hay
resistencia al voto electrónico, el conteo público y tráfico de
credenciales usando partidos de maletín o chatarra. Igual, control de
traslados y disposiciones sobre votaciones por encima del techo
establecido en cada mesa electoral.
Un
tercer factor el control de los medios de transporte para movilizar a
los votantes, donde la ventaja siempre la tiene el partido en el poder.
Este control promueve el abstencionismo “opositor” y posibilita el
traslado rápido de votos entre municipios, departamentos e incluso
regiones.
Destacan las
alianzas entre dirigentes de los partidos, que permite de antemano saber
a lo interno de las cúpulas quienes serán los más votados ya que se
inflan las urnas para la planilla (s) convenida. Esto se da incluso
entre el partido oficialista y los partidos de oposición, que se oponen a
dichas prácticas. Varios candidatos a diputados del partido LIBRE,
incluyendo a Miguel Briceño del movimiento “Indignados” denunciaron esta
práctica, atribuida a dirigentes de ciertos movimientos internos para
favorecer a sus parciales. Incluso dirigentes como Pedro Joaquín Amador,
fundador del partido, candidato a diputado por la corriente 5 de Julio,
se tomó la sede del partido LIBRE y mostró la evidencia del inflamiento
de las urnas en su contra, lo cual lo deja prácticamente fuera de la
contienda, por lo que exige un nuevo contento de votos.
Finalmente,
es evidente el creciente involucramiento de las FFAA en el proceso. Su
función principal es trasladar y custodiar las urnas, pero las denuncias
del interior del país refieren al involucramiento en el llenado con
papeletas previamente elaboradas a favor del partido de gobierno. Estas
denuncias deber ser investigadas, ya que en las elecciones generales
puede generar un conflicto mayor y orillar al país a una guerra interna
que profundice la ingobernabilidad, elimine cualquier vínculo de
comunicación entre los partidos, posibilite un mayor protagonismo de los
militares y ayude a consolidar un gobierno autoritario. Según expertos
en el tema, el mayor control que ejerce el presidente de la Republica
sobre la institución armada, es el factor explicativo de este mayor
involucramiento de los militares en los procesos políticos.
A
lo interno de los partidos políticos, debe transparentarse el proceso
de votación, ya que la pérdida de confianza y credibilidad les puede
pasar factura en las elecciones de noviembre. En el partido liberal, al
parecer, hay un compromiso entre los líderes de los movimientos
mayoritarios que las diferencias que existan por irregularidades serán
subsanadas, y se asignaran los votos a los diputados y alcaldes
favorecidos, pero también hay que denunciar la práctica de compra de
votos para diputados, especialmente en la zona sur del país.
En
el caso del Partido LIBRE, debe procederse a recepcionar las denuncias
de fraude y exigir al Tribunal Electoral un nuevo conteo en aquellos
departamentos como Francisco Morazán donde, según los afectados, la
evidencia es abrumadora. En caso del Movimiento 5 de Julio se exige la
impugnación del proceso, que implica un nuevo conteo de votos, lo que es
poco probable ya que pondría en evidencia no solo las falencias del
proceso, sino también prácticas antidemocráticas de dirigentes políticos
que promueven incluso en la población el Socialismo Democrático como
alternativa al modelo Neoliberal actual.
De
cara al proceso electoral de noviembre próximo, los partidos de
oposición en conjunto con organizaciones de sociedad civil, academia,
gremios, grupos de interés, agencias y organismos de cooperación, deben
analizar y evaluar los posibles impactos negativos de estos procesos
viciados. Un primer compromiso debe ser la aprobación de una nueva ley
electoral y de organizaciones políticas sobre la base del consenso,
acompañado de nuevas reglas (coyuntura) claras para las votaciones,
incluyendo lo relacionado con el traslado y retorno de las urnas, bajo
control y supervisión de custodios independientes y de consenso, no de
los militares, igual definir las competencias de los delegados y
supervisores electorales.
Tegucigalpa, DC, 20 de marzo de 2017
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