By IPS
Tharanga Yakupitiyage/Inter Press Service
Nueva
York, Nueva York, Estados Unidos. La decisión del ejército de Estados
Unidos de suspender la construcción del oleoducto de Dakota Access, el 4
de diciembre pasado, no eliminó las dudas sobre el futuro de esa
polémica obra ni sobre lo que esto representa para otros megaproyectos
de infraestructura que afectan a las comunidades indígenas de América
del Norte.
Tras meses de manifestaciones y varias protestas de la
Tribu Sioux de la reserva de Standing Rock y de sus aliados de distintas
partes del mundo, el ejército anunció que no iba a permitir que el
oleoducto de más de 1 mil 886 kilómetros cruzara el lago Oahe, en el
estado de Dakota del Norte.
El anuncio fue recibido con algarabía y
lágrimas por quienes acamparon a lo largo de los ríos Cannonball y
Missouri, en el marco del movimiento “#NoDAPL” (en referencia al Dakota
Access Pipeline).
“Todo el mundo estaba muy emocionado y muy
contento en el campamento”, relata Cannupa Hanska Luger, un artista de
la reserva muy involucrado en el movimiento, en diálogo con Inter Press
Service (IPS).
Una de las preocupaciones por el oleoducto es el
riesgo de que contamine el río Missouri, la principal fuente de agua de
la Tribu Sioux.
Pero la alegría por la decisión del ejército no duró mucho, apunta Luger.
“Principalmente,
esto se trata de que las poblaciones nativas no están muy cómodas ni
muy seguras con los decretos del gobierno. Todos nuestros tratados se
han roto; en el momento, nos entusiasmos, pero luego nos aprontamos para
cualquier futuro resultado o declaración”, explica a IPS.
Uno de
esos acuerdos es el tratado del fuerte Laramie, de 1851, que definió el
territorio sioux, donde ahora se construye el oleoducto. Aunque
posteriormente les fue retirado por el tratado de 1868, el territorio
sigue en disputa, pues algunos sostienen que nunca lo cedieron.
A
pesar de las disputas territoriales y de la última decisión de
suspender, la petrolera Energy Transfer Partners, encargada del proyecto
de 3 mil 800 millones de dólares y de la que Dakota Access es
subsidiaria, prometió continuar con el oleoducto.
“Estamos
totalmente decididos a asegurarnos de que este proyecto vital se
complete, y esperamos concluir la construcción del oleoducto sin ningún
rediseño de ruta en ni alrededor del lago Oahe. Nada de lo que hizo este
gobierno hoy cambia eso de ninguna manera”, reza la declaración de la
compañía.
Además, muchas personas temen que el presidente electo,
Donald Trump, revierta la decisión, pues prometió redirigir los miles de
millones de dólares vertidos a programas climáticos de la Organización
de las Naciones Unidas al fortalecimiento de la industria del gas, el
petróleo y el carbón.
La integración de su gabinete también
sugiere el fortalecimiento de esas industrias, como la designación del
director ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretario de
Estado (canciller), del fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, quien
combatió las políticas climáticas del presidente Barack Obama, como
director de la Agencia de Protección Ambiental y de Rick Perry como
secretario de Energía, quien siendo gobernador de Texas amplió el
desarrollo del gas y el petróleo.
“Esta lucha no se acabó, ni
cerca. De hecho, está escalando”, coincidieron varias organizaciones,
como Sacred Stone, que montó uno de los campamentos de resistencia al
oleoducto de Dakota Access, las que también señalaron la incertidumbre
que existe en torno al próximo gobierno.
La lucha no se acabó, y
no solo para ese proyecto, que sólo es uno de los muchos del sector
extractivo que ponen en riesgo el acceso al agua potable de las
comunidades indígenas del Continente Americano.
Un ejemplo es la mina de uranio en la nación navajo, en el sudoeste de Estados Unidos.
Durante
la Guerra Fría, el gobierno estadunidense extrajo uranio de la reserva
navajo, donde reside la mayor población indígena del país. Según la EPA,
más de 30 millones de toneladas de mineral de uranio se extrajeron de
tierras navajas o de sus alrededores.
“Si no son problemas
hermanos, son primos”, comenta el director ejecutivo de la organización
DigDeep, George McGraw, a propósito del caso Dakota Access y la mina de
uranio.
“Los sioux, al igual que los navajos, han luchado por
mantener el acceso al agua para la mayoría de su población, en general, y
llegar y amenazar de esa forma tan significativa sus recursos, como el
río, es un crimen más que grosero”, opina.
Las décadas de
extracción de uranio contribuyeron a una crisis hídrica que dejó a
aproximadamente 40 por ciento de los hogares navajos sin agua corriente.
La
contaminación del agua se agravó sólo porque no se limpiaron las minas,
apunta McGraw. Hay más de 500 minas abandonadas con distintos grados de
radiactividad que llegan a 25 veces el valor considerado seguro.
La
exposición a esa radiactividad derivó en un alarmante y elevado número
de casos de cáncer en una población que la comunidad médica había
considerado que tenía “inmunidad contra el cáncer”.
Por
tratados y por ley, Estados Unidos es responsable de proteger la salud
de la nación navajo. Pero McGraw señaló las obligaciones incumplidas en
ese caso, al igual que con los sioux.
El último acuerdo entre la
nación navajo y el gobierno estadunidense para limpiar 16 minas de
uranio abandonadas, no logró mejorar la disponibilidad hídrica, pues las
minas de carbón existentes en la reserva también suponen un riesgo para
las fuentes de agua potable.
McGraw también señala que los proyectos extractivos a menudo ocurren en tierras indígenas.
“El
mundo indígena es invisible para el resto del mundo”, coincide Rudolph
Ryser, del Centro de Estudios Indígenas del Mundo. “Eso facilita que
desarrolladores, corporaciones y gobiernos presionen para realizar
proyectos de desarrollo para su beneficio a expensas de las naciones
indígenas, y pasa desde hace tiempo”, añade.
Ryser menciona la
expansión del oleoducto Trans Mountain en Canadá, aprobado hace poco por
el primer ministro Justin Trudeau. La iniciativa creará cañerías
gemelas que aumentarán la capacidad de transporte de 300 mil a 890 mil
barriles al día.
Algunas de las primeras naciones se opusieron
fuertemente al proyecto, esgrimiendo la posibilidad de derrames. La
petrolera Kinder Morgan sólo consiguió apoyo de una tercera parte de los
120 pueblos indígenas consultados.
Además, la provincia
canadiense de Alberta también aprobó otros tres proyectos en las arenas
bituminosas, entre los que está Saleski, de la empresa Husky Energy, la
misma responsable del derrame de otro oleoducto en el río Saskatchewan,
en julio.
Unos 250 mil litros se filtraron e impactaron en
numerosas ciudades, así como en el territorio de la nación cree James
Smith. Cinco muestras de agua revelaron concentraciones de toxinas
perjudiciales para el consumo humano.
El movimiento contra el
oleoducto de Dakota Access fue importante porque reunió a muchas tribus,
pero Ryser señala que mientras sigan existiendo proyectos extrativos,
la “lucha no está terminada”.
“La solidaridad creada entre las
comunidades indígenas en Standing Rock sienta un precedente de que
fuimos y decidimos que teníamos que ayudarnos los unos a los otros”,
coincide Luger.
“Y como la mayor parte de la extracción de
recursos ocurre en o cerca de la frontera con tierras indígenas, también
sabemos que nos preparamos para trabajar hacia el futuro y para
ayudarnos entre nosotros a escala nacional y también internacional”,
destaca.
Tharanga Yakupitiyage/Inter Press Service
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