Montevideo, 17 ene (PL) La directora de
la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, Mirtha Guianze,
manifestó sorpresa por el fallo emitido hoy por un tribunal italiano
contra un grupo de militares acusados de cometer crímenes como parte del
Plan Cóndor.
'Es incomprensible' declaró la exfiscal desde Roma, Italia, a una radio local, al conocerse que de los 14 uruguayos acusados solo uno fue sentenciado y el resto quedó absuelto.
'No esperábamos este resultado', afirmó, e indicó que existían pruebas suficientes para que todos recibieran una condena.
El único condenado a cadena perpetua fue el excanciller Juan Carlos Blanco, sobre quien pesaba el mismo delito que se imputaba a los demás, expresó Guianze, y dijo no entender los argumentos utilizados por la justicia italiana para absolver al resto de los militares.
Reportes de medios locales de prensa indicaron que Blanco, de 82 años, se encuentra en la actualidad preso en Uruguay por la desaparición de la maestra Elena Quinteros y los asesinatos de los exlegisladores Héctor Gutiérrez Ruíz y Zelmar Michelini, además de los militantes tupamaros William Withelaw y Rosario Barredo.
El vicepresidente uruguayo, Raúl Sendic, quedó también sorprendido por la decisión y dijo estar defraudado por la decisión del tribunal, 'pero no estoy en condiciones de emitir un juicio sobre el fallo', declaró a la Radio Nacional.
Manifestó que hay mucho dolor 'acumulado durante años' y adelantó que se evaluará de conjunto con los familiares de desaparecidos los pasos a seguir.
Sendic expresó sentirse tranquilo por los pasos dados por el Estado uruguayo en este proceso, en el acompañamiento a los familiares de las víctimas, y subrayó que algunos de los militares acusados están presos en Uruguay.
El vicemandatario añadió que el Estado 'tiene un tiempo para tomar una decisión conjuntamente con los abogados', aseveró.
La fiscal del caso Tiziana Cugini pidió la cadena perpetua para 27 de los acusados: dos de nacionalidad boliviana, siete chilenos, cuatro peruanos y catorce uruguayos.
Entre estos últimos se encontraba el recién fallecido dictador Gregorio Álvarez, quien al momento de su muerte cumplía condena por hechos vinculados a la represión durante los años de dictadura en Uruguay (1973-1985).
Otros represores uruguayos imputados fueron José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Blanco, 'Nino' Gavazzo Pereira y Juan Carlos Larcebeay Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo y Luis Alfredo Maurente Mata.
Estaban en la lista, además, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.
Entre los acusados había también militares de Bolivia, Chile y Perú, de los cuales recibieron condena los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, y
los bolivianos Luis García Meza y su exministro del Interior Luis Arce Gómez.
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