Unos 60 millones de indígenas murieron fruto de la
Conquista española, luego que Cristóbal Colón “descubriera” América. Las
comillas no quieren impugnar su viaje sino la visión colonizadora,
recalcando que estas tierras y esta gente tenían una prolongada vida
previa.
El posterior desarrollo del capitalismo declaró más
guerras a los originarios. En Estados Unidos el 7° de Caballería ganó su
triste fama combatiendo hacia el Oeste y reduciendo aquellos pueblos a
vivir en reservaciones que poco se respetaron. Y en nuestros pagos,
primero el “nacional” Juan M. de Rosas y luego el “liberal” general Roca
completaron la sucia Campaña del Desierto, con una saña más feroz que
la del general norteamericano Custer, quien de todos modos perdió algo
más que la cabellera ante el siux Toro Sentado.
En Buenos Aires,
Río Negro y Chubut los militares arrasaron con los indios, en una línea
genocida muy distinta a la que relata en su magnífico libro “Excursión a
los indios ranqueles” el general Lucio V. Mansilla, un buen negociador.
Roca, obedeciendo a la Generación del ´80, mató a buena parte de los
originarios y se llevó sus mujeres para entregarlas como sirvientas a
las familias pudientes de Buenos Aires, como describió Osvaldo Bayer.
Otros fueron como muestras exóticas a Europa, como en zoológicos, o a
servir como piezas de museos.
En ese entonces la idea, en
Norteamérica y aquí, era “unificar” un solo mercado, de marca seudo
nacional. Es lamentable que historiadores populistas-trotskistas como
Jorge Abelardo Ramos justificaran esa obra de Roca con el manto de la
“unidad nacional”. La que salió gananciosa de esa Campaña del Desierto
fue la oligarquía y burguesía comercial, de la mencionada Generación,
con un modelo semicolonial dependiente del Reino Unido.
Según
Bayer, la familia Martínez de Hoz se apropió en el curso de aquella
campaña 2 millones de hectáreas. El historiador soportó a pie firme las
demandas judiciales de los herederos de esa familia que volvió a fundir
el país en 1976 con José Alfredo, alias Joe.
Y esta parece una
historia de nunca acabar, porque el 10 de enero pasado 200 gendarmes
enviados por el gobierno de Mauricio Macri, vía ministerio de Seguridad
de Patricia Bullrich, atacaron a la comunidad mapuche de Pu Lof, en
Cushamen, Chubut. Allí reprimieron y golpearon a hombres y mujeres,
aterrorizaron a niños y se llevaron diez detenidos, algunos heridos.
La tierra¿Cuál
es el punto de coincidencia entre esta actualidad y la historia
mencionada? La tierra, los negocios inmobiliarios y rurales. Ayer se
favoreció a Martínez de Hoz y lo más granado de la Sociedad Rural
“Argentina”, incluyendo estancieros británicos. Y hoy la represión cayó
sobre los mapuches para asegurar que el italiano Luciano Benetton
dispusiera a sus anchas de tierras compradas a bajo precio en tiempos
menemistas y pudiera circular el tren turístico “La Trochita”, por un
territorio que la comunidad de Cushamen reclama como históricamente
suyo.Los empresarios textiles Benetton no son unos pobres
minifundistas. El suyo está catalogado como el mayor emporio
terrateniente en Argentina, con un millón de hectáreas.Y a la
luz de la represión desatada el 10 y 11 de enero pasado, cuando fueron
detenidos otros miembros de la comunidad y privados de parte de su
ganado por suponerlo robado, se comprueba que don Luciano goza del apoyo
firme de los gobiernos, por lo menos del de Carlos Menem y el de Macri,
y seguramente algún otro del período intermedio. Los kirchneristas
dirán que en sus doce años no fueron cómplices del terrateniente y
pusieron límites a la propiedad foránea, pero tampoco le expropiaron ni
una hectárea. Y los gobernantes de Río Negro y Chubut, como Soria y Das
Neves, alineados oportunistas con Néstor y Cristina, fueron obedientes
al latifundista.Los terratenientes no tienen solamente muchas
hectáreas y aceitados vínculos con el poder político; también cuentan
con las balas del Ejército antes y de la Gendarmería y policía
provincial hoy.Y eso no es todo. La represión en Lof Cushamen
contó con la orden del juez federal Guido Otranto, aunque sólo había
autorizado a retirar los troncos que obstruían las vías de La Trochita. Y
el operativo posterior, donde hubo detenidos e incautación de ganado
fue dispuesto por el juez provincial José Colaballi.Es como si
Luciano Benetton hubiera sido un atento lector del Martín Fierro. Al
menos aprendió bien el pasaje aquél de “Hacéte amigo del juez, no le des
de qué quejarse, que siempre es bueno tener un palenque en qué
rascarse” (el cronista lo cita de memoria, no textual).El sur
patagónico parece estar de temporada y también hubo novedades en El
Bolsón, Río Negro. El detonante fue algo similar al dominio
terrateniente del italiano en Chubut, en este caso del magnate inglés
Joe Lewis, amigo del presidente MM, quien vacaciona en sus propiedades.
