Por Tharanga Yakupitiyage
Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Crédito: Mark Garten/ONU.
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Este año se cumple el décimo aniversario de la Declaración de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, lo que dio pie a que distintos activistas analizaran
los problemas que aún aquejan a estas comunidades.
La Declaración,
aprobada el 13 de septiembre de 2007, fue la primera de su tipo en
reconocer y destacar la importancia de los derechos indígenas.
"Que
los pueblos indígenas continúen afirmando y reivindicando sus derechos
consagrados en la Declaración de la ONU, pero que también convoquen a
los Estados a cumplir realmente con su obligación”: Victoria Tauli
Corpuz.
La declaración “contiene el
carácter colectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Tiene por
objeto remediar tipos de injusticias históricas y actuales”, declaró
Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante una rueda de prensa celebrada el jueves 26.
Aunque
no es jurídicamente vinculante, la declaración garantiza a los grupos
indígenas el derecho a la libre determinación, a la tierra y a vivir
libres de cualquier tipo de discriminación.
Sin embargo, Tauli
Corpuz señaló que hay “graves retrocesos” en la implementación de los
derechos indígenas, incluida la amenaza de que industrias mineras y
extractivas despojen a las comunidades de sus tierras tribales.
El
presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en los últimos días su
plan de autorizar los polémicos oleoductos Dakota Access (DAPL, en
inglés) y Keystone XL, proyectos que fueron previamente suspendidos por
el anterior mandatario, Barack Obama, debido a la preocupación por las
consecuencias que traerían para el ambiente y por la falta de consultas
con grupos indígenas americanos.
La situación en torno al DAPL
llegó incluso a las salas de la ONU, lo que llevó a Tauli Corpuz a
pedirle al gobierno de Estados Unidos que, de conformidad con su
compromiso de aplicar la Declaración, consultara a los grupos indígenas a
quienes se les negó el acceso a la información y fueron excluidos del
proceso de planificación del proyecto.
“Es de lamentar que ahora, a
pesar de que las demandas aún no fueron respondidas… ese tipo de
decisión tiene que ser nuevamente consultada con los propios pueblos
indígenas porque, a fin de cuentas, son ellos los que serán directamente
afectados”, subrayó.
Los relatores especiales son expertos
independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y
no son funcionarios permanentes de la organización.
Aunque el
ejército de Estados Unidos anunció que inició un proceso de Declaración
de Impacto Ambiental sobre el proyecto de 3.800 millones de dólares,
voces críticas sostienen que el Cuerpo de Ingenieros de esa fuerza no
evaluó adecuadamente el potencial de derrames de petróleo del oleoducto
ni sus consecuencias para el ambiente.
Según datos del gobierno
estadounidense, los derrames de oleoductos son bastante comunes, lo que
aumenta el riesgo de contaminación del agua. Entre 2010 y 2013 se
produjeron unos 2.000 incidentes de fugas, que ascienden a un promedio de 1,6 por día.
La
extracción, el transporte y la combustión del petróleo también aceleran
las emisiones de metano y carbono a la atmósfera, contribuyendo al
calentamiento global y al cambio climático.
“No nos oponemos a la
independencia energética. Nos oponemos a proyectos de desarrollo
imprudentes y políticamente motivados, como el DAPL, que ignoran
nuestros derechos en los tratados y arriesgan nuestra agua”, respondió
el presidente de la tribu sioux de la reserva de Standing Rock, David
Archambault II, a la orden del presidente Trump de continuar con la
construcción del oleoducto en su territorio.
“La creación de un
segundo Flint no hará que Estados Unidos sea grande de nuevo”, agregó
refiriéndose a la ciudad de Michigan donde el agua potable está
contaminada con plomo.
Erich Pica, presidente de la organización ecologista Amigos de la Tierra,
opinó que las decisiones reflejan el desprecio de Trump por los
“millones de estadounidenses que lucharon para proteger nuestra tierra,
el agua, los sitios culturales sagrados y el clima del peligro de los
oleoductos”.
Tauli Corpuz también criticó un proyecto de ley del
estado de Dakota del Norte que legalizaría el atropellar por accidente a
los manifestantes que bloquean las carreteras, como sucede con los
activistas contrarios al DAPL.
“Esta ley… no es en absoluto
coherente con el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo
puede justificarse el atropellar o tratar violentamente a un
manifestante cuando cada persona tiene derecho a protestar?”, se
preguntó. Los pueblos indígenas simplemente protegen sus derechos sobre
la tierra, añadió la relatora especial de la ONU.
Tauli Corpuz
hizo hincapié en la necesidad de que los países incorporen la
Declaración de la ONU a sus planes y leyes nacionales para garantizar
los derechos indígenas.
“Mi mensaje es que los pueblos indígenas
continúen afirmando y reivindicando sus derechos consagrados en la
Declaración de la ONU, pero que también convoquen a los Estados a
cumplir realmente con su obligación” de aplicarla, exhortó Tauli Corpuz.
“Lo
que tenemos que hacer ahora es utilizar en serio la celebración por
este décimo aniversario de la Declaración de la ONU para fortalecer aun
más el diálogo”, concluyó.
Traducido por Álvaro Queiruga
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