Ángel Guerra Cabrera
El 12 de enero Estados Unidos puso fin a la política de pies secos, pies mojados y a la de parole para
 estimular a desertar a los médicos en misiones internacionalistas, 
ambas añadidas a la Ley de Ajuste Cubano. La política consistía en que 
los cubanos que llegaban a pisar tierra en ese país y así lo 
solicitaran, recibían permiso de trabajo, pensión alimenticia, seguro de
 salud y derecho de residencia al año y un día; luego tenían derecho a 
pedir la ciudadanía. Un formidable estímulo para emigrar.
En cambio, los cubanos interceptados por los guardacostas 
estadunidenses en el mar eran devueltos a Cuba. Esta política, puesta en
 vigor en 1995 por el presidente Clinton, fue concebida para subvertir 
el orden interno en Cuba y evidenciar, mediante una campaña mediática, 
cómo los isleños 
escapabandel socialismo. Un socialismo bloqueado y acosado en un país subdesarrollado, que había perdido a su aliado principal, pero de eso no se ocupaban los
medios. En 1996 se recrudecía el bloqueo con la Ley Helms-Burton.
Debieron pasar dos décadas para que la potencia del norte se 
convenciera de que era más conveniente a sus fines desestabilizadores 
sustituir el fracasado método de la hostilidad abierta, que ha costado 
cerca de tres mil vidas y grandes daños materiales a Cuba.
Ello llevó al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los 
dos países el 17 de diciembre de 2014, y en noviembre de 2015, en el 
contexto del diálogo bilateral iniciado un año antes, a la presentación 
por Cuba de una propuesta de acuerdo migratorio. Esta, luego de varias 
rondas de intercambio, condujo a la Declaración Conjunta signada por los
 dos gobiernos hace una semana, como parte sustancial de la cual se pone
 fin a la mencionada política y se salvarán muchas vidas de cubanos.
Estados Unidos se veía en una situación muy difícil ya para 
justificar esta práctica, que convertía a los cubanos en las únicas 
personas en el mundo que no debían someterse a sus regulaciones 
migratorias mientras rechazaba y violaba los derechos más elementales de
 los migrantes indocumentados de otras naciones. Varios gobiernos de 
América Latina habían insistido a Washington que le pusiera fin, debido 
no sólo al trato notablemente discriminatorio que prodigaba a sus 
nacionales sino a la conflictiva situación para el alojamiento, la 
manutención y la atención médica del número creciente de cubanos que 
arribaban a sus fronteras, en países que a duras penas proveen de 
servicios sociales a sus propios ciudadanos. Al restablecerse las 
relaciones se corrió la voz en la isla de que la política de pies secos, pies mojados sería derogada, lo que impulsó a decenas de miles a no perder el 
último tren.
Y el rumor era muy lógico pues sostener esa política era 
incompatible con el mantenimiento de relaciones diplomáticas. Son muchas
 de esas personas las que han quedado varadas ahora en países 
centroamericanos y en México, lo que constituye un drama humanitario. 
Sin embargo, los medios hegemónicos dedican a esta situación un espacio 
desproporcionado con respecto al que reciben los millones de africanos, 
árabes, asiáticos, mexicanos, centroamericanos y haitianos en cuadros 
humanos casi siempre peores, que huyen como resultado de la falta de 
oportunidades y las guerras creadas en sus países por las potencias 
imperialistas, incluida la cuestionada y etnocida guerra contra el narco.
Pero falta mucho para llegar a la normalización de las relaciones 
cubanoestadunidenses. Baste decir que el mismo día en que se adoptaba la
 Declaración Conjunta Cuba/Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de
 este país imponía multas de 10 mil dólares a una ONG estadunidense que 
organiza viajes a Cuba, por violar supuestamente las normas del bloqueo,
 y de casi un millón de dólares a un banco de Canadá por presuntamente 
canalizar fondos a través del sistema financiero estadunidense a una 
compañía canadiense propiedad de una empresa cubana. Desde el 
restablecimiento de relaciones, Washington ha impuesto multas a 11 
entidades estadunidenses y de otros países ascendentes a 2 mil 843 
millones 623 mil 359 dólares por violar el régimen de sanciones a Cuba.
En síntesis, para poder hablar de normalización de relaciones Estados
 Unidos debe derogar la Ley de Ajuste Cubano, única en su género, 
mediante la cual otro gobierno de Washington podría crear 
discrecionalmente graves conflictos migratorios. Y debe derogar el 
bloqueo, los fondos para planes subversivos y devolver el territorio de 
la Base Naval de Guantánamo.
Twitter:@aguerraguerra
 

 
 
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