Lewis había obtenido un permiso muy polémico del concejo deliberante de
El Bolsón, a fines de 2016, para un emprendimiento empresario en una
zona elevada donde nacen ríos y arroyos y que por eso afectaría a toda
la comunidad que vive aguas abajo, sus cultivos y poco ganado.Lo
bueno es que el 8 de enero fueron más de 10.000 personas las que se
movilizaron en El Bolsón repudiando esa autorización a Lewis. También
presentaron amparos judiciales y al cierre de esta edición habría habido
novedades favorables a esas acciones legales.De ser cierto, eso
corroboraría una vez más cuál el orden de prelación del movimiento
popular: lo primero es ganar la calle, lo segundo acudir a tribunales y a
los medios, las redes, etc.A propósito de medios, ¡qué nulo o
poco espacio dio Clarín, incluyendo su Vocecita del Interior, a la
represión en Chubut! ¿Habrá sido otro blindaje presidencial a cambio de
negocios recibidos?
Negocios varios“La
Nación” tiene algunos centímetros más de distancia con el gobierno y por
eso publicó primero sobre la presunta coima de Odebrecht que habría
recibido el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo
Arribas.Según esa información, en 2013 habría recibido depósitos
en una cuenta bancaria suiza por 600.000 dólares girados por los
pagadores brasileños desde cuentas en Hong Kong. Lo sintomático es que
el pago se efectivizó al día siguiente de que el gobierno nacional
relanzara el soterramiento del Sarmiento, una licitación de 45.000
millones de pesos. La concesionaria es una UTE conformada por la firma
brasileña, todo un ícono de corrupción, y la local IECSA, de Ángelo
Calcaterra, primo de Macri.La salpicadura principal caería sobre
Arribas e IECSA-Macri, pero también alguna mácula le correspondería al
gobierno de CFK. Aquella licitación fue de su administración, con Julio
de Vido y José López (alias Bolso) en Planificación Federal y Obras
Públicas.La denuncia contra Arribas se suma así a las que
impactaron en la honorabilidad del presidente, por las firmas off-shore;
sobre la vicepresidenta por el dinero robado en su domicilio y las
cuentas opacas de Suma; sobre Juan J. Aranguren, por contratos que
beneficiaron a Shell siendo él un accionista; sobre ministros, por
favorecerse con el “dólar a futuro”, etc.Como para demostrar que
no se casa con determinados grupos económicos sino que transa con
todos, casi por igual, el presidente firmó un convenio que atañe a Vaca
Muerta en Neuquén pero que en sus efectos quiere ser proyectado a otros
emprendimientos de otras industrias, con el consiguiente perjuicio para
el medio ambiente, los sindicatos y los intereses provinciales y
nacionales.Sería un síntoma de “amplitud”, en el sentido de que
en Vaca Muerta la estatal YPF (a medias) tiene convenios con cláusulas
aún no publicadas con la Chevron estadounidense y empresas de otros
países. Así ganaría Macri fama de favorecer “pluralmente” los negocios
del británico Lewis, el italiano Benetton, la norteamericana Chevron, la
española Telefónica, la brasileña Odebrecht, el británico HSBC y el
yanqui JP Morgan, etc.Si en el caso de la represión a los
originarios se remarcó la participación de un gobernador peronista,
fuerzas de seguridad y jueces, el convenio por Vaca Muerta pone sobre el
tapete el rol de la burocracia sindical. El secretario del gremio de
petroleros y senador neuquino Guillermo Pereyra y Miguel Arévalo,
estuvieron en primera fila con el presidente, el gobernador Omar
Gutiérrez y varios empresarios del sector. Macri fue explícito:
“necesitamos este acuerdo en todos los sectores” productivos.Los
trabajadores resignarán el 20 o 30 por ciento del salario por supresión
del pago por traslado al lugar de trabajo y por aumento de horas
trabajadas, aceptando menores puestos en cada pozo. El Estado seguirá
con el subsidio a las empresas por el gas obtenido y con la quita de
retenciones a la exportación de petróleo. Y sobre esa base, siempre y
cuando eso se cumpla, las petroleras dicen que invertirían 5.000
millones de dólares, una promesa tan verde como hoja de lechuga fresca.
Es el negocio de los pelones. Es el plan macrista-empresario de
flexibilización laboral, con la bendición de los caciques, no mapuches,
sino de la burocracia sindical.
http://www.laarena.com.ar/opinion-ser-mapuche-siempre-fue-peligroso-y-co...
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